César Sahuanay: “Bolivia volvió tras sus pasos y decidió dejar eso [la elección de jueces del pueblo]” | ENTREVISTA

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— Ya entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Pena en la Corte Superior Nacional, ¿qué efectos tendrá sobre los expedientes?

Más que efectos, nos va a beneficiar por que, primero, a penas iniciamos la gestión solicitamos nosotros a la Unidad de Implementación del Código que se incluyera a nuestra corte; que no estaba incluida en el cronograma de la implementación del (Nuevo) Código Procesal Penal, porque cuando este cronograma se diseñó, la corte no existía como tal; sino lo que había era la Sala Penal Nacional y existía el sistema de corrupción de funcionarios, pero precisamente como la decisión política del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue fusionar ambos; fue a partir de allí que tenemos un diseño que es peculiar en el país.

— ¿Peculiar en qué sentido?

Es la única corte que tiene una sola especialidad, es decir la especialidad penal. Esto trae algunas ventajas estratégicas. Por ejemplo, nosotros somos la primera corte que tiene en piloto la ejecución del EJE Penal (expediente judicial electrónico), que es el tema del futuro. Si logramos que se incluyan los dos tramos (juzgamiento y apelación), en este momento ausente en este EJE Penal, podríamos decir que la Corte Superior Nacional prácticamente habría completado el 100% de una nueva manera de administrar justicia que, precisamente, la pandemia nos ha demostrado que era necesario y que estábamos en condiciones de dar. Pero no se trata de administrar justicia a través de un aplicativo, no; si no que acá se trata de dar herramientas para que los magistrados, las partes y cualquier actor procesal que pueda tener la facilidad de acceder a cualquier audiencia o cualquier proceso. Eso nos colocaría a la vanguardia o entrar al grupo de países que ya tienen implementado este sistema de administración de justicia.

— ¿Existe un plazo para llegar a concluir que se aplicó y dieron buenos resultados en la Corte Nacional para aplicarlo en otras cortes?

Desde que asumimos en mi gestión señalé que una de las metas era completar las fases que nos faltan para estar plenamente en aplicación del EJE Penal; es un reto de nuestra corte. Estamos en mejores condiciones, pienso. Si antes era Sala Penal Nacional y ahora es corte, tiene otra estructura y nosotros estábamos en reestructuración y redimensionamiento. Entonces en los tres primeros meses de mi gestión hemos logrado tener casi el 90% de esas plazas.

— ¿Y esa convocatoria hablamos de jueces o administrativos?

Me refiero al personal administrativo. El tema de los jueces, allí hay una preocupación de nuestra presidencia que está preparando un documento para hacer llegar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el sentido de que, la experiencia comparada nos demuestra que para designar magistrados en un sistema de jurisdicción especializada, siempre se busca tener a magistrados de mayor experticia, que tengan cierta antigüedad, que puedan manejar casos complejos.

— ¿Qué va a permitir el Nuevo Código Procesal aplicado al expediente?

Recordemos que nuestra corte ya conocía casos con el Código Procesal Penal y testigo es la ciudanía de todos los juicios que se pasaron televisados sobre casos sonados, eran con el Código Procesal Penal. Lo que se agregará ahora es un tipo penal que no estaba en la Ley 3077 de crimen organizado, por ejemplo, terrorismo y todos los casos de delitos contra la humanidad y derechos humanos, que ahora sí se van a tramitar con el Código Procesal Penal.

— ¿Qué tipo de jueces son los ideales para este tipo corte que ve casos complejos?

Sí, tenemos claro que debe haber un perfil especial para un juez de la Corte Superior Nacional y este perfil lo ha estado manejando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por ejemplo, es la única corte que no puede tener un magistrado supernumerario en el esquema actual. Se prioriza que aquí vengan magistrados titulares, tanto para jueces especializados como para jueces superiores. Lo que nosotros hemos incrementado es hacer convocatorias públicas. Últimamente para completar la reforma procesal penal en la Corte Superior Nacional hemos hecho una convocatoria nacional, es decir, convocando a todos los jueces especializados y superiores titulares del país; luego la corte ha hecho llegar las ternas respectivas al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por eso es que el 15 de junio el Consejo ejecutivo del Poder Judicial designó a todos los jueces superiores y especializados que se suman a este esfuerzo de la Corte superior Nacional.

— ¿Qué sucede con los casos del antiguo código procesal penal que aún tenemos, como el del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, por presunto terrorismo?

