Cinco claves del proyecto que busca declarar en emergencia la fiscalía

El presidente Martín Vizcarra entregó este miércoles al Congreso de la República el proyecto de ley que plantea declarar en emergencia el Ministerio Público, institución que está envuelta en una nueva crisis a raíz de la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que luego fue dejada sin efecto.

A continuación cinco claves para entender la iniciativa del Poder Ejecutivo, que el Parlamento deberá analizar y debatir.

1. Suspende atribuciones de fiscal de la Nación
El proyecto de ley N°3765/ 2018-PE, entregado al Congreso por el presidente Martín Vizcarra, no solamente propone declarar en emergencia el Ministerio Público, sino también la suspensión de las funciones del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de los otros cinco integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, entre ellos Pablo Sánchez.

La iniciativa establece que la emergencia durara hasta que la Junta Nacional de Justicia, cuya creación fue aprobada mediante referéndum, resuelva la situación de los fiscales supremos suspendidos.

2. Una junta de carácter transitorio
El Poder Ejecutivo también planteó que se cree una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, que esté compuesta por los fiscales supremos adjuntos titulares que tengan más de 10 años en el cargo. Entre los requisitos para acceder a este órgano está no haber sido sancionado por faltas graves, no contar con procesos disciplinarios, penales o investigaciones abiertas en el Congreso y no tener conflictos de interés.

La Junta Transitoria de Fiscales Supremos deberá elegir dentro de los dos días hábiles siguientes a la vigencia de la norma a un fiscal de la Nación transitorio. Si existe un empate o no hay un acuerdo, el elegido será el fiscal supremo provisional que haya estado en el cargo por más de un año.

3. Reorganización y separación temporal
La Junta Transitoria de Fiscales Supremos, de acuerdo al proyecto del gobierno, tendrá la facultad para elaborar y aprobar un plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Este documento debe contener el diagnóstico de la situación organizacional, logística, carga procesal, así como del personal fiscal y administrativo de confianza a nivel nacional.

El plan debe proponer normas dirigidas a “revertir” la problemática que se pueda identificar.

La Junta, entre sus prerrogativas, podrá “acordar el apartamiento temporal” de los fiscales que estén “involucrados en conductas graves” que comprometan la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones.

4. Cuestiona a fiscales implicados en red
Dentro de la exposición de motivos del proyecto que declara en emergencia al Ministerio Público, el Poder Ejecutivo hace referencia al informe de la fiscal Sandra Castro Castillo, que sindica al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y a los fiscales supremos Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rául Rodríguez Monteza como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“La gravedad del mencionado escenario genera serias dudas y desconfianza en cuanto a la idoneidad de los altos funcionarios del Ministerio Público”, agrega el documento.

El gobierno también recordó que 27 de los 34 presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Perú han manifestado “su rechazo” contra los actos irregulares que “socavan” la imagen de la institución, “razón por la que han solicitado al fiscal de la Nación la adopción de una decisión dirigida a salvaguardar los intereses y el bienestar de este organismo”.

5. Afirman que respetan autonomía
El Poder Ejecutivo hace hincapié que su proyecto, que dispone “medidas temporales dirigidas a superar la actual situación de arbitrariedad” en el Ministerio Público, no vulnera la autonomía de esta institución.

La autonomía, de acuerdo a una cita que usa el gobierno del Tribunal Constitucional, es la “capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte y que está representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a este”.

El Poder Ejecutivo sostiene que en consonancia con el respeto a la autonomía del Ministerio Público, “se preservan las funciones y el ejercicio” de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos a través de un fiscal de la Nación transitorio y de una Junta de Fiscales Supremos transitoria.