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Caso Tarata: Piden S/13 millones de reparación a cúpula senderista

Procuraduría antidrogas dice que se ha probado que terroristas fueron financiados por el narcotráfico. Juicio oral está en su fase final.

Abimael Guzmán

Abimael Guzmán anunció que no hará ningún tipo de defensa y pide a su abogado que no realice su alegato final. (Foto: Archivo El Comercio)

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Jacinto Amézquita, representante de la procuraduría antidrogas, pidió ayer, en su alegato final en el juicio oral por el Caso Tarata, que el cabecilla terrorista Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso paguen S/13 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.

El juicio oral, que se inició 14 de febrero del 2017 contra los cabecillas senderistas como autores mediatos del atentado de la calle Tarata ocurrido en 1992, está a punto de finalizar. Se encuentra en la etapa de los alegatos finales y es posible que el tribunal dicte la sentencia dentro de tres semanas.

Abimael Guzmán adelantó en la audiencia de este martes que ni él ni su abogado Alfredo Crespo harán ningún tipo de defensa, es decir no harán uso del alegato final, porque considera que "sería una pérdida de tiempo". Otros seis procesados también indicaron que prescindirán del alegato final.

Guzmán y sus coprocesados también están acusados del delito de narcotráfico. El representante de la procuraduría señaló que durante el proceso se ha comprobado que el Comité Central de Sendero Luminoso autorizó al comité regional del Huallaga cobrar cupos a las firmas de narcotraficantes que actuaban en esa zona a cambio de dejarlos operar y darles protección.

La semana pasada la representante de la fiscalía hizo su requisitoria final y tras señalar que hay evidencias de la autoría mediata de la cúpula senderista en el atentado de Tarata solicitó la pena de cadena perpetua para los procesados.

Tras el alegato del procurador Amézquita, Abimael Guzmán señaló que "quieren inculparnos por narcotráfico y así enlodar a nuestra organización. No voy a hacer mi defensa material  y le pido a mi abogado que no haga mi defensa técnica porque es una pérdida de tiempo", dijo ante el tribunal.

El Colegiado A de la Sala Penal Nacional dispuso una nueva audiencia para el 28 de agosto, en la que, debido a que siete procesados han pedido a sus abogados que no realicen los alegatos finales, se designará a defensores públicos para que se hagan cargo de los alegatos, pues el derecho de defensa es irrenunciable.

Cabe anotar que cuatro de los procesados sí autorizaron a sus abogados para que hagan uso del alegato final. Ellos son Óscar Ramírez Durant, Osmán Morote, Margot Liendo y Elizabeth Cárdenas.  

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