Caso Richard Swing: los vínculos con el Estado de ocho implicados en las indagaciones fiscales

De las 19 personas comprendidas en la investigación preliminar del caso Richard Swing, el escándalo que ha remecido Palacio de Gobierno, ocho siguieron vinculadas con el Estado. Entre el 2 y 5 de junio, la fiscalía incorporó a nuevos investigados en estas diligencias preliminares. Entre ellos, 14 funcionarios y exservidores públicos del Ministerio de Cultura (Mincul) que tendrían relación con las nueve órdenes de servicio que tuvo Cisneros -conocido como Richard Swing- con el sector.

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Estas 14 personas están incluidas tanto en la lista de investigados por la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, a cargo de la fiscal Janny Sánchez-Porturas, como en la relación de 16 trabajadores y exempleados mencionados en un informe de la Contraloría General de la República, emitido a fines de agosto. De ellos, cinco siguen vinculados a Cultura, confirmó este sector a El Comercio.

Además, dos exfuncionarios del Mincul actualmente prestan servicios al Estado y otra fue desvinculada el jueves 24 de setiembre de la entidad en la que laboraba.

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Por otro lado, esta semana el despacho de la fiscal Sánchez Porturas incluyó en la indagación al ex asesor de Comunicaciones Óscar Vásquez y la ex secretaria general del Mincul Patricia Aída Dávila Tasaico.

Ingresos y salidas

Jorge Apoloni Quispe, designado secretario general del Mincul por la ex ministra Patricia Balbuena entre el 16 de abril y el 21 de diciembre del 2108, de acuerdo con su Declaración Jurada de Intereses es desde el 16 de diciembre del 2019 secretario general de ProInversión.

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Esta agencia gubernamental respondió a este Diario que Apoloni sigue ejerciendo sus funciones, tanto en la secretaría general como en las oficinas que dependen de él. Una de estas áreas es la Oficina de Comunicaciones, subordinada a la Secretaría General. El pasado 17 de agosto, Apoloni fue encargado por él mismo -a través de la resolución de Secretaría General N° 076-2020- como jefe encargado del área debido a que el puesto está vacante desde esa fecha. Actualmente está vigente un concurso público para designar a un funcionario en este puesto de confianza y de plazo indeterminado.

Apoloni es indagado debido a que la Secretaría General del Mincul, como área usuaria, habría emitido el primer requerimiento de servicios de Cisneros, así como la autorización y descripción de los Términos de Referencia, detalla el documento fiscal. En comunicación con El Comercio, Jorge Apoloni dijo que no brindará ningún descargo por el momento.

El 12 de julio del 2018, Apoloni Quispe se reunió con Richard Cisneros en la sede del Mincul. Según la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, en dicho encuentro Cisneros habría manifestado sus pretensiones laborales: ocupar un cargo de confianza con una remuneración de S/15.000, tener una secretaria, oficina, viajes y grabar un video musical.

Otra ex funcionaria involucrada en la indagación es Amalia Estela Sánchez Alva, designada como directora de la Oficina de Abastecimiento del Mincul el 25 de octubre del 2019, durante la gestión del exministro Francisco Petrozzi, al encontrarse vacante el cargo. Sánchez Alva presentó su renuncia a esta designación el 5 de febrero de este año, solicitud aceptada por la exministra Sonia Guillén.

Amalia Sánchez, tras su paso por el Mincul, ingresó como jefa de la Oficina General de Administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) del 7 de febrero al 25 de mayo de este año. A partir del 28 de agosto, se desempeñó como directora ejecutiva de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de Recursos del Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con la Declaración Jurada de Intereses que presentó el 9 de setiembre. La resolución fue firmada por el jefe del SIS, Moisés Rosas Febres.

