Los casos de relevancia que han quedado pendientes en el Congreso

Tras aprobarse la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la suspensión del congresista Luis López Vilela por 120 días, entre otros acuerdos, Daniel Salaverry dio por concluida este viernes la primera legislatura del período anual de sesiones 2018-2019.

El Congreso entra en receso hasta el 7 de marzo, pero son varios los casos de relevancia que han quedado pendientes de resolverse.

Entre dictámenes, proyectos y denuncias contra legisladores que están en proceso y que no necesariamente tendrán que esperar hasta la próxima legislatura figuran algunos casos de importancia como los de los congresistas Moisés Mamani y Edwin Donayre.

-Caso Mamani-

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ha convocado para el 5 de febrero una sesión especial en la que se verá el pedido del Poder Judicial para levantar el fuero del suspendido Moisés Mamani (Fuerza Popular) para que pueda ser procesado por presuntos tocamientos indebidos contra una tripulante de Latam.

-Caso Donayre-

Ese día también se debatirá el asunto de Edwin Donayre (APP), cuyo pedido de levantamiento de su inmunidad, por parte del Poder Judicial para que se pueda ejecutar la condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva que le impusieron por el caso Gasolinazo, lleva varios meses.

Donayre fue sentenciado el 27 de agosto pero la comisión presidida por León hasta ahora no se ha pronunciado. Ello, en parte, porque aún no recibe respuesta de la Comisión de Constitución a la que se solicitó una opinión consultiva el 3 de diciembre del 2018 sobre el pedido del Poder Judicial.

Luciana León ha señalado que su grupo de trabajo ya no esperará la opinión de la comisión que preside Rosa Bartra y que de todos modos debatirá y votará el próximo miércoles el pedido del levantamiento del fuero de Donayre.

-Caso Chávarry-

Otro tema pendiente es el caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite el pasado 14 de enero cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal supremo por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y encubrimiento real.

Sin embargo, hasta la semana pasada este subgrupo de trabajo no había remitido a la Comisión Permanente los informes de calificación sobre la denuncias contra Chávarry para que esta los apruebe y fije el plazo para realizar las investigaciones.

César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicó que su grupo de trabajo seguirá sesionando durante el receso parlamentario, pues sus miembros también forman parte de la Comisión Permanente que sigue funcionando en ese periodo.   

-Interpelación a Morán- 

Tampoco se llegó a ver en el pleno del Congreso la moción de interpelación que el Apra  y Fuerza Popular presentaron el 10 de enero contra el ministro del Interior, Carlos Morán, para que explique el supuesto reglaje al ex gobernante Alan García. El Congreso debe decidir si admite el pedido para que el general PNP en retiro conteste un pliego de 20 preguntas.

-Reforma judicial-

Si bien la mayoría de los siete proyectos de reforma judicial que presentó el Ejecutivo ya ha sido debatida y aprobada en el pleno, falta examinar dos de ellos. Son los proyectos referidos a la Autoridad de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

Así lo manifestó Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, quien señaló que la Comisión Permanente podría debatirlo y aprobarlo en las próximas semanas. Indicó que su grupo de trabajo ha aprobado un dictamen en el que juntan los dos proyectos y crea una superintendencia.

-Financiamiento ilícito-

También está pendiente el pedido de reconsideración de la votación del pleno del 5 de diciembre en la que se aprobó el proyectos de ley que propone incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal. El pedido para que se vuelva a votar el proyecto fue hecho por miembros de Nuevo Perú.

-Vigilancia electrónica-

Igualmente ha quedado por verse el dictamen de la Comisión de Justicia que propone que los sentenciados mayores de 70 años con problemas de salud puedan cumplir su pena a través de vigilancia electrónica.

Para algunos, esta iniciativa buscaría beneficiar al ex mandatario Alberto Fujimori, cuyo indulto fue anulado y cumple una condena de  25 años de cárcel por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.