El viernes 23, la fiscal Zoila Sueno Chirinos formalizó investigación preparatoria contra ocho ex funcionarios públicos y cinco privados, vinculados a la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en el 2017.
La tesis fiscal ha variado considerablemente desde que el caso, que era visto por el fiscal José Domingo Pérez, pasó a Sueno, en noviembre del 2018. Pérez adecuó la investigación preliminar para considerar a los funcionarios y a los representantes de Kuntur Wasi como miembros de una organización criminal.
Ahora, en cambio, la fiscal Sueno afirma que los acusados y sus presuntos cómplices solo se habrían concertado para cometer el delito de colusión agravada.
—El caso—
En febrero del 2017, el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó una adenda a la concesión de Chinchero, alegando que el contrato original –firmado en el gobierno de Ollanta Humala– no estipulaba un tope al interés de su financiamiento.
Esto, dijo Kuczynski, era lo que había ocasionado que la propuesta final de Kuntur Wasi alcanzara los US$1.120 millones, monto que duplicaba los US$530 millones acordados inicialmente. Entonces, PPK explicó en un mensaje a la nación –plumón y pizarra de por medio– que su adenda eliminaba el problema ocasionado por el interés del proyecto, pues el financista pasaría a ser el Estado.
Esto, sin embargo, encarnaba otros problemas que la fiscalía destaca al formalizar su investigación: se trasladaba el riesgo de la obra al Estado y el dinero debía ser desembolsado a medida que se culminaban las etapas de construcción. No en 15 años, con cinco de gracia, como era antes.
—Irregularidades—
La fiscalía también destaca otras irregularidades en la firma de la adenda. Por ejemplo, que la exviceministra Fiorella Molinelli y los funcionarios del MTC Yaco Rosas, Hernán Muñoz y Gianina Beoutis sostenían que el contrato original no tenía un interés máximo ni una fecha límite de cierre, cuando este argumento –también esgrimido por PPK– había sido rebatido por dos informes de Pro Inversión.
Además, la fiscalía asegura que los representantes de Kuntur Wasi “han tenido una fluida relación con los funcionarios imputados” del MTC durante la elaboración de la adenda. Incluso en una laptop que pertenecía a Kuntur Wasi se encontró un archivo creado en esta computadora que contenía un borrador de la adenda.
En comunicación con este Diario, el asistente de prensa de Fiorella Molinelli señaló que la exviceministra no declararía sobre el caso. En tanto, Juan Carlos Dammert y José Balta no respondieron las solicitudes de entrevista, y Camilo Carrillo solo dijo que colaboraría “como cualquier ciudadano con la justicia”
Aunque era titular del MTC cuando se firmó la adenda, el presidente Martín Vizcarra no podría ser procesado hasta que deje el cargo.