Hay juicios como el que usted menciona que ya se iniciaron con el Código Penal antiguo y tendrán que terminar con este. Se entiende que esta reforma empezaba el 15 de junio, entonces a partir de allí en adelante, todo nuevo caso tendrá que ser canalizado y adaptado al (Nuevo) Código Procesal Penal (…) Ahora, en el caso que usted menciona del congresista Bermejo, el juicio oral tendrá que terminar bajo las pautas del código procesal penal. Lo que sucede es que este tipo de juicios tienen una duración considerable dada la complejidad del caso. Hay algunos como el famoso caso de los Sánchez Paredes, que ya se va por una buena cantidad de años. Entonces, internamente, hemos hecho las invocaciones respectivas para que los procesos sean resueltos en un plazo razonable

— ¿Qué sucede, por ejemplo, con la acusación del señor Ollanta Humala? Hubo la etapa intermedia que ha durado dos años.

Como dije, el reto de los jueces está precisamente en la dirección de audiencias, hacer que estas etapas intermedias duren menos y sepamos focalizar bien el debate y contradictorio penal. Es un reto que progresivamente estamos haciendo. ¿Consideramos que se puede hacer en un menos tiempo? Sí, los jueces también estamos consientes de ello, están en continua capacitación para lograr ello. Tengo entendido más bien que los jueces del subsistema de crimen organizado vienen teniendo una carga permanente. Por ejemplo, el juez (Richard) Concepción Carhuancho está a punto de emitir su resolución para que esto pase a juicio oral y de pronto llega una prisión preventiva de otro caso; y ya sabemos los plazos cortos para resolver prisiones preventivas. La incorporación de los nuevos juzgados va a permitir que se dé un oxígeno a estos jueces de investigación preparatoria.

— ¿Cuándo saldría la resolución del juez Concepción sobre el auto de enjuiciamiento contra el señor Humala y otros?

En mi función de presidente yo no le puedo decir que resuelva en tal o cual sentido, pero sí está entre mis funciones controlar que los tiempos se cumplan y la fluidez de los procesos. Es así que hemos sostenido reuniones con la mayoría de jueces donde se detecta casos emblemáticos; y donde la ciudadanía y los entes de gestión del Poder Judicial necesitan esa información, he conversado con ellos; y me permito decir que el juez Concepción Carhuancho ha comentado que esa resolución debería estar saliendo ese mes.

— ¿Cuándo dice este mes, estamos hablando de antes del 30 de junio?

Sí, al menos es lo manifestado por el juez Concepción Carhuancho.

— ¿Y el inicio de control de acusación contra la señora Keiko Fujimori y otros?

Entiendo que hay una apelación en la Sala Penal de Apelaciones (sobre el cierre de la investigación) de la resolución que emitió el juez Víctor Zúñiga. Entiendo que cuando la sala se pronuncie, el juez estaría expedito, en posibilidad teórica, de activar la etapa intermedia del control de acusación.

— Actualmente hay cuatro jueces del subsistema de crimen organizado, ¿cuántos más han ingresado para ese nivel?

El día 15 (de junio) ya han ingresado dos jueces de investigación preparatoria. Es decir, en este momento, en crimen organizado tenemos seis jueces de investigación preparatoria. También hay un pedido más para que un Juzgado Unipersonal de Corrupción de Funcionarios sea convertido en uno más de investigación preparatoria, de ser así, tendríamos siete; y con ese universo tendríamos mayor fluidez para tramitar todos los cuellos de botella que se nos han venido presentando en la etapa intermedia precisamente.

— Pero la demora de los casos no solo obedece, a veces, a la falta de logística personal o material; también por las acciones que interponen los investigados. Por ejemplo, en el caso del juez Víctor Zúñiga ha sido recusado hasta en 14 veces por los investigados del caso Fuerza Popular ¿Eso se ha analizado?

El proceso ya está reglado. Es decir, el diseño no lo fijan los jueces; sino el legislador. El Código Procesal Penal prevé una serie de mecanismos, entonces, los jueces tienen que saber diferenciar cuándo hay uso razonable y cuándo se cae en el abuso. Lo que pasa es que allí hay criterio discrecional para descubrir cuándo se cae en el abuso o no, pero de eso solo puede pronunciarse el juez que conoce del tema. Sin embargo, hemos visto que eso efectivamente se produce, hay una cantidad de recursos que algunos podrían calificar de dilatorios, pero esta situación es potestad del juez que conoce el caso y también las salas que resuelven esos casos.

