Comisión de Constitución analiza financiamiento ilegal a partidos

Los parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución lograron consenso en cuanto a tipificar como delito la donación de dinero ilegal a los partidos políticos, sin una previa bancarización y topes que serán establecidos en la ley como parte de la reforma electoral.

Durante la sesión de esta mañana, el grupo de trabajo evaluó el proyecto de Ley de Marisol Espinoza que plantea modificar la Ley de Organizaciones Políticas para establecer sanciones a los partidos que reciben dinero ilícito.

Asimismo con esta iniciativa se establece que aquel que recibe o se beneficie de aportes y/o ingresos de cualquier tipo de financiamiento proveniente de fuente prohibida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cinco.

El vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, felicitó la iniciativa. Sin embargo, tuvo algunas diferencias respecto a la fuente de ingresos.

Señaló que todo lo que recibe un partido u organización política debería ser declarado y preguntó cómo se puede saber si un aporte ha sido de buena fe o proviene de fuente prohibida.

Propuso, en tal sentido, que se deben fijar plazos para que los partidos informen sobre sus ingresos y gastos en campaña.

El congresista Yonhy Lescano dijo, por su parte, que los insumos para el debate sobre la ley de partidos deberían ser los que dejó el grupo de trabajo encargado de proponer un Código Electoral, que presidió la congresista Patricia Donayre.

Precisó que se debe empezar aprobando la Ley Electoral para así evitar que las actividades ilícitas contribuyan a la elección de autoridades.

Similar postura tuvo la legisladora Marisa Glave quien amplió la propuesta de Lescado y sustentó su proyecto de ley— similar al de Espinoza— que busca “fortalecer las organizaciones políticas y prevenir la infiltración de dinero ilícito en dichas organizaciones” modificando varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas.

Este proyecto también incorpora dos artículos al Código Penal vinculados al financiamiento ilegal de partidos políticos.

Asimismo, Glave propuso prohibir la contratación privada de publicidad, y que, para ello cambie cómo se ha venido utilizando la franja electoral. La legisladora dijo que “el gasto límite de las campañas no debe ser mayor a 400 UIT (un millón 600 mil soles)”.

Al respecto, la congresista Lourdes Alcorta opinó que tienen que bancarizarse “hasta el último centavo los aportes financieros para hacerlos transparentes y así evitar que partidos políticos sean usados como “vientres de alquiler” de otras organizaciones.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Úrsula Letona consideró que “hay bastante consenso” en ahondar aún más en el debate de esta materia y remarcó que se debe de mantener extremo cuidado con la tipificación de este delito.

“Yo lo que creo que podemos percibir es que hay bastante consenso en abrir el debate, también un poco propiciado por el Ejecutivo por el anuncio de un proyecto que involucra la calificación del tipo ilegal financiamiento ilegal”, señaló durante la sesión.

“Ahí hay que hacer extremadamente cuidadosos con la tipificación”, remarcó.