El Congreso, el servicio parlamentario y los contratos [Claves]

Legisladores de distintas bancadas se han pronunciado durante el lunes sobre la decisión del pleno del pasado 9 de enero, la cual suspendió temporalmente la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario.

Con esa medida aún vigente en el Congreso de la República, que preside Luis Galarreta (Fuerza Popular), se ha podido contratar personal por tiempo indefinido sin requerir que los empleados tengan cinco años trabajando de manera ininterrumpida. ¿De qué se trata? Algunos puntos para entender el caso.

—El Estatuto del Servicio Parlamentario—
Se trata de un documento que rige el marco normativo y establece los lineamientos de la carrera del personal del servicio parlamentario, referidos a aspectos como el régimen laboral.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, el estatuto “tiene por finalidad permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su estabilidad y progresión regular en la carrera, facilitar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño de las responsabilidades que corresponde cumplir al servicio parlamentario”.

—El requisito para el ingreso a planilla—
La primera disposición complementaria transitoria del Estatuto del Servicio Parlamentario indica que el personal que se encuentra laborando con contrato a plazo indeterminado por más de cinco años es incorporado al régimen de carrera previsto en el estatuto, en el nivel y plaza que ocupa.

Es decir, el ingreso a planilla a plazo indefinido era posible si se cumplían cinco años de servicio de forma ininterrumpida.

—Lo que aprobó el pleno—
El 9 de enero pasado, el pleno del Congreso de la República por 74 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones incorporar un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso. Este señala que la Mesa Directiva, entre otras atribuciones, tiene a su cargo la dirección administrativa del Parlamento y acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel.

El párrafo incorporado fue este: “Los acuerdos de la Mesa Directiva constituyen las normas de desarrollo del artículo 3 y del presente artículo del Reglamento del Congreso de la República, relativos a la autonomía y a la dirección administrativa del Parlamento. Es de cumplimiento obligatorio del Oficial Mayor, bajo responsabilidad”.

Y si bien el proyecto de resolución legislativa se refería inicialmente a esa incorporación y tenía un único párrafo, según “Cuarto Poder” fue el congresista Percy Alcalá (Fuerza Popular) el que agregó más texto al documento probablemente sin mayor conocimiento de los legisladores en el pleno. Se trató de la inclusión de una disposición complementaria transitoria que indica: “En tanto se aprueben los instrumentos de gestión que requiere la Administración del Congreso de la República, se suspende la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario”.

Jorge del Castillo (Apra) consideró que esa disposición se metió de “contrabando”. Los 7 votos en contra fueron de Nuevo Perú.

—Consecuencias y beneficiados—
De acuerdo al informe del citado dominical, esa modificación del Estatuto del Servicio Parlamentario permitió que al menos siete funcionarios allegados a Fuerza Popular sean nombrados sin cumplir el requisito del tiempo de servicios.

El programa mostró los casos, por ejemplo, de tres funcionarios que ingresaron entre julio y setiembre del 2017, pero que ya tienen contratos estables y a plazo indefinido. Se trata, además, de aportantes al partido liderado por Keiko Fujimori. Uno de ellos fue señalado como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación y los otros dos como personeros legales.

Así, se dio un contraste con otros empleados parlamentarios que, pese a tener muchos más años de servicio, aún esperan ser nombrados.

—La justificación desde el Congreso—
El oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, indicó a “Cuarto Poder” que se trataba de “de 8 o 9 personas”. Asimismo, en un video difundido a través de las redes sociales de dicho poder del Estado explicó que se trata de “personas que han trabajado en el Congreso desde hace dos a tres años”, a las que “se les ha cambiado la modalidad de su trabajo”.

Según dijo, la suspensión de la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario era necesaria para “poder incorporar las nuevas herramientas de gestión” con las que puede contar el Congreso en la actualidad gracias a una consultoría. Esas herramientas, precisó, se refieren a un organigrama, un nuevo cuadro de asignación de personal y un nuevo reglamento y manual de organización y funciones, que tenían vigencia desde 1997.

Para Cevasco, esas herramientas lograrán “sincerar el cuadro de asignación de personal, el número de trabajadores idóneos que el servicio necesita para que el Congreso funcione en forma normal, modernizar el organigrama”.