Congreso: Estos son los proyectos con los que abre su agenda mientras el pedido de facultades del Gobierno sigue en compás de espera

A pocos días de haberse instalado el nuevo Congreso bicameral, la Cámara de Diputados empezó a recibir sus primeras iniciativas legislativas. Hasta el momento, se han presentado seis propuestas, todas ellas impulsadas por representantes de la cámara baja. En el caso del Ejecutivo, este aún continúa afinando el anunciado proyecto de ley con el que solicitará facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tal como lo anunció la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

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Las primeras iniciativas

La agenda del nuevo Congreso fue abierta con iniciativas esencialmente provenientes de Ahora Nación, a las que se suma una del Partido Cívico Obras. Estas abarcan desde modificaciones al funcionamiento interno del Legislativo y reformas en materia penal y electoral hasta cambios en la Ley Universitaria [ver gráfica].

La primera fue presentada el 4 de agosto por la diputada Indira Huilca (Ahora Nación). Se trata de una propuesta de resolución legislativa para, según se indica, modificar los reglamentos del Congreso a fin de “garantizar el trabajo presencial”.

Otras dos iniciativas fueron presentadas por los diputados César Holguín Loaiza y Marleny Arminta Valencia, de la misma agrupación. Sus proyectos de ley plantean derogar las denominadas “leyes procrimen” y ampliar la vigencia del carné universitario por dos años, respectivamente.

Al día siguiente se presentaron otras tres iniciativas. Dos de ellas, también impulsadas por Ahora Nación, plantean derogar la Ley 32735, que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria en casos de delitos de función, y modificar el Código Penal para tipificar y sancionar la violencia sexual digital mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

La tercera proviene del diputado Víctor Piñán Mamani, del Partido Cívico Obras, y plantea modificar la normativa electoral “para garantizar la efectividad” de la prohibición de la reelección de alcaldes. La iniciativa fue presentada luego de conocerse lo ocurrido con Rafael López Aliaga y Renovación.

La presentación de estas iniciativas ocurre mientras el Congreso bicameral aún continúa en proceso de estructuración. El último miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias, tanto las legislativas —como Constitución, Economía y Justicia— como las no legislativas, entre ellas Ética Parlamentaria y Acusaciones Constitucionales. Tras ello, aún debe aprobarse la conformación de sus integrantes para luego instalar cada una de ellas e iniciar el trabajo legislativo.

Las idas y vueltas del pedido de facultades

En paralelo, el anunciado proyecto de ley mediante el cual el nuevo gobierno solicitará al Congreso facultades para legislar en diversas materias continúa en compás de espera. La solicitud fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje a la Nación del 28 de julio e incluirá materias como seguridad ciudadana, reactivación económica y el fenómeno El Niño, entre otras. Sin embargo, más de una semana después, el proyecto aún no ha sido remitido al Legislativo.

El tema fue abordado inicialmente el 29 de julio durante la sesión del Consejo de Ministros. No obstante, no llegó a ser aprobado y quedó pendiente de revisión. Posteriormente, el borrador de la solicitud trascendió y desencadenó una serie de cuestionamientos. Desde entonces, el Ejecutivo ha intentado explicar la demora, pero lo concreto es que el proyecto continúa pendiente.

También el último miércoles por la noche se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros. Según los registros de visitas, los ministros permanecieron en Palacio de Gobierno desde minutos antes de las 7:00 p.m. —hora prevista para el inicio de la sesión, de acuerdo con la agenda oficial— hasta pasadas las 11:00 p.m. No obstante, el pedido de facultades legislativas no llegó a ser abordado, según confirmaron a El Comercio fuentes del Ejecutivo.

De acuerdo con las fuentes, el Gobierno abrió conversaciones con diversas bancadas con el objetivo de llegar al Congreso con un proyecto previamente consensuado. En ese proceso, algunos grupos habrían solicitado que la iniciativa precise con mayor detalle el alcance de las materias sobre las que el Ejecutivo pretende legislar, lo que habría ralentizado el tema.

Las mismas fuentes sostuvieron, sin embargo, que el desarrollo específico de las medidas corresponde a los decretos legislativos que eventualmente se emitan. Y que ello no constituye una “carta blanca”, pues el Congreso conserva la facultad de modificarlos o derogarlos si considera que exceden la delegación otorgada.

“A más tardar la próxima semana se estaría presentando al Congreso. Ni bien se tenga el texto afinado, se pondrá en agenda del Consejo de Ministros para su aprobación y luego será remitido al Parlamento”, señalaron las fuentes.

