EleccionesEn la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se repite una constante de sus antecesores: la creación de comisiones extraordinarias. La proliferación de esa práctica casi duplica el número de grupos ordinarios (24) y demanda un costo –solo en planilla– superior a los S/8 millones en tres años.
El reglamento del Congreso fija que las comisiones especiales e investigadoras son excepcionales. A la fecha, en lo que va del actual período parlamentario, hay 22 grupos extras y lo que prima es el desorden y la falta de resultados.
En cuanto al desorden, son dos las principales aristas: demoras en la instalación y alta rotación. Ambos factores impiden que los grupos presenten sus resultados a tiempo y pidan constantes ampliaciones de plazo.
Un ejemplo es la comisión investigadora de constructoras chinas, aprobada por el pleno en marzo del 2022. Luego de su creación, ninguna bancada quiso nombrar a sus miembros, y pasaron seis meses hasta su instalación. Pasaron otros tres meses sin avances y se cambió al presidente del grupo.
Casi un año después, en setiembre del 2023, la comisión presentó un informe preliminar pidiendo ampliación de plazo por 60 días. El tiempo dado al grupo, que se cuenta desde la instalación en octubre del 2022 –según interpretación del Congreso–, era solo de 120 días. Es decir, sobrepasó el plazo inicial por mucho.
El Comercio identificó que, de las 22 comisiones extraordinarias existentes, casi la mitad (10) han cambiado de presidentes.
Esto tiene que ver con que dichos grupos de estudio son vistos como cuotas políticas de repartición de cargos en las bancadas, y como espacios adicionales de puestos para el personal de confianza.
En esto último coinciden los especialistas parlamentarios Carlos Maguiña y Alejandro Rospigliosi, ambos con la experiencia de haber trabajado dentro del Parlamento. “Muchos de los temas que ven las actuales comisiones especiales son materias que podrían ser abordadas en las comisiones ordinarias. Hay un grupo de Pro Inversión, por ejemplo, que se podría ver en Economía o en Producción. Pero sabemos que crean nuevas comisiones por un tema de asignación de personal”, refirió Maguiña.
En esa misma línea, Rospigliosi apuntó: “Las comisiones ordinarias pueden pedir facultades de comisión investigadora cuando lo crean necesario, y sin la necesidad de duplicar personal. En el tiempo ha quedado demostrado que las comisiones extras son una forma de pagar favores políticos a través de cupos de trabajo o incluso una manera de recortar sueldos a los trabajadores”.
“Este es el período legislativo en el que se registra el mayor número de comisiones extraordinarias”.
Carlos Maguiña, especialista en temas parlamentarios
—Escasos resultados—
La mayoría de comisiones extraordinarias busca acabar con un informe que no termina en ninguna acción específica. Otras pocas intentan justificarse con la presentación de proyectos.
La Comisión Especial Capital Perú lleva siete iniciativas de ley, mientras que la Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo lleva dos proyectos. En ambos casos, según los especialistas, se trata de temas que pudieron abordarse en grupos de trabajo dentro de las comisiones ordinarias.
Maguiña resalta otra problemática: se crean comisiones en temas en los que el Parlamento no tiene especialistas, y los congresistas tampoco buscan llenar el vacío. “Tenemos una comisión investigadora sobre el exceso de plomo en la sangre en Pasco. ¿Qué especialistas tiene el Congreso para determinar el nivel de contaminación del plomo?”, se preguntó.
“En una comisión ordinaria puedes crear grupos de trabajo y no se requiere más personal como en las comisiones especiales”.
Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios
La comisión investigadora de las elecciones del 2021 tuvo un informe final que fue cuestionado y no alcanzó los votos en el pleno. Para Rospigliosi, solo se amerita una comisión investigadora cuando es un tema de interés público transversal a las comisiones ordinarias, como lo fueron los grupos creados para indagar a Rodolfo Orellana y a Álex Kouri.
“Y reto a cualquiera a que me diga los resultados positivos que han tenido las comisiones especiales de seguimiento a la OCDE y a la Alianza del Pacífico”, afirmó Rospigliosi.
En este período también se sigue contando con una Comisión del Bicentenario y se acaba de crear un grupo de seguimiento a la Autoridad de Infraestructura, que aún no se oficializa.
Según los especialistas, solo se justifican las comisiones especiales para elegir al defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los directores del Banco Central de Reserva del Perú.
Al mes, el Parlamento desembolsa un promedio de 300 mil soles para las planillas de las comisiones especiales e investigadoras.
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