“Congreso, colabórame”, una crónica de Fernando Vivas

Cuando César Villanueva terminó su discurso y arrancó la retahíla de intervenciones de los congresistas, se dibujó el nuevo mapa del Parlamento. El fujimorismo dejó de ser la mayoría que ataranta y proclamó su afán de oposición constructiva. Dio a entender, en varios tonos, que el obstruccionismo del pasado reciente quedaba enterrado junto a PPK.

Ante el tácito respaldo naranja al Gabinete Villanueva, las dos izquierdas, Nuevo Perú (NP) y el Frente Amplio (FA), se sintieron libres de votar en contra de la investidura sin temor a que los culpen de arruinar la gobernabilidad (el FA, próximo al primer ministro desde que coordinaron juntos la segunda moción de vacancia contra PPK y halagados con el nombramiento de su ex militante Liliana La Rosa en el Midis, tuvo la intención inicial de respaldarlo. Pero no quisieron dejar a NP la exclusividad del espacio antisistema en el hemiciclo. Por cierto, en NP también hubo proclividad inicial al respaldo. Alberto Quintanilla, por ejemplo, se inclinaba a votar a favor, pero venció la posición más radical de Marisa Glave y Manuel Dammert).

Ahora, lo que divide no es la tirria entre fujimoristas y ppkausas a pesar de sus posiciones similares, sino la vieja dualidad derecha/izquierda que, esa sí, ve las cosas con cristal de distinto color. Mención aparte merece el par de abstenciones de los acciopopulistas Yonhy Lescano y Armando Villanueva. Una fuente de AP me contó que la bancada –que tiene cinco congresistas– tenía un acuerdo tácito de votar a favor, pero Lescano y el otro Villanueva, autor, además, de un proyecto de ley para el adelanto de elecciones, salieron con cálculos efectistas en la línea antisistema.

La mayor ironía del miércoles de investidura fue el refunfuño de la bancada oficialista. Su vocero Gilbert Violeta no puso en duda su voto a favor, pero hizo reclamos y pedidos expresos para que el Ejecutivo haga suyos proyectos de ley de incidencia electoral, en especial, el de tipificar como delito al financiamiento ilegal de campañas. Esa insistencia llegó a hacer pensar, incluso, que ese y otros proyectos podrían estar incluidos en el paquete de delegación de facultades anunciado por Villanueva.

Sin embargo, mis fuentes de la PCM aseguraron que en el pedido de facultades no iba a haber alguna mención a proyectos de incidencia electoral, ni siquiera porque se inscriba en la lucha contra la corrupción. Todo lo que el presidente y el primer ministro han dicho sobre la bicameralidad o el voto preferencial se tomará como sugerencias y eventuales propuestas, pero no será parte de algún pedido de facultades, pues la PCM considera que en esos temas corresponde un debate propiamente congresal.

Pregunté por la propuesta para permitir que la UIF levante el secreto bancario de los candidatos que, en realidad, tiene más incidencia sobre prevención de corrupción que materia electoral propiamente dicha, y ya fue descartada tiempo atrás por la Comisión de Constitución. Me dijeron que todo depende del cambio de pareceres y correlación que podría haber al respecto en esa comisión que hoy preside Úrsula Letona. En realidad, ha cambiado la forma de entendimiento entre los dos poderes al tal punto que el pedido de facultades, presentado el 2 de este mes, según me explicaron en la PCM, podría derivar en un nuevo sistema de trabajo. ¿Cómo así?

—Solo proyectos listos—
Un funcionario de la PCM que sobrevivió al gobierno anterior me dijo que el pedido de facultades sería muy distinto al que hicieron PPK y Fernando Zavala en el 2016. Esa vez se pidió legislar sobre cuatro grandes ejes y el Congreso dio un plazo perentorio para que el Ejecutivo corra elaborando los proyectos.

Esta vez se ha pedido algo similar pero, antes que esperar a que el Congreso ponga un plazo, se buscará tener los proyectos listos, de modo que, según me dice alguien del entorno de Villanueva, más que la delegación de facultades a la vieja usanza, se apelará a fórmulas de rápida colaboración legislativa. Cuando pregunto cuáles serían los primeros ítems sobre los que se llegará a rápido acuerdo, me responden que los relacionados a la reconstrucción. Además, en estos días se ve el presupuesto del 2019, y el propio Villanueva irá el martes a la Comisión de Presupuesto que preside Karina Beteta para conversar sobre sus prioridades.

Tras hablar con las fuentes de la PCM, queda claro que hay una suerte de acuerdo con los fujimoristas y las otras bancadas para dar pase a obras menudas de impacto social inmediato en regiones, pues el Gobierno teme enredarse, por ahora, en la gestión de megaproyectos. Además, esa obra localizada es la que place a los congresistas provincianos y a los candidatos a gobernadores y alcaldes a quienes estos querrán apoyar. Vuelve al Congreso, tras develarse la inducción de votos contra la vacancia, el entendimiento político más abierto y laxo para priorizar proyectos con sustento técnico y urgencia social.

Mis fuentes me cuentan que está por aparecer, ya consensuado con otras bancadas, el reglamento de la Ley 30737 (la que reemplazó al Decreto de Urgencia 003), que permitirá liquidez a muchas obras que estaban paralizadas tras la debacle de Odebrecht. El ministro David Tuesta anunció muchas medidas, pero su equipo aún no tiene todo listo.

Todos mis consultados, del Gobierno y del Congreso, coinciden en que hay una relación fluida entre ministerios y bancadas para temas puntuales. En realidad, nunca dejó de haberla, pero hoy se suma el marco de entendimiento que a través de emisarios hay entre Vizcarra y Keiko Fujimori. Villanueva, aprovechando su reciente pasado parlamentario, ha reforzado la relación entre los dos poderes, conversando directamente con las bancadas y sus portavoces (hizo una ronda pública) y con cabezas de comisiones. Pronto probaremos a qué saben los primeros frutos.