Congreso rechaza 23 pedidos de Delia Espinoza para anular blindajes: ¿De qué casos se trata y cuál es el impacto de esta decisión a futuro?

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Entre los casos están las acusaciones contra Dina Boluarte Patricia Benavides, Luis Arce, Pedro Castillo, Jorge Luis Prado, Jorge Salas Arenas, diversos congresistas denunciados por el caso ‘mochasueldos’, entre otros. Todas estas denuncias terminaron en el archivo.

Por ejemplo, en el caso del exfiscal supremo Luis Arce, la solicitud de Espinoza advertía diversos vicios durante la calificación de la denuncia que van desde la participación de congresistas que habrían estaban impedidos de integrar la SAC hasta excesos en el análisis legal que transgreden el Reglamento del Parlamento.

Este miércoles 3 de septiembre, el presidente del Congreso, José Jerí, sometió a votación las solicitudes que Espinoza presentó en agosto.

Ello pese a los reclamos de parlamentarios como Lady Camones (APP), presidenta de la SAC; Ilich López (AP), tercer vicepresidente del Parlamento; y Martha Moyano (Fuerza Popular); quienes consideraron que el tema ni siquiera debía votarse porque el requerimiento de la titular del Ministerio Público no está contemplado en el reglamento del Poder Legislativo.

Los 23 pedidos de Espinoza se votaron en conjunto y fueron rechazados con 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Jerí anunció que esta decisión será tomada en cuenta para eventuales solicitudes similares.

“Esta decisión será aplicada a otras solicitudes de nulidad que se presenten con posterioridad”, señaló el titular del Congreso.

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Durante el debate, Camones Soriano sostuvo que el reglamento parlamentario no contempla la figura del recurso de nulidad ni corresponde a la naturaleza del procedimiento parlamentario de acusación constitucional.

“El proceso parlamentario tiene etapas definidas. Pretender introducir incidentes semejantes a los de los procesos judiciales ordinarios carece de sustento normativo y resulta impropio”, dijo la presidenta de la SAC.

La parlamentaria de APP también rechazó que Espinoza argumente que congresistas denunciados o investigados por la fiscalía no pueden integrar la SAC. Alegó que el reglamento solo se refiere a procesos penales en curso.

Intervenciones similares tuvieron Alejandro Muñante (Renovación Popular), Gladys Echaíz (Honor y Democracia) e Ilich López (AP).

Muñante indicó que el reglamento regula el procedimiento de acusación sin contemplar la figura del recurso de nulidad. “Lo único que generan estos pedidos es entorpecimiento del trabajo parlamentario”, opinó.

En tanto, Echaíz advirtió que invocar la existencia de investigaciones preliminares como causal de nulidad equivale a vulnerar la presunción de inocencia.

López Ureña sostuvo, a su turno, que “si en el Reglamento no existe el recurso de nulidad, entonces esa nulidad simplemente no existe”.

Advirtió que acceder al pedido de Espinoza implicaría que el Congreso adopte decisiones al margen de la ley y exponga a los propios parlamentarios a eventuales denuncias constitucionales.

Mira la sesión de la Comisión Permanente:

Estas son las nulidades en el proceso de la SAC que solicitaba Delia Espinoza:

En diálogo con El Comercio, el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi expresaron posturas discordantes.

Cevasco consideró que la solicitud se debió rechazar de plano, sin someterse a votación. Bajo su criterio, el pedido de Espinoza “va contra la autonomía que el Congreso tiene”.

“El Parlamento tiene sus decisiones que, equivocadas o no, se tienen que respetar. Si la Comisión Permanente tomó la decisión de rechazarlo tampoco es imprudente porque generará un precedente para futuras solicitudes similares que puedan existir”, afirmó.

El ex oficial mayor indicó que hubo casos en los que otras instituciones autónomas han hecho solicitudes que van contra la autonomía del Congreso y fueron rechazadas de plano.

“La decisión que tomó el Congreso crea un precedente importante para su autonomía, más allá de si el fondo del asunto es correcto o incorrecto”, subrayó.

Cevasco explicó que en cada etapa del proceso de denuncia constitucional hay un “debido proceso”, como llamar a los denunciados y denunciantes para que sustenten sus puntos de vista.

“Es en esta fase que la fiscal tiene la oportunidad de sustentar su denuncia [...] Por lo tanto, el Congreso no ha hecho mal en rechazar la solicitud de Espinoza porque se trata de su autonomía”, aseveró.

“Los procedimientos que establece la Constitución para aquellas instituciones que tienen iniciativa legislativa o denunciar a altos funcionarios, establece límites. Al Congreso no se le ocurriría, por ejemplo, dirigir una carta a la fiscal para pedirle que retire denuncias porque tampoco corresponde, la fiscalía es autónoma”.

Cevasco opinó que el Ministerio Público debería preparar a sus fiscales en derecho parlamentario. “Podrán ser expertos en derecho penal, civil, etc., pero tienen una pata coja con respecto a lo que es derecho constitucional y derecho parlamentario”, concluyó.

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Rospigliosi discrepó. El especialista advirtió que el antejuicio no debe ser mal aplicado y que es deber del Congreso dar luz verde al sistema de justicia para que “haga su tarea”.

“En los últimos años, el Congreso se está entrometiendo y cambiando su rol de dar pase en convertirse en juez. El Parlamento no tiene el deber de calificar si los hechos constituyen o no delito y esa es la deformación y patología del antejuicio”, dijo.

Rospigliosi recordó que la SAC no está conformada por abogados solamente. Por ejemplo, en el caso de María Acuña, la expresidenta de la SAC, y otros legisladores. “Entonces, con qué idoneidad profesional pueden atreverse a decir si los hechos son delito o no”, señaló.

Bajo su lectura, la fiscal hizo lo correcto en demandar la nulidad de los 23 procedimientos.

“Acá hay un encubrimiento grosero. Con esto nos quieren decir: ‘¡Qué viva la impunidad!’. Por ejemplo, hay que recordar los hechos por los que investigan a Luis Arce Córdova. Esto es un escándalo. El Congreso no es el Poder Judicial, es el paso previo”, acotó.

El especialista resaltó que una salida para el Ministerio Público sería presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional “diciendo que el Congreso, a través de la SAC, se está entrometiendo en su rol al exceder sus funciones”.