El grupo de la Comisión Permanente encargado de revisar el Decreto de Urgencia 002-2019 del Ejecutivo, referido a la realización de las elecciones parlamentarias de enero del 2020, aprobó por unanimidad su informe final.
Gilbert Violeta, coordinador del grupo de trabajo, detalló que el decreto goza de legalidad, está dentro del marco constitucional y señaló que se han hecho observaciones sobre la autorización del Poder Ejecutivo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República respecto al desarrollo del próximo proceso electoral.
“Hay un par de objeciones que se han planteado, el hecho de que se autorice al JNE a que haga su trabajo, cosa que resulta innecesaria porque el JNE tiene mandato constitucional, prerrogativas constitucionales, no necesita que el Ejecutivo le autorice a que haga su trabajo […] De forma similar a la Contraloría General”, acotó.
La sesión fue liderada por el delegado Gilbert Violeta y contó con la participación de Gino Costa y Mario Mantilla. Estuvieron ausentes Indira Huilca y Rosa Bartra.
“Todos tenemos posiciones particulares y lecturas jurídicas que van más allá de lo que dice el informe, pero también saludo el hecho de que finalmente hayamos logrado ceder posiciones y más allá de la reserva -que explicaremos cuando haya el debate en la Comisión Permanente- hoy podemos decir que tenemos un informe que se podría alcanzar por consenso”, dijo Violeta previo a la votación.
Tras la aprobación, agregó que el documento será enviado hoy mismo a la Comisión Permanente a fin de que se revise y debata en las próximas sesiones.
“Hemos hecho un esfuerzo y agradezco a los colegas de que hayamos podido llegar a una unanimidad en el informe que finalmente se presentó. Hubo varias versiones en el camino, pero lo importante es que hubo un acuerdo y ahora estamos remitiendo esto a la Comisión Permanente”, sostuvo al Congreso TV.
La Comisión Permanente sesionará este miércoles 20 de noviembre a las 10 a.m. para seguir con su labor de evaluar y elaborar informes sobre los decretos de urgencia que está emitiendo el Poder Ejecutivo tras la disolución del Congreso.
