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A poco más de un año de gestión parlamentaria, las cinco comisiones investigadoras aprobadas en el pleno del Congreso no avanzan su trabajo a toda máquina. Una revisión de la labor de estos grupos arroja que hay tres que no pudieron culminar su tarea a tiempo, por lo que pidieron ampliación de plazo; una sesionará una vez al mes y la otra aún no se instala.

, que indaga los presuntos sobornos de las constructoras brasileñas en el Perú, tiene un plan de trabajo avanzado: interrogará a 40 personas hasta el final del presente año.

En junio pasado, esta comisión del Congreso obtuvo una ampliación de plazo por un año. Hasta la fecha, la comisión ha centrado sus indagaciones en Odebrecht y en OAS, aunque su indagación también abarca a las firmas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.

“En este momento estamos trabajando con muchísima dedicación. Sesionamos cuatro veces por semana, a veces en doble horario, en los temas de la carretera Interoceánica, gasoducto sur peruano (GSP) y Línea Amarilla”, explicó su presidenta, Rosa María Bartra.

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Su colega fujimorista Daniel Salaverry preside una comisión que investiga la gestión de Ollanta Humala. Su propia bancada propuso que el grupo de Salaverry se fusionara con el de Lava Jato porque repetían algunos temas de investigación, como el GSP. Pero Salaverry defendió a su equipo y logró una ampliación –también en junio– por 180 días.

En un informe preliminar, el equipo de Salaverry acusó una supuesta colusión en el GSP, que implicaba a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el ex ministro Eleodoro Mayorga. Desde junio, tuvo otras citaciones respecto al GSP, pero sin mayor relevancia.

La legisladora Gloria Montenegro, integrante del grupo de Salaverry, indicó que ahora están enfocados en el caso de la refinería de Talara, aunque admitió: “La semana pasada sesionamos, aunque antes de eso no nos habíamos reunido hace dos o tres semanas”.

Sin culpables
De las comisiones que pidieron ampliación, solo una está próxima a presentar su informe final: la que investiga los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Sin embargo, su presidente, César Villanueva, adelantó que no acusarán a nadie.

“Lo que hemos encontrado son indicios de cosas que hay que profundizar, situaciones anómalas. No calificaremos responsables, sino mostraremos indicios para que el Ministerio Público, con más poder, pueda determinar con claridad las responsabilidades individuales”, indicó a El Comercio.

La Comisión Madre Mía fue creada en mayo pasado e inició funciones recién un mes después. Su presidenta, Úrsula Letona, explicó que su grupo se ha reunido pocas veces –desde que se instaló, en junio– porque “el acuerdo fue sesionar una vez al mes”.

“Es un trabajo técnico, no político. No queremos hacer un show de esto”, justificó.

El último grupo investigador aprobado por el pleno fue el del Caso Sodalicio, el pasado 7 de setiembre. Hasta la fecha, este grupo no se ha instalado, pues las bancadas no han elegido a sus representantes y, por tanto, no tiene presidente. El plazo va corriendo.

La Comisión de Fiscalización acelera casos
El fujimorista Rolando Reátegui heredó la presidencia de la Comisión de Fiscalización con dos investigaciones iniciadas por su antecesor, Héctor Becerril: el Caso Chinchero y la muerte de Emerson Fasabi, ex trabajador de Ollanta Humala.

Sobre el primer caso, está pendiente en el pleno la aprobación de un informe preliminar en el que piden una ampliación de 90 días. En cuanto a Fasabi, se llevan a cabo interrogatorios.

“Hasta ahora estábamos haciendo dos sesiones a la semana, pero desde la próxima semana aumentamos a tres sesiones. Estamos acelerando, sin vulnerar derechos, para terminar a tiempo”, refirió.

Ante la lentitud de otros grupos, agregó que indagará los casos de la refinería de Talara y la línea 2 del metro de Lima.

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