Funcionario nombrado en gestión de Alejandro Soto y vinculado a APP allanó el camino para su blindaje

De las tres denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), solo una pasó a etapa de investigación en la Comisión de Ética (por su voto a favor de la ley de prescripción). Los expedientes referidos al uso de sus trabajadores para mejorar su imagen en redes sociales y atacar a sus adversarios y a la contratación de la tía de su hijo en su oficina pasaron al archivo.

Precisamente, en este último caso, un alto funcionario del Parlamento, nombrado durante la administración de Soto y cercano a APP, tuvo un rol clave para allanar el camino para el blindaje a favor del titular de la Mesa Directiva. Se trata de Jorge Luis Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

El 29 de agosto último- dos días antes de que la Comisión de Ética, conducida por Diego Bazán (Avanza País) iniciara de oficio indagación al apepista- la oficina de Torres Saravia ya había emitido el informe N°024-2023-OLCC-OM, a través del cual exculpaba al presidente del Congreso, al concluir que no existió nepotismo en la designación de Yeshira Peralta Salas como auxiliar en su despacho.

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Yeshira Peralta Salas es la hermana de la deportista y abogada Lizeth Peralta Salas, con quien Soto tiene un hijo de un año.

En el documento, citado en el informe de calificación de la comisión que declaró improcedente la acusación, la Oficina Legal y Constitucional estableció que “no existe ninguna irregularidad en la contratación” de Yeshira Peralta Salas.

El informe N°024-2023-OLCC-OM fue emitido a raíz de una solicitud hecha por el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien promovió sin éxito una moción de censura contra Soto.

El 19 de setiembre, la Oficialía Mayor del Congreso remitió a la Comisión de Ética el informe N°1075-2023-DRH-DGA/CR, suscrito por Narciso Montenegro Dávila, jefe del área de Asesoría Laboral Departamento de Recursos Humanos. Este documento presenta conclusiones similares al firmado por Torres Saravia. Es decir, no halló ninguna falta en el apepista.

Torres Saravia fue nombrado como jefe de Oficina Legal y Constitucional del Congreso el 21 de agosto, 10 días antes de que le abran indagación a Soto.

Antes el abogado fue asesor principal del parlamentario apepista Idelso García Correa hasta marzo de 2023. También fue consejero del secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez Farías, cuando este fue integrante del Congreso complementario, entre marzo de 2020 y julio de 2021.

Además, ha sido jefe de la Oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de la Libertad, durante las administraciones de César Acuña y Valdez Farías (2015-2018).

Y aunque Torres Saravia no es militante de APP, a inicios de 2021 hizo campaña en sus redes sociales a favor de la entonces candidatura de Acuña Peralta a la Presidencia.

Acceso negado

Fuentes cercanas al Bloque País- integrado por APP, Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Somos Perú- indicaron que, a mediados de setiembre, Soto, en diferentes reuniones dijo sentirse confiado en salir airoso en la Comisión de Ética sobre la indagación por la contratación de la tía de su hijo, al tener conocimiento sobre el informe suscrito por Torres Saravia.

A raíz de esta información, El Comercio solicitó el 17 de setiembre al Congreso, por medio de la Ley de Transparencia, acceder al informe final sobre el proceso administrativo contra el presidente del Parlamento por el caso de nepotismo a raíz de la contratación de Yeshira Peralta Salas.

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Tres días después, la Dirección General Parlamentaria, en respuesta, adjunto dos oficios, uno firmado por el congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, y otro suscrito por el procurador público del Parlamento, Manuel Peña, donde ambos refieren que no existe ningún informe sobre un proceso administrativo contra Soto.

Bazán refirió que, entonces, el proceso seguido contra el presidente del Congreso estaba en la etapa de indagación preliminar y “en consecuencia no se ha emitido un informe de calificación, el mismo que debe realizarse antes de pasar a una etapa de investigación, que de ser el caso daría origen a un informe final”.

