Este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, diversos parlamentarios pidieron desconocer la resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que suspende provisionalmente la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Legislativo hasta resolver la acción de amparo presentada en contra de dicha designación.
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Tras hacerse pública la referida resolución, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, consideró que la resolución del Poder Judicial constituye un “golpe de Estado” y propuso una moción de rechazo desde el Congreso contra la “intromisión” del Poder Judicial. Consideró que se busca evitar que el Parlamento cumpla con su “obligación constitucional”.
“El día de hoy, en contubernio, en complicidad y en lo que finalmente terminan siendo también un tipo de organización criminal [...] pretenden evitar, con argucia, que el Congreso no lleve a cabo una obligación constitucional”, sostuvo.
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En esa línea también se pronunció el congresista José Vega (Unión por el Perú) quien consideró “indignante” el fallo judicial y dijo creer existió “corrupción” detrás de la resolución.
“Es indignante que un juez de cuarta categoría pretenda frenar al Parlamento en su deber constitucional. Ningún poder del Estado está excepto de actos de corrupción”, señaló.
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Similar postura tuvo el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, quien aseguró que con la decisión del Poder Judicial, este se ha convertido “en la mesa de partes de una mafia que ya conocemos” y consideró que se busca “bloquear el derecho” del Legislativo.
“No podemos tolerar que el Poder Judicial se convierta en la mesa de partes de una mafia que ya conocemos como opera con resoluciones de Acobamba para liberar a un delincuente y ahora, desde Lima, para bloquear el derecho de un poder del Estado”, manifestó.
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Por su parte, el congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) indicó que la resolución del Poder Judicial “no tiene pies ni cabeza y es apresurada” y consideró que el Parlamento no debería darse por “notificado” y proceder con la elección de magistrados.
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