— En su momento se criticó este Nuevo Código Procesal Penal que, según me dice, hoy ofrece más beneficios que desventajas…

El Código siempre será de naturaleza neutral. En manos de un juez determinado, puede ser un código ultra draconiano, que permite imponer penas drásticas que tiene nuestro sistema procesal penal y dar sentencias ejemplares y que la ciudadanía pueda aplaudir ¿no?, pero también desde otro punto de vista da una opción al juez para que, al momento de valorar las pruebas y sin que se rompa ese principio de presunción de inocencia, se tenga la capacidad y valentía de decir que aquí no se superó este estándar y por tanto corresponde absolver. Una función difícil e incomprendida, pues el juez no está para satisfacer a las tribunas, sino para cumplir la constitución y la ley.

— Y ofrecer seguridad jurídica…

Si algo se le puede ofrecer a la ciudadanía para que confíe en esta Corte es haber demostrado que, en democracia, se pudo juzgar casos de terrorismo. En esta corte, donde precisamente se sentenciaron a Sendero Luminoso, al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru con una construcción jurídica inédita para la época. Esa construcción histórica, ese esfuerzo de los jueces de esta Corte Nacional, no se pueden soslayar; y por eso digo, así como esos jueces que usaron ciertas categorías dogmáticas, ahora tendrán que los jueces que tener esa misma imaginación para enfrentar el reto de la criminalidad organizada, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Entonces esos son los nuevos retos.

— Dentro de estos retos será también deberán fijar criterios sobre los casos de Lava Jato respecto a lavado de activos provenientes de aportes ilícitos en campaña…

Así es, y como toda corte que maneja estos casos, tendrá que fijar sus criterios, sus líneas de interpretación. Lo importante aquí es que la Constitución es sabia en ese punto; dice que los jueces administran justicia en nombre del pueblo y ¿cómo rendimos cuenta al pueblo los jueces? A través de la fundamentación de sus resoluciones. Por tanto, son sus fundamentos los que priman y los que finalmente, tanto la prensa como la ciudadanía, puede enjuiciar y hay un derecho de crítica a la resolución.

— Tomando sus palabras sobre que los jueces administran justicia en nombre del pueblo, ¿qué le parece esta propuesta para que los jueces sean elegidos por voto popular?

Es una propuesta, finalmente, la Constitución tiene sus mecanismos. Es una opción político criminal. Fíjese, le hago un comentario académico y dato histórico; en Bolivia hubo un experimento para que, de un tribunal de cinco jueces, tres sean elegidos sorteados del padrón de profesionales del país para que se integren como jueces y solo dos eran de carrera. Es decir, de ese tribunal de cinco la mayoría, como se dice, eran del pueblo; y este tipo justicia estuvo imperante en Bolivia. Yo pude ir a Bolivia pues quería ver cómo funcionaba ese sistema. Ahora, ¿Cuál fue la experiencia? el sistema boliviano ha retrocedido y ha vuelto al sistema anterior ¿Por qué? Según lo que averigüé es que, estos jueces que eran sorteados, eran reacios para aceptar esos encargos y se generaban una serie de dilaciones y tachas, que hacían que el modelo sea inviable, así que Bolivia volvió tras sus pasos y decidió dejar eso (la elección de jueces del pueblo). Ahora, también tenemos el sistema norteamericano que es exclusivamente de jurados, pero esa es otra naturaleza, otra tradición. En todo caso cualquier cambio debe ser parte de un consenso y siempre que esté dentro del marco constitucional.

— A lo largo de los años, como Sala Penal Nacional y ahora que es una Corte Superior, procesan casos contra partidos políticos y políticos, de allí que se desprende esta idea de la judicialización de la política…

La judicialización de la política es un tema que utiliza la prensa para calificar ciertos casos, pero los jueces estamos de acuerdo con esa calificación. Cuando un caso llega al poder Judicial es porque hay un estándar, ¿Quién controla esa investigación? Es el juez. Por eso descartamos aquí el tema de la judicialización de la política porque lo que hacemos es que, ante un pedido del Ministerio Público; como este último que hubo del fiscal (José Domingo) Pérez para que se revoque la comparecencia por prisión preventiva de la señora Keiko (Fujimori), el Poder Judicial está en la obligación de atender el pedido. No podemos decir que no podemos calificar mientras el mecanismo usado esté previsto en la ley, el juez está en la obligación de dar trámite y respuesta, eso se llama tutela judicial, no podemos negar la tutela judicial.

— ¿Más allá de la coyuntura que pude haber hablando de niveles políticos y sociales?

Claro, y esta corte siempre estará medio de esta coyuntura.

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