Ha pasado más de un mes desde que el portal IDL–Reporteros presentó los primeros audios del hoy suspendido juez supremo César Hinostroza y del ahora ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, quien cumple 36 meses de prisión preventiva.
Las grabaciones fueron el inicio de un escándalo que ha revelado una severa crisis en el sistema de justicia peruano y que involucra no solo a jueces y fiscales, sino a ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), congresistas, funcionarios y empresarios.
El 10 de julio, tres días después de la divulgación de la primera conversación entre Hinostroza y Ríos, en el Parlamento se presentó la primera de una serie de denuncias constitucionales contra diferentes servidores públicos.
El 19 de julio, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue salpicado por el escándalo de los audios: apareció una de las varias conversaciones que tuvo con César Hinostroza. Ahora está en curso una denuncia constitucional contra él. Esta semana fue presentada otra.
En esta línea de tiempo, la evolución del caso de los audios en el Congreso de la República.
