Después de que en el pleno se votara la iniciativa sobre el financiamiento de los partidos políticos, congresistas y voceros de distintas bancadas saludaron los cambios realizados. (Foto: Congreso)
Después de que en el pleno se votara la iniciativa sobre el financiamiento de los partidos políticos, congresistas y voceros de distintas bancadas saludaron los cambios realizados. (Foto: Congreso)
Giovanna Castañeda Palomino

Con amplia mayoría, y entre aplausos, el pleno del aprobó ayer la segunda reforma constitucional planteada por el Ejecutivo.

Hubo 92 congresistas que votaron a favor de los cambios al artículo 35 de la Carta Magna, sobre el financiamiento de los . En contra del dictamen solo hubo diez parlamentarios: nueve del Frente Amplio y el no agrupado Roberto Vieira. Yonhy Lescano (Acción Popular) se abstuvo.

La aprobación se da a una semana de que concluya el plazo acordado para que la reforma pueda ser sometida al referéndum que plantea el gobierno.

El texto final incluyó líneas que en la víspera habían sido descartadas por la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular). La contramarcha parlamentaria fue, precisamente, sobre la bancarización de los aportes privados.

El proyecto que presentó el Ejecutivo señalaba que el financiamiento privado debía realizarse a través del sistema financiero. El martes, los congresistas de la Comisión de Constitución, por mayoría, decidieron retirar esa especificación. Sin embargo, ayer la incluyeron nuevamente debido a las observaciones que realizaron casi todas las bancadas durante el extenso debate.

Ahora los aportes de origen privado serán bancarizados “con las excepciones, topes y restricciones correspondientes”, indica el texto sustitutorio aprobado.

Asimismo, fueron comprendidos párrafos que el gobierno no había considerado en su proyecto inicial, como las sanciones administrativas, civiles y penales respecto al financiamiento ilegal de las organizaciones políticas.

Entre los cambios principales de esta reforma, que deberá ser consultada a la ciudadanía, también está que los partidos podrán recibir financiamiento público y privado. En el dictamen previo se había aprobado el financiamiento privado “no corporativo”. Estas dos últimas palabras fueron retiradas.

La reforma aprobada no consideró la rendición de cuentas durante la campaña electoral. Tampoco que los aportes no declarados se presuman de fuente prohibida. Las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio y el congresista no agrupado Gino Costa insistieron en esos dos puntos, aunque sin éxito.

“Vamos a seguir trabajando”, dijo ayer Bartra al finalizar la sesión, junto a los voceros de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y el Apra.

La Comisión de Constitución sesionará hoy para continuar con el debate sobre el retorno a la bicameralidad. De aprobarse un dictamen, sería la tercera reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo. El grupo también iniciará la discusión sobre la no reelección inmediata de legisladores.

—El comunicado—
El pleno de ayer fue convocado a las 9 a.m. A primera hora, en la agenda no se incluyó el dictamen de la reforma constitucional sobre el financiamiento que, finalmente, fue aprobado.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aclaró al inicio de la sesión que la Mesa Directiva no había sido notificada sobre el dictamen. Cumplido el trámite, se acordó incluirlo en el pleno.

En el interín, no obstante, ocurrió un hecho que generó sospechas sobre una supuesta división en Fuerza Popular.

Minutos antes de que Salaverry anunciara que iniciaría el debate sobre el financiamiento, se hizo público un documento suscrito por 26 congresistas fujimoristas –la bancada tiene 62 miembros– en el que expresaban su “plena disposición” a aprobar las reformas política y del sistema de justicia antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces la semana pasada, cuando se realizó el debate de la cuestión de confianza.

Entre las firmas reconocibles en el pronunciamiento estaban las de Mario Mantilla, Karla Schaefer, Carlos Tubino y Tamar Arimborgo. Las ausencias destacadas eran las de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, voceras de FP, y de Bartra.

Consultada por este Diario, Schaefer negó que exista una división en su bancada por las reformas. Afirmó que cuando el comunicado se hizo público, aún no había llegado a todos los escaños.

En esa misma línea respondió Karina Beteta, cuya firma tampoco aparece en el documento.

Bartra dijo que no tenía “nada que aclarar” sobre el comunicado.

Anoche, Letona aseguró que no existe un quiebre y afirmó que “hoy [ayer] se terminará de firmar”.

—Modificaciones—
Rendición de cuentas.
La actual ley de partidos políticos establece que los reportes de ingresos y gastos se hacen al final de la campaña. En la reforma constitucional no ha habido un cambio al respecto.

Fuente privada.
La norma que fue aprobada en noviembre indica que las personas jurídicas nacionales y extranjeras son fuentes prohibidas de financiamiento. El dictamen debatido ayer aprueba el financiamiento privado.

Sanciones.
La ley tampoco indicaba sanciones penales ni civiles. En la reforma sí han sido incluidas.

—“Es un cambio, un avance”—
Samuel Rotta, Proética.

¿Qué es lo más positivo de lo aprobado?
Es positivo que hayan mantenido que los aportes se realicen a través del sistema financiero, como lo propuso el Ejecutivo. Es importante que hayan reculado en este punto. Eso y las sanciones penales son los cambios más considerables. Sí es un cambio, es un avance.

¿Cuáles son los principales vacíos?
El problema está en que no han incluido la rendición de cuentas durante la campaña electoral. Y tiene que ver con la capacidad de la ONPE para hacer las auditorías. Es el gran problema de fondo. Sería óptimo que pueda revisarse en una posterior ley.

Ahora están permitidos aportes privados.
Prohibir que las empresas participen es un sinsentido. Es darle la espalda a la realidad. Lo que debemos hacer es incentivar la obligación para que reconozcan sus aportes y que sean transparentes de empresas responsables.