César Hinostroza: el informe fiscal que lo vincula a Los Cuellos Blancos

Sobre el ex juez supremo César Hinostroza —quien fugó del Perú pese a tener impedimento de salida, según pudo confirmar El Comercio— pesan serias acusaciones a raíz de su participación en los audios que dieron cuenta de presuntos manejos irregulares en el sistema de justicia, y que involucran a jueces, fiscales y ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Una de las imputaciones más graves es ser supuesto "cabecilla 1" de la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. 

Un informe de la fiscal provincial Sandra Castro enviado el pasado 15 de agosto al fiscal supremo Pablo Sánchez amplió la presunta conformación de Los Cuellos Blancos del Puerto, incluyendo a jueces y fiscales supremos, así como a ex integrantes del CNM. Entre ellos, el propio César Hinostroza e incluso Pedro Chávarry, actual fiscal de la Nación.

De acuerdo al informe, el suspendido juez supremo César Hinostroza sería el “cabecilla 1” de la organización, mientras que detrás de él está el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien cumple prisión preventiva. Cabe recordar que este fue señalado previamente por la policía y la fiscalía como un “hombre clave”.

De acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N° FPCC108-2018, César Hinostroza "coordinaba" con Walter Ríos "arreglos tanto en los casos judiciales de la Corte del Callao y de la Corte Suprema también con los postulantes a jueces y fiscales en el CNM, todo a cambio de dinero y estos encuentros eran en los distintos restaurantes...".

—Altos funcionarios involucrados—
El informe incluye como presuntos integrantes de la red a los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza; a los jueces de la Corte Suprema César Hinostroza, Duberlí Rodríguez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado y Ángel Romero; así como a los ex miembros del CNM Orlando Velásquez, Guido Aguila, Iván Noguera, Herbert Cubas y Julio Gutiérrez Pebes.

Ellos son considerados altos funcionarios, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Operaban con palabras clave.

—Delitos imputados—
El documento infiere que la organización criminal tiene como uno de sus objetivos la comisión de delitos contra la Administración Pública “con un enfoque en el sistema de administración de justicia del país”.

En ese contexto, se le imputa la promoción, constitución o integración de una organización criminal; tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

—Objetivo de la presunta organización criminal—
Sería el de ostentar cargos de poder para “lograr copar las entidades públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

Uno de los colaboradores eficaces refiere incluso que los miembros de la banda “querían evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello, el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chavarry. Para esto organizan encuentros con periodistas acudiendo a Antonio Camayo para que realice una reunión con los periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas, y por eso que los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encontraba manejado y controlado por ellos […]”.

En otra parte del documento se señala que la investigación “ha advertido que la organización tenía como finalidad determinar la más alta autoridad tanto en el Poder Judicial y Ministerio Público en base una presunta lógica de control”.

—Hechos de relevancia jurídica y actos de investigación—
El informe de la fiscal Sandra Castro resalta la estabilidad de la organización criminal y la cercanía de sus sindicados integrantes, “ello en base a los términos ‘hermanito’ y los favores que incluso se realizaban de manera directa”. 

Se considera además como “uno de los ejes centrales” el “ejercicio de influencias” en el CNM. También se da cuenta de presuntas entregas de dinero o actos de corrupción para designaciones, como la de Armando Hinojosa Mamani como fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Asimismo, se señala que Los Cuellos Blancos del Puerto están involucrados en favorecimientos para la contratación de personal administrativo, pese al no cumplimiento de perfil requerido; en la intervención en resoluciones de casos judiciales; en la designación de autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público; y en la obtención de información desde el interior del Ministerio Público buscando controlar investigaciones.

—Más sobre el desempeño de César Hinostroza—
Cabe apuntar que los fiscales y jueces supremos, y los miembros del CNM están comprendidos, al ser altos funcionarios, en el denominado antejuicio. Por ello, según la Constitución y el Código Procesal Penal, para el inicio de un proceso penal se requiere de la previa interposición de una denuncia constitucional en el Congreso. Tras ese proceso, Hinostroza fue destituido, inhabilitado y denunciado por el Legislativo. 

Precisamente en cuanto a Hinostroza, el informe fiscal refiere que “mantuvo relaciones de carácter político o cultural”, mencionándose las que tuvo con Edwin Oviedo, empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Según el colaborador eficaz N°108-2018, el primero le entregó S/3.330 mensualmente al juez supremo para que este último le brinde su apoyo en la investigación que se le sigue por el Caso Los Wachiturros.

En tanto, el mismo colaborador manifestó que Hinostroza se reunió con el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) en la casa del empresario Antonio Camayo, hoy con prisión suspendida, el 3 o 4 de mayo pasado “con el objeto de que César Hinostroza Pariachi se reúna con Keiko Fujimori”.

“Días después Hinostroza Pariachi le informó a Antonio Camayo de que llegó a reunirse con Keiko Fujimori en el domicilio de esta última, habiendo tratado en la misma, políticas de Estado”, señala el informe. También manifiesta que el legislador Miguel Torres también solicitó una reunión con Hinostroza y esta se concretó para hablar de un proyecto de ley de lavado de activos.