(Foto: Congreso)
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Delsy Loyola Jorge

La comenzará a sesionar en los próximos días, tras la instalación del periodo legislativo 2017-2018, y tiene alrededor de 17 casos pendientes de ser vistos, según informó su presidenta, la parlamentaria  (Peruanos por el Kambio).

“Tenemos aproximadamente 17 casos entre denuncias nuevas e indagaciones preliminares ya con informes de calificación que tenemos que ver. Considero que tenemos que verlo cuanto antes”, dijo a El Comercio.

La legisladora afirmó que, de los casos pendientes, se intentará priorizar las denuncias contra los congresistas Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) y Héctor Becerril y Francisco Villavicencio (Fuerza Popular).

A los cuatro parlamentarios se les abrió un proceso de indagación preliminar tras verse implicados en los audios que revelan presuntos actos irregulares de autoridades del sistema judicial.

“Hay que ser prudentes con todos y responsables de cada caso y darles su debido proceso. Efectivamente, sí hay prioridad por este escándalo, hay una gravedad de los hechos en estos audios y hay que tocarlos”, manifestó.

Sumado a ello, entre los casos nuevos, se encuentra la denuncia de una ciudadana contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, por haber realizado “gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante la Municipalidad de Los Olivos”.

Janet Sánchez indicó que también existen un aproximado de 10 casos, de los cuales “ya están prácticamente terminados los informes”, que podrían ponerse a votación en la próxima sesión de la comisión para ser enviados al pleno. Dentro de ellos, resaltó el del congresista Carlos Domínguez, María Elena Foronda, Roy Ventura, entre otros.

Finalmente, recalcó que el grupo ya envió a la Mesa Directiva del Congreso tres informes para que sean vistos por el pleno: el del congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), de Maritza García (no agrupada) y de Yesenia Ponce (Fuerza Popular). Todos ellos con sanción correspondiente.

Como se recuerda, el legislador Carlos Bruce seguía un proceso por haber solicitado resguardo policial para su restaurante en la Costa Verde. En el caso de Maritza García, la indagación fue por haber consignado en su hoja de vida estudios de una maestría que no realizó.