La semana pasada, la Fiscalía de la Nación decidió “reexaminar” la situación legal del presidente Vizcarra por su participación en la concesión del proyecto al consorcio Kuntur Wasi S.A. (Foto: Anthony Niño de Guzman)
La semana pasada, la Fiscalía de la Nación decidió “reexaminar” la situación legal del presidente Vizcarra por su participación en la concesión del proyecto al consorcio Kuntur Wasi S.A. (Foto: Anthony Niño de Guzman)
Martín Calderón

La Comisión de Fiscalización acordó ayer solicitar al pleno del facultades para investigar por 120 días presuntas irregularidades cometidas por el consorcio en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

También decidió pedir una ampliación de 90 días al pleno para continuar con la investigación de la concesión del proyecto del aeropuerto de (Cusco).

Ambos casos involucran al mandatario por gestiones que realizó antes de llegar a Palacio.

El presidente de Fiscalización, Segundo Tapia (Fuerza Popular), detalló que ha presentado una moción de orden del día para que el pleno autorice la investigación de Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.
Entre el 2006 y el 2008, Conirsa contrató como proveedora a la empresa CyM Vizcarra, que le perteneció al jefe del Estado y a su hermano, César Vizcarra.

Fiscalización también decidió citar por tercera vez a César Vizcarra, debido a que no se presentó a la sesión de ayer. El grupo parlamentario quiere interrogarlo por los contratos de CyM Vizcarra con Conirsa por el alquiler de maquinarias para la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.

El hermano del presidente envió una carta a la comisión ayer, en la que cuestionó el tenor de la citación. Dijo que el grupo le ha solicitado que presente documentación que no guardaría relación con los hechos materia de investigación. “[Esto] torna en ilegal el requerimiento de información”, señaló.

Mauricio Mulder (Apra) planteó que César Vizcarra sea citado de grado o fuerza si no acude la próxima semana y si el pleno acepta darle a Fiscalización la facultad investigadora. El grupo de trabajo también aprobó por mayoría convocar a 22 personas involucradas en el caso, mientras espera la respuesta del pleno.

En la lista se encuentra el jefe de Estado en su calidad de ex gerente de CyM Vizcarra; Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y otros exfuncionarios y empresarios.

Adenda en la mira
Segundo Tapia informó que ha solicitado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que añada en la agenda del pleno el debate del informe preliminar sobre la indagación de la concesión del aeropuerto de Chinchero.

El informe preliminar está listo desde el 23 de agosto del 2017, cuando Fiscalización era presidida por Rolando Reátegui.

La comisión solicitó un plazo adicional de 90 días para continuar con las investigaciones, que se realizarían en paralelo a las de la fiscalía.
Tapia precisó que el grupo indagará sobre la adenda al contrato a favor de Kuntur Wasi. Por este punto, la fiscal Zoila Sueno solicitó al Poder Judicial que dicte comparecencia restringida a la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y a otros 12 investigados.

La comisión tiene planeado citar a la fiscal Sueno, a Molinelli y al presidente Vizcarra, entre otros.

Respuesta presidencial
La Comisión de Fiscalización también aprobó investigar cómo se elaboró el mensaje del 28 de julio (ver página 5). En la noche, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre las últimas acciones del Congreso.

“Esta actitud de intimidación de todos estos actos del Congreso pretenden dañar al Ejecutivo, pero no lo logran, a quien están dañando es al Perú”, declaró a la prensa. Agregó que por esa razón la población dice “basta” y se ha convocado a una movilización “plenamente justificada”.

El mandatario señaló que con estas actitudes el Congreso “no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones”.
Remarcó que en la actual legislatura se sigue buscando la confrontación y “no se ha aprobado ninguna ley”. Vizcarra pidió a los congresistas escuchar a la población y hacer un análisis objetivo de la propuesta del Ejecutivo.

El gobernante dijo que la situación de entrampamiento es tal que “se amerita esta decisión que hemos pedido” al Poder Legislativo.

La periodista y analista política Mabel Huertas señaló que los casos Conirsa y Chinchero ameritan investigarse, aunque “obviamente habrá intención política [por parte del Congreso]”.

En tanto, el analista político Jeffrey Radzinsky comentó que evidentemente hay una respuesta política y confrontacional, nuevamente, del Legislativo al Ejecutivo. Agregó que el caso de Chinchero es un tema que amerita una investigación, pero a cargo de la fiscalía.