La colaboración eficaz en la agenda del Congreso de la República

Solo en marzo, distintos congresistas —la mayoría de Fuerza Popular— han presentado cinco proyectos de ley que buscan modificar y hasta derogar la Ley 30737. Esta fue propuesta por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y publicada en marzo del 2018, teniendo como fin asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, permitiendo además la colaboración eficaz de personas jurídicas. 

El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, ha explicado que precisamente en base a dicha norma y su reglamento se calculó el monto de S/ 610 millones que la empresa Odebrecht deberá pagar como reparación civil al Estado peruano por las coimas pagadas para hacerse de obras públicas.

Sucede que la Ley 30737 establece que el Ministerio Público puede realizar acuerdos de colaboración eficaz con personas jurídicas, tal como ha pasado con Odebrecht. Asimismo, la norma permite, a criterio de la fiscalía, “eximir suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”.

La ley ha recibido cuestionamientos de distintos parlamentarios, quienes han presentado iniciativas para modificarla y hasta derogarla. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aclaró que su bancada no pretende derogar la Ley 30737 ni que el acuerdo con Odebrecht caiga, “porque no hay nada que nos afecte a nosotros como grupo político, en lo más mínimo. Queremos que caigan los coimeros. En nuestro caso, tenemos a Keiko Fujimori presa, pero ella no tocó un sol de los peruanos. Y supuestamente la colaboración eficaz es para identificar a los coimeros, a buena hora”.

“La posición de la bancada es que pueda hacerse algunas modificaciones a la ley, pero no derogarla. Nosotros somos los primeros interesados en que el acuerdo de colaboración eficaz para que venga información de Brasil se ejecute”, señaló a El Comercio.

De otro lado, el tema de la colaboración eficaz ha tenido otra variante en la agenda congresal a través de un proyecto presentado por el titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, y otros legisladores.

—“Candados” a colaboración eficaz”—
El 4 de marzo, Milagros Salazar (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley que “precisa las obligaciones de los colaboradores eficaces”, a cuyo acuerdo se haya llegado por intermedio de la Ley 30737. La iniciativa busca modificar la decimotercera disposición complementaria de dicha norma.

La semana pasada, Salazar sustentó su proyecto en la Comisión de Constitución. Dijo que busca “poner candados o precisar el rol, la función y el deber que tienen los colaboradores eficaces”. Este martes hará lo mismo en la Comisión de Justicia. En tanto, especialistas han señalado a El Comercio que la propuesta legislativa no tiene mayor aporte a lo establecido en la ley y el Código Procesal Penal, aunque advirtieron un posible intento de intimidación un hostilización.

— Derogación de la Ley 30737—
El 7 de marzo, Yeni Vilcatoma (con licencia en Fuerza Popular) presentó un proyecto para derogar la Ley 30737, el cual fue derivado a las comisiones de Justicia y Economía del Congreso.

A su juicio, esta norma “se ha convertido en un marco para crear un régimen de excepción arbitrario y que permite al as empresas que han cometido delitos pagar reparaciones civiles magras y con plazos excesivamente largos, además de permitírsele seguir operando en nuestro país libres de las consecuencias legales de sus actos”.

—Prohibir beneficio de contrataciones con el Estado—
El 8 de marzo, el congresista Víctor Mantilla (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley que plantea otros “candados” —según su exposición de motivos— a la Ley 30737 y modificaciones al Código Procesal Penal. Propone prohibir que se beneficie a las personas jurídicas que lleguen a un acuerdo de colaboración eficaz con la posibilidad de volver a contratar con el Estado. Con esto plantea que se respeten los impedimentos previstos en los literales m y n del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Mantilla considera que “la figura de la colaboración eficaz no está cumpliendo con los objetivos y, muy por el contrario, está siendo usada para, de cierto modo, favorecer a empresas que han cometido actos de corrupción”.

Propone también, entre otros asuntos, que la reparación civil “debe ser siempre proporcional al daño ocasionado” y que las personas que se acojan a los alcances de la colaboración eficaz no deben tener proceso judicial que implique pago de indemnizaciones ni arbitral en contra del Estado.

—Modificación de disposición de la Ley 30737—
El proyecto de Yesenia Ponce —congresista no agrupada que antes estuvo en Fuerza Popular— fue presentado el 14 de marzo y busca modificar la decimotercera disposición complementaria de la Ley 30737, referida a la colaboración eficaz de personas jurídicas.

Para Ponce, la ley “permite la salida perfecta para disminuir la reparación civil y la responsabilidad penal de los procesos en giro”, “facilita que las empresas corruptas sigan ganando dinero del Estado”, es “condescendiente” y “permite que trate con guantes de seda a una empresa corrupta”.

Por ello, propone eliminar la posibilidad de eximir a la persona jurídica que llegue a un acuerdo de colaboración eficaz de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; también que se pueda eximirlas de la aplicación de la propia ley; que la reparación civil sea “proporcional al daño causado al Estado” y que “de ninguna manera podrá constituir un perjuicio al Estado”; que para que se vuelva a contratar con el Estado no existan demandas civiles ni procesos arbitrales contra el Perú pendientes al momento de iniciar el proceso de colaboración eficaz; entre otros.

—Derogación de disposición de la Ley 30737—
Karina Beteta (Fuerza Popular) presentó el 22 de marzo un proyecto para derogar la decimotercera disposición complementaria de dicha ley, que establece incentivos a la colaboración eficaz de personas o entes jurídicos con el Ministerio Público, entre los que se contempla eximir, suspender o reducir a los mencionados de las consecuencias jurídicas derivadas del delito, sin que esto implique renuncia a la reparación civil que corresponda.

Mantener vigente dicha disposición, dice Beteta, “implicaría un acto lesivo en contra del país, pues a la luz de las últimas revelaciones del Caso Lava Jato, este instrumento normativo se ha convertido en un aliado de la impunidad”. El proyecto fue derivado a las comisiones de Economía y Justicia.

—Colaboración eficaz en el Congreso—
La iniciativa presentada el 5 de abril propone modificar el Reglamento del Congreso para incluir la colaboración eficaz para altos funcionarios en las pesquisas que realicen comisiones investigadoras y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De ser aceptada su solicitud, el colaborador recibiría una sanción política menor si es denunciado constitucionalmente ante la subcomisión.

La iniciativa lleva las firmas del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los legisladores Jorge del Castillo (Apra), Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio), Edmundo del Águila (Acción Popular) y Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso).

Salaverry ha defendido la iniciativa argumentando que lo que se busca es que las investigaciones de Congreso no se archiven por falta de pruebas. Especialistas consultados por este Diario coinciden en que la propuesta afecta la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.