Las nuevas conversaciones del chat La Botica podrían terminar en una denuncia ante la Comisión de Ética o ante la fiscalía de la Nación. (Foto: El Comercio)
Las nuevas conversaciones del chat La Botica podrían terminar en una denuncia ante la Comisión de Ética o ante la fiscalía de la Nación. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

Las nuevas conversaciones del chat , en el que interactuaban los dirigentes y congresistas de Fuerza Popular, reveladas este lunes por El Comercio, podrían terminar en una denuncia ante la Comisión de Ética o en una investigación en la fiscalía de la Nación. 

Especialistas consultados por este Diario explicaron cuáles serían los caminos y los efectos penales –o éticos– tras la difusión de los últimos diálogos, en el que la congresista Alejandra Aramayo afirma que

–Los indicios de delitos–
​El experto penalista Luis Lamas Puccio señaló que las conversaciones difundidas en "La Botica" arrojan indicios del presunto delito de tráfico de influencias. 

"Están coordinando diferentes gestiones con la finalidad de influir en una decisión de carácter funcional, que es una de las características del delito de tráfico de influencias", precisó.

Lamas agregó que podría haber también, de conocerse el contexto completo de los chats, un presunto delito de encubrimiento. 

En esa misma línea, el abogado constitucionalista Luciano López consideró que podría existir un delito de tráfico de influencias. Aunque señaló que lo que arrojan los chats, podría configurarse en una presunta organización criminal. 

Cabe mencionar que los chats del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga por el delito de lavado de activos a Fuerza Popular y los acusa de ser una organización criminal.

–Una evaluación ética–
​La abogada penalista Romy Chang tiene una posición distinta. La experta señaló que es "muy prematuro" considerar que existiría tráfico de influencias o encubrimiento. 

"Necesitas a una persona que venda influencias para que se interceda en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo. Eso no lo sacas de los chats. De ahí sacas que quieren ayudar [a Hinostroza", consideró. 

Sin embargo, señaló que sí se podría iniciar una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria contra los congresistas que mencionan el "blindaje" al ex juez supremo. 

"El uso del término blindar ya significa que no van a evaluar de plano si existe o no responsabilidad. Eso significa no realizar las funciones congresales que la ley establece, sino acomodar a sus intereses personales o del partido", agregó Chang.

–Diligencias del fiscal de la Nación–
​El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, podría iniciar diligencias preliminares de oficio a los congresistas que participan en los chats, a partir de lo difundido, según explicó López. 

La sentencia 0013-2009-PI del Tribunal Constitucional ha aclarado que el Ministerio Público no está impedido de realizar una indagación preliminar previa al antejuicio. 

"Cumple con aclarar que la prerrogativa del antejuicio no es de recibo en esta etapa preliminar a cargo del Ministerio Público [...] tal entidad se encuentra facultada para conducir la investigación del delito", dice el fallo del órgano constitucional. 

En ese sentido, López remarca que Chávarry es el único que podría iniciar dichas investigaciones por el presunto delito de organización criminal con tráfico de influencias a los parlamentarios involucrados. 

Como se recuerda, con votos de Fuerza Popular, la Comisión Permanente rechazó acusar a Chávarry por sus presuntos vínculos con "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Desde otro ángulo, Chang resaltó que el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene los chats en su totalidad, podría derivarlo a una fiscalía de corrupción de funcionarios para que los investiguen.

"Lo que sí va a quedar en la gran nebulosa es que pasará si se encontrara actos de corrupción en los chats, que sí hay delito de todos los congresistas que participan en el chat. La pregunta es: ¿cómo se haría con su inmunidad por como está el Congreso? Es un círculo vicioso", concluyó.

–Denuncias constitucionales–
Congresistas de distintas bancadas –Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú– han adelantado que, tras conocer el contenido de los mensajes de "La Botica", amerita iniciar una denuncia constitucional contra los parlamentarios de Fuerza Popular involucrados. 

"Las denuncias constitucionales no necesariamente son por infracción a la Constitución. Pueden ser también por la comisión de delitos. Al menos el chat lo que arroja es que estos congresistas probablemente podrían pertenecer a una organización criminal. Legalmente es una opción, pero el problema es político", remarcó López. 

Las denuncias constitucionales son presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista César Segura de Fuerza Popular. En este grupo de trabajo solo hay cinco de quince congresistas que no son fujimoristas.