Caso Valkiria VI: ¿Quiénes son los congresistas involucrados en la investigación contra la presunta red de Patricia Benavides?

Conforme avanzan las indagaciones fiscales sobre la presunta red de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides van apareciendo más nombres en la trama, especialmente en el Congreso. La revelación sobre el contacto con legisladores no solo ayuda a explicar los intereses de Benavides, sino que también permite entender los intereses particulares que predominaron en la agenda legislativa durante el último año.

En la última resolución judicial que permitió una serie de allanamientos, se detallaron algunos nombres de congresistas detectados en la investigación que lleva a cabo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual es encabezado por Marita Barreto. Una recopilación de los nombres determinaría que los implicados provienen de ocho de las 12 bancadas que existen en la actualidad en el Parlamento.

Este Diario ha podido ubicar hasta 12 nombres de legisladores señalados con vinculaciones directas que implican visitas, proyectos de ley, denuncias constitucionales y votaciones. La cifra puede ser mayor si se toma en cuenta que otros parlamentarios aparecen en chats, pero sin ningún tipo de desarrollo sobre acciones concretas, al menos no hasta la actualidad.

En la última resolución judicial de allanamientos, apareció por primera vez en esta trama el nombre del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, con un hecho particular ocurrido cuando era tercer vicepresidente de la Mesa Directiva.

En la parte donde se relata cómo Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides, indica que la estrategia a seguir era elegir a Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo y que no habría mayor problema con ese nombramiento, porque quien presidiría la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, era el titular del Tribunal Constitucional.

En ese contexto, la sustentación del equipo fiscal que investiga el caso apunta: “Días antes, el 4 de mayo del 2023, el congresista Alejandro Muñante presentó –en calidad de autor principal– el proyecto Nº 4890/2023-CR, respecto a la ley que modifica los artículos 71 y 73 de la Ley Nº 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”.

El proyecto en mención no ha sido aprobado hasta la fecha. Al respecto, Muñante refirió que su iniciativa solo buscaba asegurar que la comisión especial encargada de la elección de la JNJ no se quede descabezada cuando el defensor del Pueblo cumpla su mandato y el Congreso pueda demorar en la designación de un reemplazo. En la elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo, Muñante marcó en abstención.

La legisladora Patricia Chirinos, también es señalada en la resolución judicial. La sustentación del equipo fiscal apunta que la representante de Avanza País presentó la denuncia constitucional –y una ampliación– contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. En esa misma línea, se apunta que la legisladora Gladys Echaíz (Renovación Popular), quien sostuvo reuniones con Villanueva, también hizo suya una denuncia contra Ávalos. El equipo de Benavides buscaba la inhabilitación de Ávalos, a quien incluso calificaban como “lagarta” en alusión al exmandatario Martín Vizcarra.

Otro parlamentario cuyo nombre aparece en medio de la trama y ha llamado la atención es César Revilla (Fuerza Popular). Según el testimonio de Jaime Villanueva, el legislador fujimorista habría ayudado en generar reuniones para conseguir votos a favor de la inhabilitación de Ávalos.

“Mi posición es clara. En esa época he sido vocero y he recibido a todas las personas que han solicitado cita. Jamás he aceptado que me propongan nada ilegal, jamás he canjeado mis votos”, refirió Revilla a El Comercio.

De los 12 legisladores involucrados en la trama, nueve votaron a favor de la inhabilitación de Ávalos. Mientras que ocho de los mismos 12 votaron a favor de la cuestionada elección del defensor del Pueblo.

El analista político José Carlos Requena aseguró que el Caso Valkiria VI es una muestra de las “agendas subalternas” que existen en el Congreso. “Es una tendencia que ha ido agudizándose. Se enfocan en empujar agendas particulares y negocian con otros grupos con base en pactos de convivencia”, explicó Requena.