Ni el parlamentario de Avanza País ni el procurador del Congreso hicieron referencia al informe N°024-2023-OLCC-OM, que había sido emitido dos semanas antes de la solicitud.

Apepista utilizó informes para su alegato

El 22 de setiembre, Soto Reyes presentó su alegato ante la Comisión de Ética sobre la denuncia en su contra por la contratación de la tía de su hijo. Para su defensa, el presidente del Congreso utilizó los dos informes detallados líneas arriba, entre ellos el emitido por Torres Saravia, cercano a APP y nombrado por su administración al frente de la Oficina Legal y Constitucional.

El apepista también indicó, en su escrito, que “no solo es inexistente la causal de nepotismo, sino que también se viene produciendo una indebida invasión a mi intimidad familiar”.

“Dicha violación se viene dando en atención a que imágenes de mi menor hijo que se han venido difundiendo con tal de tratar de justificar la existencia de una causal de nepotismo. Peor aún, se ha venido vulnerando la protección de un menor de edad”, agregó.

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Soto Reyes reiteró que cuando contrató a Yeshira Peralta como coordinadora de su oficina, él no tenía una relación con la hermana de esta, Lizeth Peralta Salas, con quien tiene un hijo.

“La señora Lizeth Peralta Salas no es ni ha sido mi conviviente ni mi esposa. Mantengo muy buenas relaciones con ella”, remarcó.

El presidente del Parlamento subrayó que Yeshira Peralta “renunció a su cargo frente al constante acoso de la prensa”.

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Sospecha y suspicacia

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes criticó que la Comisión de Ética haya solicitado un informe a otras entidades del Congreso sobre la contratación de Peralta Salas, cuando la secretaría técnica del referido grupo podía emitir una opinión sobre comportamiento moral de Soto sin necesidad de esos documentos.

“Han pedido una opinión de carácter jurídico sobre una materia que no es propiamente legal, la evaluación que tenía que hacerse era ética. ¿Por qué ha solicitado una opinión a una instancia [como la Oficialía Mayor] que no tiene ningún tipo de competencia sobre la materia en la que se ha pronunciado la comisión?”, manifestó a El Comercio.

Delgado Guembes refirió que desde el punto de vista legal no existía ningún impedimento para que Soto contratara a Peralta Salas, pero en lo moral “sí existe una condición rara”.

“El señor Soto afirma que él contrató a esta persona que luego termina siendo la tía de su hijo, él dice que después de haber designado entra en una relación con la hermana de esta, la que sería la madre de su hijo. No hay un vínculo matrimonial ni de convivencia, pero sí existe otro tipo de vínculo por el niño”, remarcó.

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También sostuvo que genera “sospecha y suspicacia” que el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, que fue contratado durante la administración del apepista, emita un informe que lo exculpa.

Delgado Guembes consideró fue “irregular” que la Comisión de Ética pidiera un informe a la Oficialía Mayor y que tome los argumento del otro documento suscripto por Torres Saravia.

Además, subrayó que se ha dado “un intercambio de favores” entre las bancadas del llamado Bloque País para proteger a Soto de dos denuncias graves, como la de la contratación de la tía de su hijo y el recorte de salario a sus trabajadores y el uso de cuentas falsas en redes para atacar a sus oponentes.

“Los que forman parte de esta alianza han optado por mantener la conducción del Congreso, han preferido el intercambio de favores”, acotó.

Este Diario se comunicó con Torres Saravia, quien contestó, pero al formularle la primera pregunta sobre el tema, colgó. Ya no respondió a las otras llamadas.

Más información

Soto Reyes afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión. Esta pesquisa se inició el 23 de agosto. Fuentes de El Comercio indicaron que en las últimas semanas se han realizado algunas diligencias, como la toma de declaración de los testigos.

El 22 de setiembre, la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) conformó una comisión investigadora por los presuntos plagios de Soto en sus tesis de maestría y doctorado.