Comisión Lava Jato tendrá 60 días más para presentar informe final

El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría otorgar un plazo adicional de 60 días calendario a la Comisión Lava Jato a fin de que concluya su análisis y redacción del informe final que tiene previsto presentar.

La solicitud —aprobada por  71 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones— fue sustentada por Rosa Bartra, titular del grupo investigador. Para el pedido, este presentó un segundo informe preliminar.

Bartra recordó que existen más de 11 mil reportes de entidades financieras pendientes de recibir. Esto, acotó más adelante, “exclusivamente para procesar información que está pendiente, que ya no depende de la comisión, que está sujeto a plazos de las entidades a las cuales se les ha solicitado”.

“Nos enfrentamos a un tipo de delincuencia que se ha organizado por más de una década y que ha encontrado métodos sofisticados no solo de protección, sino una red inmensa de contactos que se pondría en gravísimo riesgo si no respetamos la reserva”, dijo Bartra ante cuestionamientos de parlamentarios de distintas bancadas respecto al segundo informe preliminar.

Como se recuerda, la constitución de la comisión investigadora se aprobó el 10 de noviembre de 2016, y esta inició sus labores el 4 de enero del 2017.

Asimismo, el 28 de junio del 2017, el pleno aprobó ampliar el plazo de investigación por 360 días hábiles más, previa presentación de un primer informe preliminar.

Entre las tareas pendientes, la Comisión Lava Jato incluye la necesidad de completar la información requerida a entidades públicas y privadas, de culminar el análisis de la información administrativa, bancaria y financiera, tributaria, registral y notarial, movimientos migratorios, entre otros.

—Datos—
El segundo informe preliminar de la Comisión Lava Jato da cuenta de que se priorizó la investigación de 11 proyectos relacionados a empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht.

Asimismo, señala que la comisión realizó 115 sesiones y ha tomado la declaración de 147 personas, la mayoría de ellas vinculadas a los hechos irregulares investigados.

“Las empresas brasileñas y sus consorciadas lograron una participación ventajosa en los procesos de adjudicación de proyectos, obras y concesiones debido a acuerdos colusorios con autoridades, funcionarios y servidores del Estado de los tres niveles de gobierno”, señala parte de la hipótesis general de la comisión.