Martín Calderón

La abogada y comunicadora dejó su cargo como jefa de Comunicaciones del menos de cinco meses después de asumirlo. Su renuncia, presentada el martes pasado, se produjo tras la revelación de “Cuarto poder” sobre una disputa legal en la que enfrenta a su madre y sus hermanos.

Aramayo regresó al Congreso el 16 de octubre de 2023 como funcionaria de confianza. Antes, entre 2016 y 2019, fue congresista de Fuerza Popular. Su mandato terminó por la disolución del Parlamento el 30 de septiembre de 2019, ordenada por el entonces presidente .

Durante su tiempo en Fuerza Popular, enfrentó tensiones dentro de la bancada y se alejó del partido tras reconocer públicamente que el grupo había sido “absolutamente reactivo” y admitir la falta de una agenda clara. La salida no fue una renuncia formal, ya que había ingresado como invitada en las elecciones de 2016 sin registrarse como militante. Su elección permitió al fujimorismo recuperar una curul en Arequipa después de 15 años.

Su postulación al Congreso con Fuerza Popular fue su tercer intento por alcanzar un cargo de elección popular. Y el único que tuvo éxito.

Previamente postuló a la alcaldía provincial de Arequipa en el 2016 con el movimiento regional Fuerza Arequipeña. También al cargo de regidora provincial de Puno en 1998 con el Movimiento Independiente Vamos Vecino, sin resultado favorable.

Militancia en APP

En diciembre de 2021, ya distanciada del fujimorismo, se afilió a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, como luego hizo su excompañero de bancada Héctor Becerril.

También estuvo afiliada al Partido Popular Cristiano (PPC) entre el 2014 y el 2015.

Bajo la dirección de APP en el Congreso desde julio de 2023, Aramayo fue designada para liderar la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la institución, un cargo que ahora deja en medio de la controversia.

Fuentes de El Comercio informaron que, el último martes, Aramayo se retiró temprano del Congreso. Añadieron que no acudió hoy y que la exjefa de Comunicaciones del Parlamento Marlene Alburqueque ha asumido sus funciones.

Cuestionamientos y discrepancias internas

Durante su corto tiempo como jefa de Comunicaciones, Aramayo fue citada por la Comisión de Fiscalización en enero, en medio de cuestionamientos a su labor. Esto ocurrió después de que la cuenta oficial del Congreso en X (antes Twitter) publicara informes periciales sobre el asesinato de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal.

Durante la gestión de Aramayo como jefa de Comunicaciones, el Congreso publicó información sensible sobre el asesinato de Andrea Vidal.
Durante la gestión de Aramayo como jefa de Comunicaciones, el Congreso publicó información sensible sobre el asesinato de Andrea Vidal.

Ante Fiscalización, Aramayo responsabilizó de la publicación a un asesor del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP). Agregó que ella no autorizó que se difundieran esos documentos.

Previamente, fuentes de este Diario contaron que había choques entre el área de Comunicaciones que manejaba Aramayo y el equipo de Salhuana por el control de la información.

El caso de Vidal no fue el único que generó desencuentros. Días antes, el Congreso había utilizado su cuenta en Twitter para desmentir al primer ministro Gustavo Adrianzén respecto a la presentación de observaciones de una ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Con esta publicación, el Congreso desmintió al primer ministro, luego de que este asegurase que el Ejecutivo había observado la ley sobre la detención preliminar.
Con esta publicación, el Congreso desmintió al primer ministro, luego de que este asegurase que el Ejecutivo había observado la ley sobre la detención preliminar.

Según fuentes de este diario, luego del tuit, la Presidencia del Consejo de Ministros expresó su incomodidad al despacho de Salhuana por el desmentido.

Ese mismo día, Salhuana ordenó que cualquier comunicado o publicación en redes sociales requiriera su aprobación. Aramayo intentó revertir esta decisión.

En enero pasado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dispuso que todas las publicaciones y comunicados del Parlamento pasen por su revisión antes de difundirse.
En enero pasado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dispuso que todas las publicaciones y comunicados del Parlamento pasen por su revisión antes de difundirse.

Falta de transparencia

Durante la gestión de Aramayo como jefa de Comunicaciones, este Diario del Congreso en el viaje que realizó Salhuana a China, en enero pasado.

El Parlamento no informó sobre las primeras actividades oficiales de Salhuana, a pesar de que él mismo consideraba el viaje como una prioridad. Durante dos días, los canales oficiales permanecieron en silencio sobre su agenda en el país asiático.

Además, aquella vez el Congreso no comunicó oficialmente que, aunque Salhuana adelantó su retorno al país, dos congresistas y asesores de confianza permanecieron en China para visitar Shenzhen y Shanghái.

Tampoco precisó que, antes de concretar el viaje a China, Salhuana comunicó internamente que su despacho presidencial quedaba a cargo de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso y hermano del prófugo Vladimir Cerrón, como luego conocimos mediante pedidos amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Carta de despedida

En su carta de renuncia, dirigida a Salhuana, Aramayo señaló: “Lamento que en las últimas semanas algunos medios de comunicación hayan expuesto temas que solo competen al ámbito íntimo, privado y familiar, desnaturalizando hechos y faltando a la verdad”.

De acuerdo con Aramayo, decidió renunciar “como un acto de desprendimiento al trabajo encargado de fortalecer la imagen del Congreso de la República”. Agregó que “las instituciones están por encima de las personas”.

En los últimos meses, la imagen del Congreso se ha visto afectada no solo por las acciones y omisiones de sus legisladores, sino también por la presunta existencia de una red de prostitución que habría operado en su interior. Esta red estaría vinculada a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.



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