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Aunque Alejandro Soto (APP), presidente del Congreso, ha intentado minimizar las nuevas denuncias en su contra atacando a la “prensa limeña”, su situación se complica cada día más. La Fiscalía de la Nación le abrió el último miércoles una investigación preliminar por presuntamente ser el auto del delito de concusión.
Aunque Alejandro Soto (APP), presidente del Congreso, ha intentado minimizar las nuevas denuncias en su contra atacando a la “prensa limeña”, su situación se complica cada día más. La Fiscalía de la Nación le abrió el último miércoles una investigación preliminar por presuntamente ser el auto del delito de concusión.
La medida también comprende a Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, quien se desempeña desde agosto del 2021 como personal técnico de la oficina de Soto.
Según informó “Cuarto Poder”, Contreras Cabezas fue la encargada de recolectar las donaciones “voluntarias” de S/50 de los trabajadores del despacho del parlamentario para cubrir los gastos de publicidad en sus páginas de Facebook e Instagram. Por medio de estas plataformas, el apepista dio a conocer sus proyectos de ley, las actividades que cumple en la semana de representación y sus posturas políticas.
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De acuerdo a Biblioteca de Anuncios de la empresa Meta, Soto pagó para que 90 de sus publicaciones lleguen a un público más amplio.
La persona que realizó la mayoría de las transferencias, según la misma plataforma, fue Contreras Cabezas.
La pesquisa abierta por el Ministerio Público se dio horas después de que la Procuraduría General del Estado denunciara a Soto.
Al respecto, el procurador general del Estado, Daniel Soria, explicó que existen “conductas similares” entre la situación que involucra al presidente del Congreso con la de otros parlamentarios que fueron objetivo de investigación, en referencia a Katy Ugarte, de Unidad y Diálogo. Ella habría recortado el salario a sus trabajadores para pagar propaganda en diarios del Cusco.
Soria, en declaraciones a la prensa, dijo que la Fiscalía de la Nación deberá llamar a declarar a los trabajadores de la oficina de Soto, con el objetivo de determinar si realmente hubo o no una conducta voluntaria en los aportes o si estos se brindaron después de “algún tipo de presión” o inducción “del jefe”.
“La investigación fiscal busca la verdad y ver si ha habido un presunto delito o no, todos somos iguales ante la ley, no hay privilegios, todos tienen que ser investigados bajo la misma vara, tanto si se ejerce una alta función o si se es un servidor público común y corriente”
Daniel Soria Procurador general del Estado
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Contraloría también lo investiga
De otro lado, el contralor Nelson Shack refirió que su institución ya ha acreditado a una comisión que evalúe la contratación de Yeshira Peralta Salas en la oficina de Soto.
Peralta Salas es la tía del hijo de Soto que nació a mediados del año pasado.
“Hemos intervenido, esta es una investigación que ahorita está en reserva, pero claramente hay un problema moral y de ética, se debe deslindar responsabilidades en los fueros pertinentes, la contraloría hará su trabajo”, subrayó.
Peralta Salas trabajó hasta inicios de agosto como auxiliar en el despacho de Soto. Este último ha referido que la incorporó antes de sostener una relación sentimental con su hermana, la abogada y deportista Lizeth Peralta Salas. No obstante, la mantuvo por casi un año en el puesto, a pesar de que tras el nacimiento de su hijo ya existía una relación de afinidad.
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El desarrollo de la pesquisa
"El delito por el que se le investiga a Soto es concusión, que implica abuso de la función pública para obligar o inducir. Si hay una relación de empleador y empleado entre el presidente del Congreso y los que han hecho los pagos, es evidente que la posición de subalternos los pone en desventaja. Cualquier referencia de Soto a que ellos hagan estos pagos se puede considerar una inducción"
José Ugaz Ex procurador anticorrupción
El ex procurador anticorrupción José Ugaz consideró que la Fiscalía de la Nación tendrá que citar a todas las personas que han participado en los chats mostrados por “Cuarto Poder”.
También refirió que deberá determinar si hubo o no siquiera una sugerencia de Soto para que sus trabajadores realicen este “donativo” para pagar su pauta publicitaria en redes sociales.
“Mire, el delito por el que se le investiga a Soto es concusión, que implica abuso de la función pública para obligar o inducir. Si hay una relación de empleador y empleado entre el presidente del Congreso y los que han hecho los pagos, es evidente que la posición de subalternos los pone en desventaja. Cualquier referencia de Soto a que ellos hagan estos pagos se puede considerar una inducción”, remarcó a El Comercio.
Ugaz también indicó que el Ministerio Público puede ampliar la investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y de peculado de uso. Esto a raíz de que trabajadores de la oficina del apepista respondieron, a través de cuentas falsas, a ciudadanos que en redes sociales criticaron al político cuzqueño.
