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Caso Orellana: piden 8 años de cárcel para ex jefe de Sunarp

Fiscalía presentó acusación contra Álvaro Delgado Scheelje y otros 22 miembros de la red de Orellana. También solicitó  13 años de prisión para Ludith Orellana

Rodolfo Orellana

Fiscalía anticorrupción presentó acusación contra 23 presuntos miembros de la organización criminal que lideraba Rodolfo Orellana. (Foto: El Comercio)

Archivo El Comercio

El fiscal anticorrupción Elvis Suárez Ferrer, quien investiga a la presunta organización criminal de Rodolfo Orellana, presentó acusación fiscal contra 23 supuestos integrantes de esa red, entre ellos varios registradores y el ex jefe de la Sunarp Álvaro Delgado Sheelje,
para quien pidió ocho años de prisión.

Según el Ministerio Público, la fiscalía también solicitó 18 años de prisión contra el registrador público Pedro Guzmán y 13 años y 8 meses de cárcel para Ludith Orellana Rengifo, acusada de ser cabecilla de la organización  junto con su hermano Rodolfo Orellana.

Los hermanos Orellana y su cómplices son investigados por apoderarse ilícitamente de propiedades de terceros gracias a la complicidad de algunos funcionarios de la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp).

De acuerdo a las investigaciones del fiscal Suárez, titular del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción, y las declaraciones de dos colaboradores eficaces, se determinó cuál era la función de los malos funcionarios de la Sunarp que habrían colaborado con la red criminal entre el 2009 y 2013. 

La fiscalía sostiene que Delgado Scheelje, según el colaborador Cecorf 05-2015, se encargaba de gestionar el direccionamiento de títulos que presentaba la agrupación delictiva para que arriben a la sección del registrador público Pedro Guzmán.  

Según el colaborador  Cecorf 01-20125, Guzmán tenía el rol de inscribir los títulos que llegaban a su sección. La organización de Orellana, de acuerdo a sus planillas, pagaba entre US$500 y US$ 1.000 por los expedientes que llegaban a Guzmán. 

En enero de este año, el fiscal Suárez Ferrer incautó un terreno de más de cinco mil metros cuadrados en la Carretera Central que pertenecía al hospital Hermilio Valdizán pero que había sido ilegalmente transferida a terceros, mediante el uso de testaferros de la red Orellana.

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