El jueves de la semana pasada, el área de prensa del SIS respondió a El Comercio que Sánchez ejerció este cargo de confianza hasta ese día. “A partir de mañana (viernes) esa área está a cargo de otra persona”, respondió el SIS. El Comercio se comunicó con la empresa Negociaciones Kevna, de la cual Sánchez es titular gerente de acuerdo con su declaración, pero al cierre de esta nota nos indicaron que no se encontraba para atender la llamada.

El pasado 17 de junio del 2020, Diana Tamashiro, ex secretaria general del Mincul que también es investigada por la fiscalía y este viernes fue detenida preliminarmente, firmó una Resolución de Secretaría General en la que se declara procedente la solicitud de defensa legal formulada por Sánchez Alva en la investigación que se le sigue por el caso Swing. Ella fue incluida en la indagación debido a que fue una de las funcionarias que suscribió la orden de servicio N°4236-2019 de Cisneros.

Una tercera implicada en esta indagación es Patricia Vásquez Montes, quien fue directora de la Oficina de Comunicaciones del Mincul del 27 de marzo del 2019 al 23 de julio del mismo año. Vásquez Montes fue designada en el cargo por la ex ministra Ulla Holmquist. Su renuncia ocurrió en la gestión de Luis Jaime Castillo.

La disposición número 4 de la fiscalía sostiene que Vásquez “habría requerido el servicio mediante el requerimiento N.° 2019-02221-SD, para el Servicio de apoyo operativo, habría efectuado los TDR, cuyo objetivo sería el Fortalecimiento del posicionamiento de la Imagen Institucional del Ministerio de Cultura”.

De acuerdo con su Declaración Jurada de Intereses, se desempeña como consultora del Ministerio del Ambiente (Minam) desde el 16 de enero. El Minam confirmó a El Comercio que Vásquez fue contratada como consultora FAG (Funcionaria de Alta Gerencia) para temas de comunicación interna en el área de Recursos Humanos. El Comercio intentó comunicarse con Vásquez Montes para recoger sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.

Indagaciones en el Mincul

Los cuatro trabajadores que siguen vinculados al Mincul, informó la cartera, fueron separados preventivamente de sus cargos. Se trata de una medida cautelar por la cual no pueden ejercer función pública alguna, pero por el principio de presunción de inocencia, seguían percibiendo sus remuneraciones.

Esta situación se da en tanto se siguen procedimientos internos, pues las investigaciones en materia penal que realiza la fiscalía continúan su propio camino. El sector Cultura informó que ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario contra Darío Nemecio Armas Caso (especialista en Planificación y Organización), Osbin Richard Vargas Estrada (asistente en Ejecución Contractual), Katiya Nathali Paredes Gonzáles (directora - coordinadora de Programación y Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento) y Juan Julio Pilares Maqui (asistente en Ejecución Contractual), incluidos en las indagaciones preliminares de la fiscalía e involucrados en el informe de la Contraloría.

En el caso Mauricio Salas Torreblanca (coordinador y programador del Gran Teatro Nacional), si bien no es posible separarlo del cargo de manera preventiva por su régimen contractual, había solicitado la suspensión de sus funciones por 30 días, en tanto se realizan las primeras acciones en el ámbito penal. La suspensión concluirá el 11 de octubre. El Mincul también inició un procedimiento disciplinario en su caso. Salas Torreblanca es una de las 10 personas que fueron detenidas preliminarmente este viernes por siete días.

Al igual que Amalia Sánchez, Armas Caso, Salas Torreblanca y Pilares Maqui también solicitaron la defensa legal al Estado y esta fue declarada procedente. El Mincul precisó que es obligación del Estado asumir, inicialmente, el costo de la defensa legal de funcionarios y servidores. Pero si al finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad, debe reembolsarse la totalidad de lo pagado por la defensa.

El ministerio precisó a este Diario que todos los trabajadores mencionados -excepto Salas Torreblanca- tienen un contrato vigente hasta el 31 de octubre de este año. “No podemos sancionar sin antes realizar las investigaciones. Existe una presunción de inocencia. Las personas tienen contrato vigente y por ello se les ha separado para que no entorpezcan las investigaciones”, respondió el Mincul. Añadieron que estos no serían renovados y, además, este viernes indicaron que Armas, Vargas, Paredes y Pilares ya no laboran para este sector aunque el contrato recién vencía a fines de mes.

