Caso Piero Corvetto: PJ autoriza extraer información del celular incautado a José Samamé, exfuncionario clave de ONPE

El Poder Judicial (PJ) ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono celular incautado al José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

Samamé Blas es investigado por el Ministerio Público, junto al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios de la entidad por la presunta adecuación del proceso de licitación a favor de la citada empresa, cuyo dueño es Juan Charles Alvarado Pfuyo.

Durante la gestión de Corvetto Salinas, la empresa Galaga S.A.C fue beneficiada con la licitación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional- Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026”, por S/6’368,332.75. Esto, pese a que la misma ONPE había penalizado a la empresa hasta en tres oportunidades por incumplir contratos anteriores.

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La decisión judicial, emitida el 30 de abril, será ejecutada como parte de las pesquisas que se encuentran a cargo del fiscal Reynaldo Abia, quien unificará todos los casos vinculados a los procesos de licitación realizados por la ONPE, incluyendo la que se dio a favor de la empresa Galaga.

Como se recuerda, José Samamé Blas fue detenido en flagrancia el pasado 13 de abril del 2026, luego de darse a conocer la demora en la entrega de material electoral el domingo 12 de abril, día de las elecciones generales.

Durante su detención se incautó su teléfono celular. Sin embargo, de acuerdo al acta registrada, el investigado se negó a que el fiscal pueda visualizar el contenido de su equipo de comunicación.

“El investigado José Edilberto Samamé Blas (50), el mismo que manifestó que no autoriza la visualización y lectura de su celular, por lo que se deja constancia de lo manifestado”, se indica en la referida acta.

Horas después, Samamé Blas fue puesto en libertad, y la fiscalía mantuvo incautado su teléfono celular.

Y, ante la negativa del exfuncionario para que se acceda al registro de sus comunicaciones, la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rimac (Tercer Despacho) requirió al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

“Se indica que la medida solicitada de Levantamiento del Secreto de Comunicaciones que consiste en la lectura del software del equipo celular táctil Iphone 17 pro, color azul, con Imei XXXXX, operador con número XXXXX, con chip XXXXX, que se habría incautado entre sus pertenencias al investigado José Edilberto Samamé Blas, con la finalidad de extraer información de contenido”

Ministerio Público

El requerimiento de la fiscalía se realizó antes de que el Ministerio Público dispusiera que todas las investigaciones abiertas en distintos despachos fiscales sean derivadas al fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Corvetto Salinas y funcionarios de la ONPE habrían desplegado diversos cambios a los lineamientos de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral.

Ello, habría dado mayor control para el cambio de algunos requisitos de los Términos de Referencia (TDR) y poder de decisión sobre la licitación a las oficinas que estaban bajo la gerencia de los investigados, lo que habría conllevado a un presunto direccionamiento a favor de Galaga.

El Juzgado de Investigación Preparatoria consideró “idónea” declarar fundado el requerimiento de la fiscalía, al sostener que los hechos suscitados durante las elecciones podrían estar tificados dentro de algún tipo penal, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio sobre los hechos delictivos denuncidos, que podrían haer atentado contra el derecho de sufragio.

“Se aprecia que es una medida proporcional, pues a la fecha existe plena correspondencia y armonía entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional al secreto de sus comunicaciones del investigado, así como del propietario (por el momento el mismo imputado) de la línea telefónica indicada y la duración de la medida restrictiva solicitada (…); sin dejar de lado que resulta previsible la obtención de información valedera con la imposición de la medida solicitada por el representante del Ministerio Público.”

Juzgado de Investigación Preparatoria

Por ello, el PJ declaró el fundado el requerimiento de la fiscalía y autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono celular de José Samamé Blas.

En ese marco, autorizó la revisión y extracción de los registros de llamadas realizadas y recibidas a través de la línea telefónica, así como de cualquier red social como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok, entre otras realizadas “antes, durante y después de la intervención del investigado”.

La medida también alcanza mensajes de texto, a través del teléfono o cualquier red social (incluyendo las que hayan sido eliminadas) en las fechas de ocurridos los hechos, o antes o después de la intervención de Samamé Blas; entre otros.

Durante la audiencia de impedimento de salida del país contra los implicados en el Caso Onpe-Galaga, la abogada Patricia Mamani, defensa de Samamé Blas, señaló que este caso ya había sido trasladado al despacho del fiscal Reynaldo Abia.

Ello fue confirmado por el representante del Ministerio Público, quien señaló que la resolución judicial sería incorporada a la investigación principal a cargo de Abia Arrieta, quien ejecutará la medida.

Actualmente, Samamé Blas junto a Piero Corvetto, Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral); las funcionarias de Onpe Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga) se encuentran con impedimento de salida del país por 18 meses.