Este Diario intentó recoger la versión de la Presidencia del Consejo de Ministros para este informe; sin embargo, no obtuvo respuesta.

El camino que se podría seguir

Más allá del contenido de las facultades, la discusión representa una de las primeras pruebas de la relación entre el nuevo Ejecutivo y el Congreso recién instalados.

En diálogo con El Comercio, Martín Cabrera, consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios y director de IPOC Consultores, explicó que el pedido de delegación de facultades legislativas no seguirá un procedimiento especial por el solo hecho de provenir del Ejecutivo. Una vez presentado, precisó, será derivado a una comisión, debatido en la Cámara de Diputados y posteriormente revisado por el Senado, como cualquier otro proyecto de ley.

No obstante, advirtió que los nuevos reglamentos del Congreso bicameral incorporan la posibilidad de que la iniciativa sea presentada con carácter de urgencia, mecanismo que fija plazos específicos para su dictamen y debate en ambas cámaras.

Según Cabrera, esa modificación también cambia de alguna manera la lógica de la negociación política. Explicó que, una vez que el Ejecutivo presente el proyecto y active el procedimiento de urgencia, el margen para introducir cambios o construir consensos durante el trámite parlamentario será mucho más reducido. En ese contexto, consideró que la cautela con la que el Gobierno viene manejando el pedido respondería a la necesidad de arribar al Congreso con un texto previamente consensuado.

“Lo que estamos viendo es una actitud bastante precavida, de bastante control de daños”, afirmó. A su juicio, el Ejecutivo estaría procurando asegurar el mayor respaldo político posible antes de poner en marcha un procedimiento que, por sus plazos acotados, deja menos espacio para negociaciones posteriores.

El impacto político

Para el analista político Enrique Castillo, el Ejecutivo ha cometido errores tanto en la estrategia como en el manejo político del pedido de facultades legislativas. A su juicio, el Gobierno habría intentado presentar inicialmente un paquete demasiado amplio de materias para legislar y, tras la filtración del borrador, se vio obligado a retroceder.

“Creo que el Ejecutivo ha fallado en fondo y en forma en este tema de la delegación de facultades”, sostuvo. En su opinión, la solicitud debió concentrarse únicamente en asuntos prioritarios, como la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño.

Asimismo, advirtió que las demoras han hecho que el Ejecutivo pierda la iniciativa política frente al Congreso. “Cuando el gobierno pierde la iniciativa, queda a merced de una oposición”, afirmó, al señalar que esa situación ha dado margen para que el Parlamento y otros sectores cuestionen anticipadamente el contenido de la propuesta.

Castillo también cuestionó que, hasta ahora, el Ejecutivo no haya logrado explicar ni convencer a la ciudadanía sobre el contenido y los objetivos del pedido de facultades, y que su respuesta se haya limitado a negar o rectificar las versiones difundidas tras la filtración del borrador. “Hasta ahora lo único que han hecho es negar y retroceder; y eso no es bueno”, concluyó.

Por su parte, el analista político José Carlos Requena consideró que la demora en la presentación del pedido de delegación de facultades obedecería, en buena medida, al impacto que tuvo la filtración del borrador elaborado por el Ejecutivo.

“Yo creo que la filtración del documento (...) ha sido algo que el Ejecutivo no veía venir y, en consecuencia, ha sido algo fuera de su control, los ha terminado descolocando”, sostuvo. A su juicio, el Gobierno todavía se encuentra “terminando de procesar el golpe” y preparando una versión actualizada de la propuesta.

Para Requena, el principal costo político de la demora no radica necesariamente en el pedido de facultades en sí, sino en la falta de una definición. Si bien estimó que este es un asunto que interesa principalmente a la clase política y a quienes siguen de cerca la coyuntura, sostuvo que el Ejecutivo debería comunicar con claridad si mantiene la decisión de presentar la iniciativa o si ha optado por modificar su estrategia. “Lo que debería transmitirse es una determinación final si se va a presentar o no”, señaló.

El analista advirtió que prolongar el silencio puede terminar debilitando la posición del Gobierno. “Este silencio sí obliga a que el Ejecutivo tenga una reacción o un mensaje relativamente rápido para zanjar este tema”, afirmó. A su juicio, “en la indefinición es donde se generan las dudas, se genera un cierto desorden, se genera un vacío que es llenado por otros temas o por otras iniciativas”, lo que, añadió, “le puede terminar costando al Ejecutivo”.