Aníbal Torres: las claves del caso por el que la Comisión Permanente recomienda inhabilitarlo por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el martes último un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar de la función pública por 10 años al exprimer ministro Aníbal Torres.

El documento lo acusa de infringir los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política, sobre el deber de respetar el ordenamiento jurídico y las atribuciones del Consejo de Ministros.

En un inicio, la denuncia contra Torres - presentada por el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) en agosto del 2022- también fue por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y motín, por haber incitado a la violencia contra los opositores del gobierno de Castillo, pero la subcomisión desestimó ese extremo en junio del 2023.

El caso pasará al pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria que decidirá si inhabilita a Torres o archiva la acusación.

El informe será sustentado en el pleno por Martha Moyano (Fuerza Popular), quien es la congresista delegada del caso; y Lady Camones (Alianza para el Progreso), por ser la presidenta de la subcomisión.

En la Comisión Permanente, el informe contra el exprimer ministro recibió 15 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Los votos a favor fueron de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. En tanto, la oposición fue principalmente de legisladores de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y de Francis Paredes (Podemos).

Solo los representantes de Perú Libre votaron divididos: Margot Palacios lo hizo en contra, mientras que Isaac Mita y Segundo Montalvo marcaron en abstención.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

El informe concluyó que Torres realizó sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros “sin marco constitucional y legal” y con objetivos “distintos a los previstos para dicho órgano”.

El documento precisa que las sesiones descentralizadas no se realizaron para aprobar políticas públicas o tomar otras decisiones de gobierno.

El Comercio reveló en el 2022 que las actas de 11 de los 14 consejos de ministros descentralizados organizados en diversas regiones solo muestran agendas e informes escuetos, pese a que fueron sesiones que se extendieron por varias horas.

Además, no se observaron mayores diferencias en la redacción de cada una de las actas.

Torres ha señalado que los consejos descentralizados se llevaron a cabo para que “el pueblo se exprese”. No obstante, el informe aprobado por la Comisión Permanente precisa que eso “no forma parte de las atribuciones de un sesión de Consejo de Ministros, sin perjuicio que el Poder Ejecutivo [...] pueda presentar una iniciativa legislativa que cree un espacio” para ese fin.

El documento también concluyó que el exprimer ministro tuvo expresiones “contrarias al parámetro del correcto ejercicio, en calidad de funcionario público, del derecho de opinión y libertad de expresión”.

En agosto del 2022, Torres azuzó a dirigentes de organizaciones sociales a manifestarse en Lima hasta “arrodillar a los golpistas”.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, [...] trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos” , dijo durante una reunión con dirigentes de diversas organizaciones sociales, realizada en Palacio de Gobierno.

Torres se ausentó de la sesión del martes último, pese a que fue convocado para ejercer su derecho a la defensa.

El exprimer ministro argumentó que no tenía sentido defenderse ante “un acto puramennte institivo de condena a quien consideran su adversario”.

Además, ha señalado que se le acusa constitucionalmente por ejercer su derecho a expresarse y cuestionar la conducta de congresistas de oposición a la gestión de Castillo.