(Fuente: El Comercio)
(Fuente: El Comercio)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó el lunes un extremo de la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo por el caso del deslacrado a las oficinas del Ministerio Público.

Este hecho se remonta a enero de este año, al despacho de uno de los asesores de Chávarry (que había sido lacrado por la investigación a Fuerza Popular) y se extrajo una serie de documentos.

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Ante la denuncia, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solo se aprobó ayer la investigación por un delito menor (contra la conservación e identidad de objeto), mas no por los de encubrimiento personal y real.

El primero solo hace referencia a quien “destruya o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad”. Los otros dos son más graves y tiene que ver con ayudar a los autores de un delito a evadir a la justicia, por lo que son sancionados con pena privativa de entre seis y cuatro años, respectivamente.

¿Qué pasará con esta denuncia de la fiscal Ávalos en el Congreso? ¿Qué escenarios se pueden plantear? ¿Cuáles son las implicancias?

(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)

─Lo que se viene─
Ciertamente, el extremo de la acusación constitucional que ha sido declarada procedente deberá seguir su curso y ser revisada ahora por la Comisión Permanente, que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, deberá otorgar un plazo para que la subcomisión investigue el tema y presente un informe final.

Es en este punto en el que algunos parlamentarios, como Oracio Pacori (Nuevo Perú) y Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio), creen necesario que se revierta la decisión de la subcomisión, a fin de que los otros delitos (encubrimiento personal y real) puedan también ser investigados. Esto se hace a través de una cuestión previa.

“Vamos a plantear […] que esto regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se haga una nueva valoración de los medios probatorios. Creemos que, con el contenido, sería procedente la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación”, refirió Pacori.

Dávila, por su parte, remarcó que lo imputado en la denuncia “ha sido calificado mas no investigado”. “La Comisión Permanente va a tener que tomar otra decisión definitivamente. [...] Es una segunda instancia en donde se tiene que tomar conciencia”, apuntó.

Subcomisión

Pero existen antecedentes de al menos cuatro denuncias contra Chávarry que fueron sometidas a reconsideración en esta instancia y que, finalmente, por los votos de Fuerza Popular, .

En ese caso, ante el archivo definitivo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tendría que presentar una nueva denuncia contra Pedro Chávarry en la próxima legislatura.

El argumento usado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para rechazar un extremo de la acusación fue que ya se habían declarado improcedentes estos hechos en una denuncia anterior contra Chávarry.

Se aplicó, en ese sentido, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que refiere que las denuncias con hechos que son declarados improcedentes “no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones”.

Informe de calificación aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Fuente: El Comercio)
Informe de calificación aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Fuente: El Comercio)

Sin embargo, existe un detalle importante, y es que esta nueva denuncia tendría que incluir pruebas inéditas sobre la presunta participación de Chávarry en el deslacrado ilegal.

“Se le complica más [a la fiscal de la Nación] porque se le tendrá que pedir que agregue nuevas pruebas sobre estos hechos que están investigando y eso es una zancadilla que le está poniendo el Congreso al Ministerio Público”, consideró Pacori.

Aunque con el inicio de la nueva legislatura, se espera que haya una recomposición de las comisiones.

─Implicancias en el caso─
Por su calidad de fiscal supremo, Pedro Chávarry goza del privilegio constitucional del antejuicio, que impide que altos funcionarios sean procesados penalmente sin permiso del Congreso de la República.

El penalista Enrique Ghersi explicó que, sin esta autorización, que debe ser previamente aprobada por el pleno (la máxima instancia legislativa), por mandato de la Constitución se “le impide a la fiscalía cualquier investigación si no ha sido objeto de autorización”.

Es decir, de llegar al pleno el informe sobre este caso solo por el delito de identidad de objeto (instigador), el Ministerio Público solo podría actuar en este margen.

Hasta el cierre de este informe, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, todavía no convocaba a una nueva sesión de la Comisión Permanente.