La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público, crear una Junta Transitoria y suspender a los actuales fiscales supremos.
Se trata de la iniciativa legislativa 11811/2024-CR, que propone declarar en “reorganización y emergencia” al Ministerio Público por el tiempo improrrogable de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma.
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“Durante el periodo de emergencia y reorganización, se suspende el ejercicio de funciones del Fiscal de la Nación y de los Fiscales Supremos Titulares que se encuentren habilitados en funciones durante ese período”, refiere.
“La Junta Nacional de Justicia nombrará mediante concurso público a los miembros integrantes de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, la cual estará conformada por siete (07) miembros, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 156 de la Constitución; así como tener la condición de fiscales supremos adjuntos titulares o fiscales superiores titulares”, agrega.
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Según el proyecto, dicha junta transitoria asumirá las funciones y atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos, elegirá al fiscal de la Nación transitorio y propondrá a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) instaurar “procesos disciplinarios con suspensión preventiva” temporal de fiscales comprometidos en hechos graves.
En los fundamentos de la propuesta se señala que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), recogidos en octubre del 2024, el 69% de los peruanos afirmó no confiar en el Ministerio Público, mientras que otro informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que un 71% tiene desconfianza hacia esa institución.
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“Esta situación no puede ser banalizada ni atribuida a una supuesta campaña de desprestigio o intromisión de su autonomía de la institución aludida. No se trata de percepciones construidas por intereses externos, sino del resultado acumulado de años de frustración y descrédito ciudadano frente a la impunidad, la lentitud procesal, el uso político de la acción penal y especialmente, la creciente instrumentalización más que política, ideológica del Ministerio Público”, se indica en la iniciativa.
Asimismo, remarca que las investigaciones fiscales en los casos Odebrecht, Club de la Construcción y Los Cuellos Blancos del Puerto pusieron en evidencia una de las “mayores injerencias, filtración de información reservada, sesgo ideológico y utilización subjetiva” del Ministerio Público.
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El congresista Alejandro Muñante asegura que la propuesta no significa una “intervención calculada o una intromisión arbitraria” en la autonomía de la fiscalía, sino que busca un “mecanismo de solución a este problema o colapso institucional” con la finalidad de brindar una “respuesta y salida constitucional” a la “grave crisis funcional” que atraviesa el Ministerio Público.
Tras insistir que su proyecto “busca restablecer condiciones mínimas de legitimidad y confianza”, la bancada afirma que concluido el plazo de “reorganización”, se restituirá el funcionamiento ordinario del Ministerio Público.
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