El Comercio se comunicó con Katiya Paredes Gonzáles para recoger sus descargos, pero indicó que por el momento no respondería debido a que se encuentra inmersa en un proceso administrativo. Por otro lado, este Diario envió correos electrónicos a Darío Nemecio Armas Caso, Osbin Richard Vargas Estrada y Juan Julio Pilares Maqui para obtener sus descargos, pero no recibimos respuesta. El ministerio nos indicó que no podía precisar sus números de contacto por protección a sus datos personales.

De acuerdo con la disposición número 4 emitida por la fiscalía con relación a este caso, los ocho mencionados en este informe -funcionarios y ex trabajadores- son señalados por el presunto delito de colusión y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado. “Se habrían coludido o interesado indebidamente en razón a su cargo en las contrataciones mediante órdenes de servicio a favor” de Richard Cisneros.

La última disposición emitida por la Fiscalía Provincial Anticorrupción sostiene que Cisneros tuvo contactos previos con altos funcionarios del Estado para llegar a acuerdos y ser favorecido con contratos directos para proveer “servicios innecesarios” al Mincul. Se presume que el cantante se valió de la “confianza” que tuvo con el presidente Martín Vizcarra para que este lo recomiende a la exministra Balbuena. Así habría ingresado al sector con montos sobrevalorados, bajo la elaboración de un perfil hecho a medida.

El jueves, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, había declarado que “casi ningún funcionarios implicado” en esta investigación labora en el Mincul y que siguen su curso los procedimientos administrativos referidos en este informe.

Kenny Díaz: “El funcionario hasta que no medie una resolución final, en alguno de los dos fueros, va a seguir prestando servicios”

Kenny Díaz Roncal, especialista en empleo público y docente de la PUCP, explicó que los implicados están inmersos en fueros independientes -el penal y el administrativo-, y ambos persiguen responsabilidades diferentes a pesar de que se trata de un mismo hecho.

“Por el lado de la fiscalía habría un delito que ha identificado, y por el lado administrativo lo que se busca es develar la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria,” explicó Díaz.

También precisó que “hasta que no medie una resolución final en alguno de los dos fueros”, tanto en el ámbito penal como administrativo, el funcionario o servidor público “puede seguir prestando servicios” debido a la máxima de presunción de inocencia.

No obstante ello, indicó que “de acuerdo con los hechos conocidos hasta ahora, los requerimientos de servicio habrían sido realizados sin cumplir los lineamientos internos del Ministerio para la elaboración de los términos de referencia, estableciendo requisitos del perfil muy amplios, sin justificar la necesidad del servicio. Asimismo, también habría una infracción a la Ley de Contrataciones con el Estado por un fraccionamiento del servicio”.

Kenny Díaz agregó que, de comprobarse tales hechos, “en el plano administrativo disciplinario, estaríamos frente a una falta por actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros, así como una posible ilegalidad manifiesta”.

En cuanto a los plazos, Kenny Díaz explicó que el plazo de prescripción para concluir el procedimiento, según la ley de Servicio Civil, es de 1 año. "Probablemente, lo que ha hecho el órgano instructor es requerir una medida cautelar para que el trabajador no asista a su centro de labores mientras dure la investigación. La razón de ser de esta medida es evitar que se contaminen los medios de prueba. ", dijo.

Respecto a las sanciones, añadió que los funcionarios o servidores públicos pueden ser sancionados con una amonestación, suspensión o destitución, esta última trae como consecuencia la inhabilitación por cinco años. “Es probable estén atribuyendo sanción de destitución”, comentó. Finalmente, una vez tomada la decisión, los trabajadores tienen derecho de apelar la sanción.

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