Comisión de Ética cierra filas y blinda a Alejandro Soto: los casos que decidió no investigar y quiénes lo salvaron

En menos de una hora, la Comisión de Ética Parlamentaria blindó ayer al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), y mandó al archivo dos denuncias en su contra referidas a la contratación de la tía de su hijo y al uso de sus trabajadores para mejorar su imagen en redes sociales y atacar adversarios. Solo llegó a proceder un expediente —que pasará ahora a etapa de investigación—, pero con una ajustada votación en la que fue necesario dirimir.

El primer caso que se abordó ayer contra Soto tiene que ver con la contratación de Yeshira Peralta Salas como coordinadora de su despacho congresal, quien es la hermana Lizeth Peralta, con quien el parlamentario tiene un hijo de un año de edad.

Pese a que ella trabajó en su oficina entre el 27 de julio del 2021 hasta el 31 de julio del 2023, Alejandro Soto Reyes ha buscado minimizar este hecho asegurando que la madre de su hijo “no es ni ha sido mi conviviente ni mi esposa”; y que la relación que inició con ella fue “fugaz” y comenzó después de la contratación de su hermana en su despacho.

La secretaría técnica de la comisión incluyó en su análisis dos informes congresales (de la Oficina Legal y Constitucional y del Departamento de Recursos Humanos) solicitados por el parlamentario Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), así como un informe de la Contraloría, en donde se indicaba que, a la fecha de la contratación de Yeshira Peralta Salas, en julio del 2021, no había causal de nepotismo ni otro impedimento.

Este informe de calificación, que recomendaba declarar improcedente la denuncia y pasarla al archivo, fue aprobado con ocho votos a favor, de Fuerza Popular, APP, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Avanza País. Con ello, la comisión envió el caso al archivo.

El informe, sin embargo, hace un análisis penal y legal, mas no por la conducta ética, tal como lo advirtió durante la sesión la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-JP), quien se abstuvo.

“(El informe se concentra) en la existencia o no de la figura del nepotismo, y ese no es el rol de una Comisión de Ética”, remarcó. “El análisis debió concentrarse en que, si esa presunta acción, generaba o no una afectación del Código de Ética”, agregó.

“La Comisión de Ética no ha blindado. (…) El informe de Contraloría es contundente y también de la parte administrativa del Congreso. Nosotros no podemos determinar que existió una responsabilidad ética porque las fechas, realmente, no coinciden”, señaló al terminar la sesión el presidente de la comisión, Diego Bazán.

El segundo caso que se abordó fue el referido a la ley de prescripción. El parlamentario se habría beneficiado a nivel judicial con la Ley N°31751, que reduce el plazo de prescripción, y para la cual votó a favor como vocero para su inclusión en la agenda, así como votó a favor en el pleno del Congreso.

En este expediente, el informe de calificación recomendaba declarar procedente e investigar esta denuncia. “Un hecho relevante que la comisión requiere conocer es la circunstancia, tiempo y oportunidad en que el congresista denunciado se habría beneficiado de la ley”, se indica.

El congresista Soto, hoy presidente del Congreso, ha asegurado que se no se benefició con esta ley debido a que su proceso ya había sobreseído y que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, en noviembre del 2019, lo había declarado prescrito.

“La resolución emitida fue apelada por la parte agraviada y, posteriormente la instancia pertinente declaró nula dicha resolución ordenándose se inicie un nuevo control de acusación, siendo esto así, entonces, porqué la defensa técnica del congresista denunciado presentó el día 14 de julio de 2023 una solicitud de excepción de prescripción cuando la Ley N° 31751 se encontraba en plena vigencia”, se lee en el informe.

Pero no solo ello. También se apunta: “Otro hecho relevante es que si el congresista denunciado inicialmente manifestó (…) que ya su proceso habría sido sobreseído, entonces, por qué razón acudió como imputado conjuntamente con su abogado, a la audiencia de juicio oral el día 21 de julio de 2023, que fue la fecha en el que su abogado en audiencia solicitó se declare la extinción penal por prescripción de manera retroactiva a favor del congresista denunciado”.

Sin embargo, ello no pareció ser de interés de los parlamentarios presentes en la sesión. Al momento de efectuar la votación, siete votaron en contra del informe, nuevamente votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial y Somos Perú. Otros siete se inclinaron a favor.

Al cierre de la votación, ante el empate, el presidente de la Comisión de Ética tuvo que dirimir a favor de que el caso sea investigado.

Por último, se abordó otro informe de calificación sobre el caso de trabajadores de su despacho, que tendrían que dar montos mensuales supuestamente “voluntarios” para contratar publicidad a favor de Alejandro Soto en redes sociales, así como defenderlo en pleno horario laboral y atacar adversarios en el ciberespacio, a través de cuentas falsas.

El informe de calificación recomendaba declarar procedente la denuncia e iniciar investigación.

“Es necesario determinar si el congresista Soto Reyes tenía conocimiento o no de las acciones que habría realizado su equipo técnico de despacho para resaltar su imagen política frente a la opinión pública, incluso atacando a otros congresistas representantes también de la región Cusco, máxime si al tratarse de trabajadores de confianza”, se indica en el documento.

Con los votos de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Perú Libre y Somos Perú, se envió al archivo el tema con ocho votos en contra del informe y apenas seis votos a favor. Ni siquiera se quiso investigar.

Hubo una reconsideración a este tema, planteada por la congresista Ruth Luque. Sin embargo, tampoco alcanzó la votación requerida.

Así las cosas, de los tres casos contra Soto que estaban en la agenda; solo se aprobó investigar lo referido a la ley de prescripción. Sin embargo, la ajustada votación da luces del futuro que deparará a esta —única— pesquisa.