

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), cuestionó la ausencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana y señaló que su actitud demuestra falta de voluntad política para trabajar en conjunto en temas que aquejan a todo el país, como la criminalidad.
“El Ministerio Público está más enfrascado en sus luchas internas de perseguir al enemigo político, en lugar de perseguir al delincuente. Me parece una falta de respeto al Congreso y a la ciudadanía porque luego critican las leyes y cuando se les convoca para participar y discutir sobre las mismas, no vienen”, anotó.
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En ese sentido, Cavero Alva consideró que es fundamental que los distintos poderes del Estado se unan en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
“Esta es una tarea que requiere la colaboración al más alto nivel de los tres poderes del Estado, cada uno cumpliendo su función específica”, sostuvo durante su participación en la actividad, que se desarrolló este martes 11 con diversas autoridades del país.
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Tras manifestar que existen grandes retos para la seguridad ciudadana, el parlamentario de Avanza País dijo que es necesario saber qué medidas y acciones se están considerando para proteger las zonas de frontera de la delincuencia internacional que azota a la región, frente a la ola de deportaciones en Estados Unidos.

Cavero también pidió el destrabe de obras de centros penitenciarios que están paralizados. Mencionó que en la ciudad de Ica hay un penal de S/300 millones para más de 15 mil internos que está paralizado hace muchos años, por lo que se requiere mayor infraestructura carcelaria.
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Durante la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana también se abordó la evaluación sobre las declaratorias de estados de emergencia y permitir la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para combatir la delincuencia.
Asimismo, se analizó la viabilidad de la propuesta legislativa que busca establecer la responsabilidad penal de menores de entre 16 y 18 años en casos de tenencia y uso de armas de fuego y explosivos.
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Finalmente, se debatió el proyecto de ley 7567/2023-CR, que propone declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) y establecer medidas para fortalecer su capacidad operativa.
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