Allegados de parlamentaria andina y militantes de Acción Popular acaparan oficina recién creada en el Congreso

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, dice que su partido no tiene injerencia en las contrataciones del personal del Congreso. Pero en el Legislativo hay una oficina en la que casi todos los trabajadores están vinculados a su agrupación política o a su esposa, la parlamentaria andina y excongresista acciopopulista Leslye Lazo.

Se trata del Área de Asuntos Interparlamentarios (AAI), creada en setiembre del 2024 por un acuerdo de la Mesa Directiva que Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) preside.

Esta no es la primera vez que militantes del partido son vinculados a posibles favorecimientos de cargos en el Parlamento. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló previamente que algunos afiliados habían sido contratados en bloque en una nueva área creada en la Biblioteca del Congreso.

El Área de Asuntos Interparlamentarios se creó para “planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar diversos compromisos generados con foros parlamentarios de carácter internacional”, según la Oficina de Protocolo del Congreso, de la cual depende.

Su incorporación al Servicio Parlamentario se dio a través del acuerdo 026-2024-2025/MESA-CR, firmado el 18 de setiembre.

Semanas antes de que esa área se creara, Leslye Lazo había concluido su gestión como vicepresidenta del Parlamento Andino (PA) por el período 2023-2024, cargo que le permitió el manejo de la Oficina Nacional de ese órgano.

Los colaboradores que contrató en esa oficina posteriormente ingresaron al Área de Asuntos Interparlamentarios, que tiene cinco trabajadores. Desde octubre del 2024, cuando comenzó a funcionar, seis personas ligadas a Lazo y a AP han pasado por esa dependencia.

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La mayoría ha trabajado de manera directa con Lazo en distintos espacios parlamentarios.

Luis Max Ponce Arnillas, abogado con maestría en políticas públicas, fue el primero en ingresar, en octubre del 2024. Fue designado como jefe del área con una remuneración de S/15.470.

No milita en Acción Popular, pero ha trabajado de forma recurrente con Lazo desde que fue elegida congresista para el período 2020-2021.

Fue su asesor en su período congresal y posteriormente la acompañó en varios espacios del Parlamento Andino. En octubre del 2021 laboró por cuatro meses en la Comisión de Derechos Humanos del PA que ella presidía. Por un período similar, en el 2023 asumió como asesor principal de su despacho. Meses después se sumó al equipo de la Oficina Nacional del PA, que Lazo encabezaba como vicepresidenta.

En noviembre, a la nueva oficina del Congreso, ingresaron Luz María Méndez Quilca y Erik Manuel Loayza Álvaro, militantes de Acción Popular desde junio del 2019. Lo hicieron con el cargo de profesional, con una remuneración de S/10.502.

Méndez es abogada y trabajó como asesora de Lazo en su despacho congresal y en la Comisión de Justicia que presidió en el período 2020-2021. En abril del 2024 llegó a la Oficina Nacional del PA, donde laboró hasta la salida de la parlamentaria andina de la vicepresidencia. Al contactar a Méndez vía telefónica para solicitar sus descargos, cortó la llamada.

Erik Loayza, administrador de profesión, fue regidor de San Martín de Porres cuando Julio Chávez era alcalde del distrito (2019-2022). En octubre del 2022, poco después de obtener su título universitario, ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Andino, que Lazo presidía. Un año después se sumó a la Oficina Nacional del PA como asesor.

Judith Álvaro, madre de Erik Loayza, también trabajó en el despacho congresal de Lazo entre el 2020 y 2021, y en su oficina del Parlamento Andino desde el inicio de su gestión hasta marzo del 2022.

Erik Loayza no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

A Nancy Lucía Estela Fernández, licenciada en periodismo con maestría en relaciones públicas, la contrataron en noviembre. También fue parte del equipo de Lazo en la Oficina Nacional del PA, desde mayo del 2024 hasta el final del período.

No milita en AP, aunque participa activamente en los eventos organizados por el partido en Lima y en las regiones. Ha estado en encuentros impulsados por Lazo, con quien se le ha visto en diferentes actividades.

Al ser consultada por este Diario sobre su contratación en el Congreso, señaló que conoció a los militantes de AP cuando ingresó a trabajar.

“Yo soy absolutamente técnica. Como soy coach, asisto a diversas actividades en UGEL, universidades, todo lo que es liderazgo transformacional, pero a nivel político, que pertenezca a un partido, no”, aseveró.

En diciembre, a la oficina del Congreso entró Ivette Paola Mendoza Hurtado, ingeniera industrial y afiliada a Acción Popular desde el 2019.

Mendoza laboró con Lazo en su período legislativo. En el actual Congreso ha sido parte del grupo técnico de la bancada de AP hasta que en el 2024 volvió a trabajar con Lazo, esta vez como asistente de su despacho del PA. Tampoco obtuvimos respuestas al intentar contactarla.

En marzo, Mendoza fue reemplazada por Waldemar Vela Olórtegui en el Área de Asuntos Interparlamentarios. Vela se inscribió en Acción Popular en julio de 2024.

Antes, Vela fue auxiliar en la Comisión Especial Multipartidaria encargada de trabajar en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas (Devida), que preside Elvis Vergara, vocero de la bancada de AP. También laboró en su despacho.

Este Diario ubicó a Vela a la salida del congreso. Ante nuestras consultas respecto a su contratación, Vela se mantuvo en silencio y evitó responder a El Comercio.

En diálogo con El Comercio, Leslye Lazo negó haber influido en la contratación de los trabajadores de la nueva oficina congresal. “No tengo ninguna injerencia en el Congreso. Una parlamentaria andina ni siquiera tiene votación en el Congreso”, señaló.

Este Diario buscó contactar en su despacho al jefe del área, Luis Ponce, pero no lo pudimos ubicar. Le hicimos llegar nuestro mensaje vía telefónica al anexo de su oficina y a través de dos de sus trabajadores, pero nunca obtuvimos respuesta.

Julio Chávez, presidente de Acción Popular, marcó distancia del caso. Sostuvo que el partido no tiene injerencia en los destinos laborales de sus militantes. Sobre la implicancia de su esposa, señaló que es ella quien debe responder por las contrataciones.

“No puedo responder por la situación laboral de los militantes del partido. Tenemos más de 280 mil afiliados. Dónde trabajen es asunto de ellos, no del partido”, afirmó. Añadió que “si militantes nuestros acceden a un puesto de trabajo, será porque ellos mismos buscan la manera de ingresar”.