Congreso suspende beneficios a Ollanta Humala tras condena: ¿qué señala el acuerdo de la Mesa Directiva? y ¿cuál es la situación de otros expresidentes?

De acuerdo al acta emitida por el Parlamento, dichos beneficios están vinculados al apoyo logístico, dotación de vales de gasolina (150 galones), de personal que había sido asignado al apoyo del exmandatario, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (distrito de Ate).

La decisión obedece a la condena de 15 años por el delito de lavado de activos que se le impuso el pasado mes de abril, al ser hallado culpable de haber recibido, junto a su esposa Nadine Heredia, aportes en las campañas electorales del 2011 y 2016.

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“Que, mediante la Resolución 104, de fecha 29 de abril del 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, condenó al expresidente de la República Ollanta Moisés Humala Tasso a 15 años de prisión efectiva, por encontrarlo responsable en calidad de coautor del delito de lavado de activos agravado”, se resume en el documento.

Esta decisión judicial fue analizada a través de los Informes 713 y 771-2025-DRH-DGA/CR del Departamento de Recursos Humanos y el Informe 143-2025-AAJ-OLCC OM/CR del Área de Asesoría Jurídica de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Humala Tasso venía percibiendo una pensión vitalicia de S/15,600, seguro de salud y beneficios logísticos que le correspondían de acuerdo Ley 26519 y acuerdos de Mesa Directiva del Parlamento.

No obstante, según el análisis congresal, dada la situación de Ollanta Humala Tasso, quien cumple prisión efectiva, la Mesa Directiva tiene la facultad de suspender o cancelar los beneficios otorgados a los expresidentes de la República, mediante Acuerdo de Mesa, por cuanto los mismos fueron concedidos a título de liberalidad (sin contraprestación).

Por ello, acordaron suspender la entrega de dichos beneficios logísticos que le fueron asignados a través del Acuerdo 078-2016-2017/MESA-CR, dejando a salvo la asignación de su pensión vitalicia.

“Suspender el apoyo logístico y de personal que se brinda al ex presidente de la República Ollanta Moisés Humala Tasso, referidos específicamente al préstamo de vehículo, la dotación de combustible y la asignación de una persona en la modalidad de CAS, autorizados al amparo del Acuerdo 078-2016-2017/MESA-CR.”

Mesa Directiva del Congreso

Como se recuerda, la sentencia impuesta contra Humala Tasso en primera instancia, fue apelada por su defensa legal y deberá ser analizada por una Sala de Apelaciones.

Dicho tribunal de apelación decidirá si confirma o anula la sentencia impuesta al exmandatario y otros implicados en el caso “Aportes de Campaña” de Odebrecht y Venezuela.

En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala Tasso, sostuvo que no han sido notificados, pero consideró que el Congreso debería adoptar una decisión cuando se haya emitido una firmeza de la sentencia.

“Lo deseable es que cualquier suspensión (...) de carácter logístico ocurra cuando, eventualmente, exista una sentencia definitiva. En tanto hay una apelación y se mantiene la afirmación de inocencia, creo que no debería ocurrir”

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala

No obstante, el abogado precisó que su patrocinado no contaba con un vehículo asignado, como se señala en el Acuerdo de Mesa Directiva.

“Yo separaría algunos temas, porque nunca hubo vehículo, pero si vales de combustible, y, en ese sentido, es razonable que se suspenda. Sin embargo, el apoyo logístico de un trabajador sí debería mantenerse, pues por las coordinaciones administrativas que se hacen, hubiera sido deseable que continúe”, explicó.

Pedraza reiteró que se encuentra pendiente que se conforme la Sala de Apelaciones que revisará la sentencia impuesta en primera instancia contra el expresidente.

Advirtió, no obstante, que existe una demora sobre la resolución del recurso de habeas corpus que mantiene la Primera Sala Constitucional de Lima.

Confirmó que han presentado la sentencia a favor de Ilan Heredia -hermano de Nadine Heredia- que se emitió en instancia constitucional, señalando la vulneración de sus derechos al ordenarse la ejecución inmediata en el juicio por aportes al Partido Nacionalista.

“Lo relevante es que se establezca, como un tema precedente, que esa fue una decisión arbitraria y por tanto, por lo menos, supone llamarle la atención a los jueces que tomaron esa decisión y a nosotros nos interesa que eso salga porque es manifiestamente arbitrario”, comentó.

La entrega de una pensión vitalicia a los expresidentes se estableció a través de la Ley 26519, emitida durante el gobierno del Alberto Fujimori.

Posteriormente, a través de decisiones emitidas por el Congreso de la República también se dispuso la entrega de otros beneficios que fueron variando a través de los años.

De acuerdo a la citada ley, los expresidentes constitucionales gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad.

En caso de fallecimiento serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiere.

Este derecho, se precisa en la ley, quedará en suspenso para el caso de los expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes.

Sobre los beneficios adicionales, se estableció a través de acuerdos Acuerdos de Mesa Directiva del Congreso que a los expresidentes se les otorgue algunos privilegios como el préstamo de un vehículo, vales de combustible por un total de 150 galones al mes, un personal de apoyo en la modalidad CAS con retribución de S/3,700 (pagados por el Congreso de la República), seguro de salud y seguridad personal.

