René Zubieta Pacco

El congresista fujimorista presentó hoy un proyecto de ley que establece la denominada para quienes sean sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo. Así, plantea que las personas que reciban condenas por estos delitos sean inhabilitados a perpetuidad para ingresar o reingresar al sector público.

“Yo espero que así como los colegas del Frente Amplio salieron a felicitar la iniciativa de muerte civil para los corruptos, se pronuncien, apoyen e incentiven este proyecto de ley. Y también la izquierda peruana y los defensores de derechos humanos”, comentó Becerril a El Comercio.

Según dijo también el parlamentario, tras presentar el documento, conversó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y ella se expresó de acuerdo con el proyecto.

“Creo que hay dos temas fundamentales en el país, actualmente. Uno es el terrorismo, porque marcó un antes y después en la vida democrática del país. Otro problema grave en el país es la corrupción, que es una pandemia generalizada. Yo creo que en esos dos delitos está bien, en otros, desde mi punto de vista, no amerita la muerte civil”, agregó.

La iniciativa legislativa plantea dos modificaciones al Código Penal. Una sería al artículo 36, referido a la inhabilitación. Así, el numeral 2 diría: “Incapacidad o impedimento para ingresar o reingresar al sector público, obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.

Asimismo, se propone modificar el artículo 38, referido a la duración de la inhabilitación principal. “La inhabilitación prevista en el inciso 2 del artículo 36 será perpetua cuando el agente ha sido condenado por la comisión del delito de terrorismo tipificado en el Decreto Ley 25475 y por el delito de apología del terrorismo previsto en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal”.

--“Actuaron en contra del Estado”--
En la exposición de motivos del proyecto de ley, Héctor Becerril señala que su iniciativa “busca que las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo sean inhabilitadas de manera permanente para ingresar o reingresar al sector público, obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.

En ese sentido, considera que “los condenados por delitos de terrorismo han actuado en contra del Estado, demostrando una clara animadversión en contra del mismo. Dichas personas podrían aprovechar su posición dentro del Estado para continuar dañándolo en la administración pública”.

Asimismo, recuerda que hay antecedentes de carácter legal que prohíben el acceso a contratos o designaciones en la administración pública. Por ejemplo, menciona la Ley de Reforma Magisterial o Ley N° 29944, de noviembre del 2012, que dispone que para participar en el concurso público por una plaza docente se requiere “no haber sido condenado ni estar incurso en el delito de terrorismo, apología del terrorismo”, entre otros delitos. Finalmente, advierte que su proyecto de no significará gastos al erario nacional.

(Foto: Archivo El Comercio)

Lee el proyecto de ley.

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