

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) pidió a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, evaluar su permanencia en el cargo tras el escándalo por el caso de las firmas falsas en la inscripción de los partidos políticos.
A través de un oficio dirigido a la titular de la entidad, expresó su preocupación frente a las recientes denuncias periodísticas que han puesto en evidencia presuntas irregularidades en el proceso de verificación de firmas para la inscripción de agrupaciones políticas.
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“Estos hechos, de comprobarse, no solo comprometen la legitimidad y credibilidad de la institución que usted preside, sino también afectan gravemente la confianza ciudadana en todo el sistema electoral nacional, incluyendo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, acotó.
Indicó que la gravedad de estas denuncias se acentúa considerando que nos encontramos en un año preelectoral, en el que está en juego la transparencia y regularidad del proceso para elegir al próximo presidente de la república, así como a senadores y diputados.
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“La eventual inscripción fraudulenta de organizaciones políticas, facilitada por omisiones o acciones cuestionables por parte del Reniec, pone en serio riesgo la legitimidad del próximo proceso electoral”, advirtió Soto Palacios.
Del mismo modo, refirió que también existe evidencia de la falsificación de huellas digitales de miles de ciudadanos, “situación que podría haberse evitado con un adecuado control” por parte del organismo a cargo de Velarde.
“Frente a la gravedad de los hechos y su impacto institucional, le solicito que evalúe con responsabilidad su permanencia en el cargo, considerando el daño ocasionado a la confianza pública y al sistema democrático”, sentenció.
Cabe indicar que a pocas semanas de iniciarse la campaña electoral, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos se empezaron a multiplicar en redes sociales desde el último fin de semana.
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La polémica surgió en un escenario político con 43 partidos inscritos para participar en las elecciones generales del 2026, 18 de los cuales lograron su inscripción entre el año pasado y este 2025.
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