Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Más en Política

Caso Odebrecht: las imputaciones a directivos de las consorciadas

PJ resolverá mañana pedido de 18 meses de prisión preventiva para cinco empresarios vinculados a la Interoceánica

Mañana, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido de prisión preventiva por 18 meses que solicitó el Equipo Especial Anticorrupción del Ministerio Público en contra de cinco representantes de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA. A estos se les imputa haberse coludido con la empresa brasileña Odebrecht para pagar la coima de US$20 millones que habría solicitado el ex presidente Alejandro Toledo, a cambio de la adjudicación de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El requerimiento de prisión preventiva que interpuso ayer la fiscalía alcanza a José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente del área de infraestructura de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

Todos ellos, según indicaron fuentes judiciales, se encuentran en el país.

Según el requerimiento fiscal, existen dos puntos esenciales que ameritan la prisión preventiva: la gravedad de los hechos que se les imputan y el peligro de fuga.

—Los hechos imputados—
El Ministerio Público sindica a los empresarios como presuntos cómplices de los delitos de colusión y lavado de activos y de estar “vinculados” a una “organización criminal internacional” encabezada por Odebrecht, relataron fuentes fiscales a El Comercio.

Según documentación fiscal, los investigados “defraudaron al Estado Peruano concertándose con Alejandro Toledo Manrique, para que sus representadas, integrantes de consorcios participantes en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, sean favorecidas, a cambio del pago de una millonaria comisión ilícita”.

La tesis fiscal no solo se basa en la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú, sino también en documentación firmada por los empresarios investigados, las actas de consorcio entregadas por Odebrecht y las diversas auditorías realizadas desde marzo por el Equipo Especial Anticorrupción, liderado por el fiscal Hamilton Castro.

Para el Ministerio Público, los representantes de las consorciadas tuvieron pleno conocimiento del hecho delictivo cometido por la constructora brasileña.

Además, la fiscalía alega que los investigados acordaron ceder–al cierre de cada año de ejercicio de sus empresas, entre el 2006 al 2011– parte de sus ganancias a Odebrecht para amortiguar un porcentaje del soborno que los brasileños dieron a Toledo.

Tal como informó El Comercio, las empresas denominaron a dichos montos “riesgos adicionales”, en alusión al riesgo que tomó Odebrecht al momento de negociar la coima a cambio de ganar la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.

“Así, se tiene que Graña y Montero S.A.A. cedió la suma de US$6’219.627; JJCamet Contratistas Generales S.A. la suma de US$5’641.151; e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. la suma de US$3’223.026”, se indica en el documento fiscal al que accedió este Diario.

De esta manera, señala la fiscalía, las consorciadas habrían dejado de cobrar S/41’499.688,35 (equivalentes a US$15’083.805,24), transfiriendo ese dinero a la constructora brasileña, configurándose así el delito de lavado de activos.

—Precedentes—
Sobre el pedido de prisión preventiva, el abogado Luis Lamas Puccio consideró que existen argumentos sólidos para declararlo procedente. Recordó que por el mismo caso de la Interoceánica se dictó prisión preventiva por 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo.

“Si tomamos en consideración los precedentes, es muy posible que se decrete una prisión preventiva, porque lo han hecho con Toledo. Además, está la fortaleza de los elementos de convicción”, consideró Lamas Puccio.

Remarcó que la medida debe ser tomada como “de carácter preventivo con la finalidad de que los investigados estén sujetos a los requerimientos de la fiscalía”.

Por su parte, el ex procurador anticorrupción Christian Salas opinó que “si los funcionarios públicos están con prisión preventiva, en el caso de las empresas consorciadas con Odebrecht, a los particulares y empresarios también les corresponde esa medida”.

Además, indicó que un punto importante será demostrar que el peligro de fuga está por encima del arraigo.

“Las posibilidades económicas, el que tengan pasaporte, que viajen al extranjero o que tengan la posibilidad de adquirir inmediatamente un pasaje al extranjero serán datos de riesgo que generarán un peligro procesal en este caso”, anotó.

EN 4 PASOS
Los delitos que sustentará la fiscalía: lavado de activos y colusión

1. La configuración del delito de colusión
Según el artículo 384 del Código Penal, la colusión se configura cuando el funcionario público acuerda con los interesados de un contrato o convenio defraudar al Estado a cambio de un incentivo. De acuerdo a la imputación de la fiscalía, los empresarios peruanos conocieron y aceptaron el acuerdo ilícito pactado por Odebrecht y Jorge Barata con Alejandro Toledo.

2. Sobre el lavado de activos y la cesión de utilidades
Contemplado en el artículo 1 de la Ley 27756, el delito de lavado de activos se configura cuando se transfiere o convierte dinero o bienes para dificultar la identificación de la procedencia ilícita. En este caso, los cinco empresarios habrían tratado de ocultar la transferencia de sus ganancias ilícitas a Odebrecht, llamándolas “riesgos adicionales” para que no fueran auditadas.

3. Las coincidencias entre Jorge Barata y Marcelo Odebrecht
El aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata dijo sobre las empresas consorciadas: “El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo”. Marcelo Odebrecht dijo a los fiscales peruanos que las consorciadas con su empresa sabían lo que estaban haciendo. Su contacto especial, acotó, era Graña y Montero.

4. La situación de las consorciadas y más elementos contra Alejandro Toledo
Esta investigación a los representantes de las constructoras peruanas que formaron un consorcio con Odebrecht fortalece la tesis planteada por la fiscalía en contra del ex presidente Alejandro Toledo. Estos nuevos detalles en el caso de la Interoceánica serán agregados al cuadernillo de extradición que se enviará a Estados Unidos, donde se encuentra el ex mandatario.

Odebrecht

El pedido fiscal. (El Comercio)

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos
Ir a portada