La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez abandonó el territorio nacional con destino a México la medianoche de este viernes 7 de agosto, luego de que el gobierno de Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto y restableciera las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta decisión ha generado una inmediata respuesta en el Congreso bicameral, donde diversos representantes han manifestado sus posiciones sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la situación judicial de la exfuncionaria.
Desde la bancada de Renovación Popular, el diputado Aldo Bravo expresó su rechazo a la celeridad del proceso. “Como Diputado de la República, y habiendo jurado defender al Perú frente al avance del comunismo, no puedo guardar silencio frente al salvoconducto otorgado a Betssy Chávez (entre gallos y medianoche), quien ya cuenta con una sentencia por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.
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Asimismo, el parlamentario advirtió que “la democracia no puede ser boba ni la justicia puede quedar relegada por decisiones políticas, diplomáticas o, lo que es peor, ‘chantajes’”.
En contraste, la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, defendió la medida como una obligación institucional. “El otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez siempre fue una exigencia del Estado de derecho. Su denegación arbitraria, respaldada en su momento por el pacto mafioso, afectó nuestras buenas relaciones con el hermano país de México y significó el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales”.
Por su parte, el vocero de la misma agrupación, Ernesto Zunini, saludó la decisión señalando que “la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez se ajusta plenamente a derecho y a los tratados internacionales sobre asilo diplomático”.
La senadora del Partido del Buen Gobierno, Nora Bonifaz, coincidió en que este salvoconducto debió entregarse con anterioridad. “Desde mi punto de vista debió haberse dado hace tiempo. Era un derecho que el Estado concede a partir de los mismos principios del comunicado que ha dado la Cancillería”.
Bonifaz agregó que le parece “excelente porque un caso como este no puede entorpecer nuestras relaciones con México que son tan importantes de ida y de vuelta”.
En una línea similar, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, precisó que “el convenio de asilos no hace distinción entre la condición jurídica de la persona si está sentenciada o está siendo investigada”.
Finalmente, el senador Percy Osorio de Juntos por el Perú puso énfasis en la soberanía estatal y la responsabilidad penal. “Es decisión de la señora Keiko Fujimori dar el salvoconducto a Betssy Chávez. Lo que me interesa es las buenas relaciones que debe tener Perú con todos los países latinoamericanos”. No obstante, aclaró que “si uno ha cometido un error, debe pagar es de acuerdo a las normas que existen en nuestro país”.
Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú y familia directa de Pedro Castillo, saludó el salvoconducto a favor de Betssy Chávez y lo calificó como un primer paso para lograr la libertad del exmandatario. “Es el primer paso para posteriormente pedir el indulto o consolidar el indulto a Pedro Castillo. Se evaluará en su momento”, expresó.
Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular, respaldó la decisión del Gobierno a favor de Chávez Chino. “Lo que se está valorando son acuerdos internacionales que van a servir a ambos países, Perú y México”, comentó a Canal N.
Otorgamiento del salvoconducto y condena judicial contra Betssy Chávez
La Cancillería infromó que la entrega del salvoconducto a favor de Betssy Chávez se realizó en estricto cumplimiento de los artículos V y XII de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. El canciller Carlos Espá informó que el Estado peruano actúa bajo el principio del imperio de la ley y el respeto a los compromisos internacionales, independientemente de la situación legal interna de la asilada.
La situación jurídica de Betssy Chávez en el Perú está marcada por una condena de 11 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el expresidente Pedro Castillo.
Además de esta condena, la ex primera ministra afronta investigaciones adicionales por parte de la Fiscalía de la Nación, incluyendo denuncias en el Área de Enriquecimiento Ilícito.
