Dina Boluarte: ¿Qué congresistas la blindaron en denuncia fiscal por Caso Rolex y cuál es el impacto?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por María Acuña (APP), aprobó archivar la denuncia que la fiscalía presentó, en mayo del 2024, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

La decisión se tomó con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones luego de un breve debate en el que solo intervino un legislador. El blindaje a la jefa de Estado ocurrió con la mayoría de votos de Fuerza Popular.

El informe final será remitido a la Comisión Permanente del Congreso que deberá ratificar o no el sentido de la votación.

El informe que libró a Boluarte Zegarra de una acusación constitucional fue sustentado por la parlamentaria Nilza Chacón (Fuerza Popular), delegada del caso.

La congresista sostuvo que no procede la denuncia fiscal contra Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido relojes de alta gama y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Chacón argumentó, además, que la presidenta solo puede ser acusada durante su mandato en los supuestos expresamente contemplados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos. En esa línea, señaló que formular una acusación fuera de estos supuestos vulneraría el principio de legalidad y constituiría una infracción constitucional.

La parlamentaria también sugirió que el Congreso evalúe si la propia Fiscalía de la Nación ha vulnerado la Constitución al presentar la denuncia.

La legisladora fujimorista agregó que la acusación de la Fiscalía de la Nación respondería a fines políticos.

“Permitir que prospere una acusación en estas circunstancias equivaldría a extender las facultades del Ministerio Público y del control parlamentario afectando la separación de poderes”, señaló la congresista Chacón al sustentar su informe.

“Por las razones expuestas es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta”, concluyó.

Fechas claves de la investigación en la SAC:

Breve debate

En el debate solo participó el legislador Edgard Reymundo (Bloque Democrático), quien criticó que se haya recomendado archivar la denuncia contra Boluarte cuando el caso cuenta con “fundados y razonables elementos de convicción”.

Reymundo opinó que la postura de la parlamentaria de Fuerza Popular es un drástico cambio de criterio y responde a un hecho político. “Los que perdieron las elecciones en el 2021, hoy gobiernan a través de la señora Boluarte [...] Con sus votos evidencian que este es un gobierno de Fuerza Popular y sus aliados [...] En realidad falta rigurosidad en este informe”, dijo.

Así votaron:

En diálogo con El Comercio, la parlamentaria Nilza Chacón defendió su posición y rechazó que haya un blindaje a la mandataria Boluarte.

“El fiscal de la Nación puede investigar a un presidente de la República, eso no está prohibido, puede hacer una investigación preliminar [...] Me basé en el artículo 117, que me prohíbe hacer una acusación contra la mandataria en funciones [...] Aquí no se trata de blindar a nadie sino de hacer prevalecer la norma”, añadió.

Tras conocer la decisión de la SAC, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta se pronunció en X (antes Twitter): “¡¡¡Caso ROLEX archivado!!! La condición de procedibilidad del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República ha sido negada a la Fiscalía de la Nación”, escribió.

En diálogo con El Comercio, los penalistas Gilmar Andía, Luis Vargas Valdivia y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi señalaron que se trata de una decisión que no sorprende y que deja en evidencia a los aliados de Boluarte.

Los tres abogados indicaron que el camino es que se vuelva a presentar otra denuncia constitucional con elementos nuevos cuando el mandato de Boluarte concluya y haya un nuevo Congreso.

Andía opinó que si se hubiese tratado de Pedro Castillo no se habría hecho una interpretación tan rigurosa del artículo 117 de la Constitución.

Añadió que ahora el caso no podría llegar a la etapa preparatoria, que es un paso antes de la acusación penal. Bajo su análisis, es hasta donde habría podido llegar la fiscalía si se aprobaba la denuncia debido a que un presidente no puede ser acusado por delitos que no prevé el artículo 117 de la Carta Magna.

Para Vargas Valdivia, la consecuencia es que la presidenta no puede ser procesada hasta que culmine su mandato.

El exprocurador consideró que este es el caso más contundente que hay en contra de la presidenta. Y que esta decisión no va a impactar a la investigación penal contra Boluarte y el gobernador Wilfredo Oscorima y que solo la deslegitima aún más.

Rospigliosi, a su turno, la consideró una victoria temporal de la presidenta. No obstante, subrayó que basta con una sola prueba nueva para presentar una segunda denuncia constitucional cuando se instale el nuevo parlamento.