“Las instalaciones y el personal del Congreso son pagados para las funciones y actividades parlamentarias, no para realizar gestiones a favor de la persona de Soto. El Ministerio Público también debe investigar el hecho de las cuentas falsas”, mencionó.
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El artículo 382 del Código Penal establece que la concusión se castiga con prisión no menor de dos ni mayor de ocho años, así como la inhabilitación para la función pública.
La abogada penalista Liliana Calderón indicó que la Fiscalía de la Nación debe solicitar que se levante el secreto bancario de Contreras Cabezas, con el objetivo de conocer cuánto dinero recaudó para pagar la publicidad de Soto en redes sociales y desde cuándo.
“Sí, definitivamente se debe conocer cuál ha sido el volumen de dinero que se ha ingresado, y también hacía dónde se ha destinado estos recursos. Por supuesto que lo pueden pedir. El Ministerio Público en esta fase también puede solicitar el impedimento de salida del país”, expresó a este Diario.
Calderón dijo que los trabajadores de Soto, que han declarado que el dinero fue entregado de manera voluntaria, están en una “posición de desventaja” frente al congresista, porque su trabajo depende de este.
“Lo que debe quedar claro es que no está bien que un trabajador realice este tipo de donaciones”, acotó.
La abogada también consideró que existen indicios para que la Fiscalía de la Nación amplíe las investigaciones a Soto por peculado de uso.
Por su parte, el abogado penalista Vladimir Padilla dijo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está actuando “sin diferenciar a las personas ni los cargos”.
“Como lo hizo con el expresidente Pedro Castillo, ella le ha abierto investigación al presidente del Congreso en razón de que existe una sospecha de un presunto delito”, añadió.
Padilla, en diálogo con El Comercio, indicó que se debe citar a todas las personas que han trabajado con Soto, tanto en oficina como en comisiones a lo largo de los dos años que lleva este Parlamento.
El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), dijo que el Parlamento no puede estar cambiando de titular. Y agregó que el fujimorismo no respaldará la moción de censura contra Soto que alista el legislador Roberto Sánchez, de la izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
"Por una investigación preliminar, por titulares de prensa o por que se crea, no vamos a cambiar presidente del Congreso, lo ha dicho ayer el vocero no vamos a apoyar esa moción mientras las evidencias que tengamos solo sean presunciones", enfatizó en RPP Noticias.
Guerra García intentó minimizar los cuestionamientos contra Soto, al referir que parte de hacer política es hacerlo en Facebook, que a la investigación abierta por concusión no lo hace culpable y que el juicio que enfrentará para definir si paga o no una reparación a una empresa que lo acusó por estafa es en el fuero civil y no penal.
Incluso, afirmó que el presidente del Congreso no incurrió en un conflicto de interés al votar a favor de la llamada “ley impunidad”, que luego utilizó para lograr la prescripción de un juicio por presunta estafa.
La portavoz de Avanza País, Norma Yarrow, indicó que le gustaría conversar con Soto y que le explique qué ha pasado respecto a la denuncia por presunto recorta de salario a sus trabajadores.
Respecto a la censura, Yarrow opinó que está es promovida por “caviares” y sostuvo que existe “un ensañamiento” con la Mesa Directiva.
Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada APP, Eduardo Salhuana, pero no respondió a nuestras llamadas.
Quien sí contestó fue el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, quien refirió que su partido respeta la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación a Soto. Sin embargo, remarcó a pesar de este hecho, la agrupación fundada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, mantiene su apoyo al presidente del Congreso.
Valdez negó que dentro de APP exista una corriente que evalúa la salida de Soto de la Mesa Directiva.
“El que declara una responsabilidad penal es el Poder Judicial, le pedimos al Ministerio Público que termine la investigación en el más breve plazo posible”, finalizó.
Fuentes cercanas del apepismo señalaron a este Diario que un sector de la bancada ha optado por guardar silencio ante los medios de comunicación, porque no quieren asumir una defensa del presidente del Congreso.
Otras fuentes contaron que Acuña Peralta no le ha bajado el dedo a Soto y, por el momento, mantiene su apoyo a este.
La censura aún no tiene las 20 firmas
El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) dijo que las adhesiones a la moción de censura contra Soto que impulsa no son a nombre de las bancadas, sino de congresistas “que actúan por razones de principios”. Agregó que aún no ha logrado reunir las 20 firmas necesaria para su presentación, porque la mayoría de parlamentarios está en sus regiones por la semana se representación.
“Es necesario ya parar esta crisis, nos toca a los congresistas la responsabilidad de principios. Todos debemos allanarnos al ojo público, la justicia e idoneidad. Soto debe dar un paso al costado, renunciar y los congresistas elegir a una o un congresista con idoneidad”, manifestó en breve diálogo con este Diario.
Sánchez- investigado por el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo-cuestionó que “la coalición mayoritaria” mantenga su “blindaje” al presidente del Congreso.
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