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Congreso y TC: 20 acciones de inconstitucionalidad en dos años

Especialistas advierten que en el Parlamento muchas veces se aprueban medidas con vicios de inconstitucionalidad

TC y Congreso

El TC y el Congreso también se enfrentaron por el proceso de acusación constitucional contra algunos magistrados. (Composición: El Comercio)

Esta semana, el Tribunal Constitucional aceptó a trámite las dos demandas —la de 33 congresistas y la del Poder Ejecutivo— contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. A la espera de ese fallo, revisamos algunos casos y hablamos con especialistas sobre la postura del Legislativo ante decisiones adoptadas por el órgano constitucional.

En lo que va del período 2016-2021 se han presentado 20 acciones de inconstitucionalidad contra decisiones adoptadas por el Congreso. Las que más polémica han causado han sido las presentadas por los mismos legisladores: contra la ley antitránsfugas, contra la ley que cambia las reglas de la censura y cuestión de confianza y, la más reciente, la de publicidad estatal.

En setiembre del 2017, el TC declaró fundada en parte la demanda contra la norma que impedía a congresistas disidentes formar grupos o integrarse a otros. A solo dos horas de que se conociera el fallo, el pleno del Congreso aprobó una nueva norma denominada de “bancadas mixtas” que atenuaba las restricciones a los renunciantes.

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) consideró que se estaba “sacando la vuelta” al fallo del TC y presentó un nuevo recurso en contra.

Para la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, lo que hizo el Legislativo fue perfeccionar la norma. “Veo también una actitud poco tolerante de ciertos congresistas. Pierden en sede legislativa y van al TC a querer imponer. Eso no está bien, tiene alto contenido político y deslegitima al Congreso”, dijo tras asegurar que es “sano” el equilibrio de poderes.

Otro caso ocurrió en julio del 2017, cuando la Comisión Permanente aprobó una ley que dispone que los trabajadores del Congreso, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros se rigen bajo el régimen laboral de la actividad privada y se les excluyó de la Ley de Servicio Civil (conocida como la Ley Servir). La norma colisionaba con una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la exclusión de trabajadores públicos del referido régimen.

El aparente incumplimiento de las sentencias del TC no solo se da con las leyes. En la votación del proceso constitucional contra Kenji Fujimori quedó en evidencia que el Congreso venía permitiendo que los miembros de la Permanente votaran en el pleno pese a la prohibición constitucional y aun cuando fallos del TC habían advertido que no se podía.

También ocurrió con las comisiones investigadoras en el período 2011-2016. En medio de las indagaciones de la denominada megacomisión se emitió una sentencia (Caso Tineo Cabrera) en la que se establecía que el Parlamento debía cumplir parámetros del debido proceso. Sin embargo, un informe de la Comisión de Constitución, presidida por el Partido Nacionalista en ese entonces, concluyó que “la sentencia no es vinculante para el Congreso, ya que no ostenta la naturaleza de un fallo con efectos generales”.

—Contrapeso—
Para el constitucionalista Natale Amprimo, el problema pasa porque el Congreso actúa con criterios que priorizan lo político. “Aprueban temas que saben van a ser corregidos o con vicios de inconstitucionalidad solo para el aplauso”, indicó a este Diario.

Amprimo explicó que en el actual Estado de derecho, la Constitución pasó de ser un documento político a un documento jurídico. “Antes se decía que la pirámide normativa no empezaba en la Constitución sino en la ley. De ahí es que se sostenía que el Congreso es el primer poder del Estado. Quienes siguen sosteniendo eso están en el siglo XVIII. Así que no caben declaraciones altisonantes, el Congreso está sometido a lo que el TC falle”, afirmó el ex legislador.

Para el ex presidente del TC Ernesto Álvarez, el máximo órgano constitucional viene siendo una especie de Senado. “Tenemos una Cámara de Diputados compuesta por líderes locales que debaten de manera apasionada, guiados por emociones y no por razones. El TC se ve forzado a ser el contrapeso. El TC debería ser el guardián de la Constitución y no una cámara reflexiva”, dijo el ex magistrado.

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