El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la posible creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte desde diciembre del 2022.
“Si es que alcanza la mayoría, entiendo que en la Cámara de Diputados sigue siendo 45 votos como mínimo y creo que los votos los tienen. Si se instala, a buena hora, que se sepa la verdad”, dijo este viernes a Canal N.
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El pronunciamiento ocurre tras la formalización de una iniciativa legislativa por parte de la bancada Ahora Nación, la cual busca analizar las gestiones gubernamentales y las actuaciones del orden público.
Alejandro Muñante enfatizó la necesidad de que cualquier indagación parlamentaria sea técnica y objetiva para evitar sesgos ideológicos. Indicó que el principal problema de las comisiones creadas por sectores políticos específicos es el riesgo de generar resultados parcializados por agrupaciones que las impulsan.
“Fui uno de los críticos que se denuncie a Dina Boluarte durante su gestión anterior por el tema de las protestas, no por salvar a Dina Boluarte, si no porque más bien entendía que quienes la denunciaban la estaban salvando porque saben perfectamente que a una presidenta en funciones no se le puede acusar por ningún delito fuera del artículo 117 de la Constitución (...) Ahora que la presidenta Dina Boluarte no está en el poder, ahora sí presenten las denuncias. Si realmente buscamos justicia, hay que hacerlo en el momento adecuado, donde no existe ninguna protección legal para que estos funcionarios respondan ante la justicia”, aseveró.
El representante de Renovación Popular expresó su respaldo a la idea planteada por la presidenta Keiko Fujimori sobre una comisión técnica externa al Congreso ya que, según opinó, esto permitiría neutralidad en las investigaciones que incluso podrían determinar responsabilidades políticas.
Pedido para crear comisión investigadora de muertes en protestas
La moción presentada por Ahora Nación propone un plazo de 90 días hábiles para que el grupo especial determine las responsabilidades por la muerte de civiles en enfrentamientos registrados en Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
El documento, que detalla un total de 60 fallecidos y casi dos mil heridos, deberá ser analizado inicialmente por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados. Tras este trámite, la propuesta será sometida a debate y votación final en el pleno de la Cámara Baja del Congreso Bicameral para definir su instalación formal.
