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Caso Odebrecht: ¿Aportes a campañas configuran delito?

Jorge Barata, ex representante de la constructora en el Perú, indicó que esta financió las campañas de al menos seis políticos entre el 2006 y 2013

Jorge Barata

En su declaración ante el fiscal José Pérez Gómez, Jorge Barata habló de aportes de Odebrecht a políticos peruanos entre los años 2006 y 2013. (Foto: EFE)

EFE

Las declaraciones de Jorge Barata ante el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez, en Sao Paulo (Brasil), alcanzan a las campañas de políticos peruanos entre los años 2006 y 2013. El ex representante de Odebrecht en el Perú mencionó, según fuentes de El Comercio, a las actividades proselitistas —en distintos años— de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Susana Villarán y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski.

¿Pero configuran un delito tales aportes? Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio es clave determinar y comprobar si el dinero provenía de una fuente ilícita. “El tema que no hay que perder de perspectiva es la ilicitud de los fondos que se dieron para el financiamiento de la campaña. No se sabe a ciencia cierta si fueron fondos lícitos o fondos ilícitos”, manifestó a El Comercio.

Según explicó, la fiscalía tendría que demostrar no solo el financiamiento de las campañas, sino además que este se hacía con dinero sucio, “porque si no, no es delito de lavado de activos, sino podrá ser un delito tributario, delito de fraude de la persona jurídica, pero no un lavado de activos”.

En caso se trate de lavado de activos, el abogado experto en este tema, Óscar Solórzano, indicó a este Diario que los elementos objetivos del tipo penal se realizan en el momento en que la persona que recibió el eventual aporte no declara ese dinero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y realiza un acto para que las autoridades de justicia no puedan identificar el origen del mismo.

"Al no haber declarado ese dinero, no está en los libros, ha desaparecido. No ha sido declarado, por consiguiente, ha hecho un acto que hace más difícil la identificación y el decomiso de las autoridades de justicia", apuntó Solórzano.

El ex procurador Iván Montoya consideró también trascendental determinar el conocimiento o la posibilidad de conocimiento de los políticos involucrados respecto a la recepción de fondos de origen delictivo.

“Si proviene de un origen ilícito, hay que probar cómo las personas sabían o podían conocer este origen delictivo. Yo no digo que sea imposible de mostrar, me parece un poco difícil y me encantaría saber cómo el fiscal está preparando su estrategia que seguro lo está haciendo”, comentó.

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti sostuvo que las afirmaciones de Jorge Barata tienen que ser corroboradas con pruebas, como documentos sobre transferencias de dinero. Añadió que otro aspecto a definir es si los aportes se dieron con el compromiso de un futuro beneficio a la empresa, por ejemplo, con una licitación.

En ese sentido, coincidió con que habría que verificar la entrega del dinero determinar posteriormente si existe origen ilícito. “Primero tienen que probar que le entregaron a estas personas. Probada esta situación, va a la segunda etapa y verificar de dónde proviene esta suma de dinero y si provienen o no de un hecho delictivo. La cosa no es tan fácil, sobretodo porque son dineros entregado para las elecciones”, sentenció.

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