

La Comisión de Ética del Parlamento aprobó por mayoría el informe de calificación que declara procedente la denuncia presentada contra la congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) por contratar a familiares en su despacho y el caso ‘mochasueldos’.
“La comisión considera que existen suficientes elementos de convicción que ameritan pasar a la etapa de investigación, a fin de determinar si las acciones de la congresista denunciada habrían infringido las normas de ética parlamentaria”, señala el documento.
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La denuncia contra la legisladora se sustenta en un reportaje periodístico emitido el pasado 11 de mayo, en el que presuntamente habría contratado a tres familiares como personal de confianza en su despacho congresal.
Asimismo, uno de ellos, se habría presentado como personal del Parlamento ante instituciones públicas. Por otro lado, tres extrabajadores denunciaron que la congresista habría solicitado dinero en efectivo al mes para realizar donaciones a su nombre.
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Según “Cuarto Poder”, la legisladora contrató a Jimmy Pinchi Pezo, su sobrino-nieto, como coordinador de su despacho. No registra ningún título universitario, pero recibe S/3.146 como remuneración.
Asimismo, su auxiliar, Edwar Rengifo Pezo, es también sobrino nieto de la parlamentaria. Su padre, Luis Rengifo Vásquez, sobrino directo de Lucinda, fue incluido en la declaración jurada de la legisladora.
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A él se le ha asignado un sueldo de más de S/3.600 mensuales por desempeñarse como auxiliar en el despacho de su tía. Tampoco tiene grado académico registrado en la Sunedu.
En tanto, Kenyi Castro Rivas es el tercer sobrino nieto de la congresista que trabaja en su despacho. Su madre es Cesit Rivas Vásquez y su abuela, Semira Vásquez Vela, la hermana de la congresista.
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Kenyi Castro es bachiller en ingeniería agroindustrial y desde diciembre del 2023 también fue contratado como técnico en la misma oficina. Recibe una remuneración de S/7.200.
Otros casos
Por otro lado, con 13 votos a favor se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra el congresista Luis Aragón (Acción Popular) por presuntamente haber intentado modificar los estatutos internos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Por lo tanto, se envió al archivo.
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También, con 14 votos a favor se rechazó de plano la denuncia contra el congresista José Elías Ávalos (Alianza para el Progreso) por presuntamente haber proferido una serie de expresiones ofensivas contra el prócer José Bernardo Alcedo como a los descendientes de los autores del himno nacional. Se envió al archivo.
Finalmente, con 12 votos a favor y 2 en contra se aprobó la reconsideración a la votación que abría denuncia de oficio contra el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) por expresar frases discriminatorias contra las mujeres científicas.
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Seguidamente, con 3 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones se desestimó la denuncia de oficio contra el parlamentario y se envió al archivo la denuncia contra el legislador fujimorista.
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