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Johnny Aurazo

El Ministerio Público de Trujillo presentó ayer a sus tres primeros testigos en el juicio oral del Caso Plata como cancha, por el que se procesa al líder de Alianza para el Progreso (APP) y ex candidato presidencial .

En la audiencia del proceso a César Acuña, desarrollada en la sede judicial de Natasha Alta, en Trujillo, fueron interrogadas tres representantes de comedores populares: Fausta Bautista, Roxana Polo y Santa Acosta.

Según la denuncia fiscal, César Acuña habría entregado víveres a esas personas para que votaran por él en las elecciones municipales del 2010, en las fue reelegido como alcalde de Trujillo.

Ante la jueza del proceso, las mujeres aseguraron que desconocían que APP entregaba víveres. También dijeron que no recordaban haber manifestado lo contrario durante la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público de Trujillo, en el 2013.

Además, desconocieron sus firmas en el documento que la fiscalía presentó, aun cuando admitieron que la huella digital impregnada ahí sí les correspondía.

Ante esta situación, el Ministerio Público lamentó las contradicciones de las testigos y solicitó que se ejecuten pericias grafotécnicas en las firmas de los documentos para corroborar su autenticidad. El Poder Judicial aprobó el pedido.

“He solicitado [los estudios] porque [las testigos] han negado que sean sus firmas y, en todo caso, de salir positivo, estarían incurriendo en el delito contra la fe pública y serían denunciadas”, manifestó el fiscal Díaz Velasco.

El también ex gobernador regional de La Libertad César Acuña no acudió a la audiencia.

La siguiente audiencia ha sido programada para el 11 de agosto.

Fueron citados bajo apercibimiento los alcaldes de APP Daniel Marcelo (La Esperanza), Carlos Vásquez (Víctor Larco Herrera), Roger Quispe (Moche) y Félix Campaña (Salaverry), además del ex burgomaestre de Laredo Miguel Chávez.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco años de prisión y una reparación civil de S/5.000 a favor del Estado contra César Acuña por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio y la fe pública en las modalidades de inducción al voto y falsedad genérica, respectivamente.

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