Alan García Pérez

Fue presidente de la República en dos periodos. Su primer mandato lo ejerció entre julio de 1985 a julio de 1990. Mientras que su segundo periodo lo desempeñó esde julio del 2006 hasta julio del 2011. Fue vinculado al Caso Odebrecht.

Actualmente, su pensión vitalicia se comparte entre la ex primera dama Pilar Nores y su hijo.

Alberto Fujimori

Ejerció la presidencia desde julio a 1990 hasta noviembre del 2000. Abandonó el cargo, tras renunciar desde el extranjero luego de ser imputado de diversos delitos y finalmente, se le sentenció a 25 años de cárcel por el Caso Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.

A razón de ello, se le anuló la pensión vitalicia y sus beneficios, pero luego de ser exarcelado en diciembre del 2023, inició un proceso para recuperar sus beneficios.

En julio del 2024, el Congreso decidió restituir su pensión y otros beneficios. Fujimori Fujimori falleció en setiembre de ese mismo año.

Valentín Paniagua

Fue presidente de la República interno desde noviembre del 2000 hasta julio del 2001.

A su fallecimiento en el 2006, su viuda percibe su pensión vitalicia a la actualidad.

Alejandro Toledo

Fue presidente de la República desde julio del 2001 a julio del 2006. En 2017, cuando fugó del país a consecuencia de los actos ilegales que lo vinculaban a los sobornos de la empresa Odebrecht, el Congreso le retiró beneficios como un auto, los 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo y una persona asignado en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Toledo fue finalmente extraditado desde Estados Unidos en el 2023 y sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por el delito de lavado de activos y colusión en octubre del 2024. Actualmente, cumple condena en el Penal de Barbadillo (distrito de Ate).

Pese a ello, Toledo Manrique continua cobrando su pensión vitalicia como expresidente de la República.

Su situación legal, al igual que la del expresidente Ollanta Humala, aún deberá confirmarse en segunda instancia.

El exmandatario también es procesado por el Caso “Interoceánica Tramo IV”, y aportes de campaña al desaparecido partido Perú Posible.

Ollanta Humala

Fue presidente de la República entre julio del 2011 a julio del 2016.

Tras el retiro de sus beneficios consistentes en una persona asignada en la modalidad de CAS, con una retribución mensual de S/ 3,700, y vales de combustible con un tope de 150 galones mensual, continuará recibiendo su pensión vitalicia y seguro de vida.

Humala Tasso también ha sido acusado por el fiscalía por el Caso “Club de la Construcción”, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. Se ha solicitado 13 años de cárcel en su contra.

También es procesado por el Caso “Gasoducto del Sur” por presunta colusión agravada y otros delitos.

Pedro Pablo Kuczynski

Se desempeñó como presidente de la República desde julio del 2016 a julio del 2018, cuando renunció al cargo.

Como expresidente se le asignó personal de seguridad y vales de gasolina.

Actualmente percibe su pensión vitalicia según registros del Congreso de la República.

Se encuentra procesado por presuntamente haber recibido pagos -vía consultorías- de la empresa Odebrecht, vinculado al Caso “Westfield Capital”. También afronta otros casos como IIRSA SUR y el Caso Aportes de la Caja 2 de Odebrecht” y presuntos aportes ilícitos del partido Peruanos por el Kambio durante los años 2015 y 2016.

Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti:

De acuerdo a registros del Legislativo, los expresidentes Vizcarra, Merino y Sagasti no reciben pensión vitalicia.

Vizcarra, presidente de la República entre marzo del 2018 a noviembre del 2020, fue destituido y posteriormente inhabilitado por el Congreso de la República.

• Si bien no percibe pensión, sí mantenía personal y seguridad hasta fines del 2023.

Vizcarra afronta un juicio oral por el presunto delito de cohecho, debido a presuntos actos irregulares en las obras “Lomas de Ilo” y “Ampliación del hospital de Moquegua” cuando se desempeñó como exgobernador regional de Moquegua.

Además, es procesado por el caso “Obrainsa-Club de la Construcción” y por el caso “Richard Swing”.

Lo mismo para Merino de Lama, quien no tiene pensión, pero sí cuenta con un seguro médicos. Además de personal de seguridad, también se le asignó a una asistente bajo contratación CAS.

En el caso de Sagasti, también cuenta con seguro médico y se le había asignado personal de seguridad tras dejar el cargo.

Pedro Castillo Terrones

Ejerció la presidencia de la República desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, tras ser vacado por haber perpetrado un golpe de Estado.

Castillo Terrones fue detenido en flagrancia y actualmente cumple prisión preventiva en el Penal de Barbadillo.

En marzo del 2024, a través de su abogado Walter Ayala, solicitó que se le otorgue la pensión vitalicia en atención a la Ley 26519.

Sin embargo, el Parlamento rechazó su pedido al sostener que fue objeto de una acusación constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, en condición de cabecilla, tráfico de influencias agravado y colusión. Por ende, la citada ley invocada establece la exclusión de la pensión vitalicia si un exmandatario es objeto de acusación constitucional, salvo que se emita una sentencia absolutoria.

Actualmente, afronta juicio oral, acusado de presunta rebelión y otros delitos, por el que la fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel en su contra.