Congresistas apuntan a Zoraida Ávalos : ¿Cuál es la situación de la Junta de Fiscales Supremos?

Tras la destitución de Pedro Chávarry y la suspensión de Tomás Aladino Gálvez, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público -máximo órgano en la administración y conducción de esta entidad autónoma- quedó con tres integrantes: Zoraida Ávalos (actual fiscal de la Nación), el fiscal supremo Pablo Sánchez y el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza (investigado por presuntos vínculos con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto).

Dicha conformación, podría verse nuevamente afectada por el interés que han mostrado algunos integrantes del Congreso de la República para remover a Ávalos Rivera, a través de una eventual denuncia por infracción a la Constitución. Esto, por no presentarse a informar sobre las medidas adoptadas tras revelarse que las fiscales provinciales Sandra Castro y Rocío Sánchez, se reunieron en el 2018, con el entonces presidente Martín Vizcarra.

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La intención de ir contra la cabeza del Ministerio Público se inició este miércoles, en la Comisión de Justicia del Parlamento, a través de los representantes de Fuerza Popular, Acción Popular, Frepap, Unión Por el Perú, entre otros.

Martha Chávez (FP), Carlos Mesías (FP), Omar Chehade (APP), Leslie Lazo (AP), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y otros cinco congresistas, votaron para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sea citada por tercera vez el próximo martes 9 de marzo. De no concurrir, procederán a denunciarla constitucionalmente por supuesta omisión a sus funciones.

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Por mayoría, la comisión aprobó que la citación se realice a las 9 a.m., luego que la fiscal de la Nación enviara un oficio señalando que no iba a acudir esta mañana a la segunda invitación por dicho caso.

A esto, se ha sumado la moción presentada por un grupo de parlamentarios de Acción Popular para que el Congreso de la República le exprese a Ávalos Rivera, su “extrañeza y malestar” por la gestión que viene realizando al frente del Ministerio Público.

El documento, al que accedió El Comercio, fue presentado a la mesa de partes y lleva las firmas de Ricardo Burga, Rolando Ruiz, Leonardo Inga, Carlos Oyola y Walter Rivera.

Burga Chiquipiondo dijo a este Diario que el documento debería ser debatido en la sesión del Pleno de este jueves.

“Es un primer paso, donde estamos llamándole la atención a la fiscal de la Nación, pues deja mucho qué desear sobre cómo ha actuado en el tema de Vizcarra, las vacunas y Cuellos Blancos y la lentitud sospechosa (…) Esto significa que el Congreso le expresa que no está contento con su trabajo y que debe dar un paso al costado”, indicó.

Según el parlamentario, aún no han querido plantear una denuncia constitucional, pero que lo analizarán si en caso tienen una respuesta negativa de parte de Ávalos.

¿Peligra la fiscalía?

Con todo ello, la situación de Zoraida Ávalos se ha puesto en riesgo si desde el Parlamento prosperan las intenciones de cuestionar su continuidad.

Pero, ¿cuál sería la situación de la fiscalía si Ávalos es apartada de su cargo?

Como ya se ha mencionado, solo tres fiscales supremos se encuentran como titulares. Ello, sin contar con el fiscal supremo titular Luis Arce Córdova, que por designación de la Junta de Fiscales Supremos se desempeña como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De dicho cargo solo podría ser reemplazado por otro fiscal, por una decisión de la misma junta.

Así las cosas, una posible salida de Ávalos, dejaría como únicos integrantes de la Junta de Fiscales supremos al fiscal Pablo Sánchez, quien ya ha desempeñado el cargo de fiscal de la Nación.

El otro integrante sería Víctor Rodríguez Monteza, quien viene desempeñándose al frente de la fiscalía suprema en materia civil.

El fiscal supremo es actualmente investigado por el mismo Ministerio Público y por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su vinculación al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según el constitucionalista Omar Cairo no debería prosperar una posible denuncia contra Ávalos, debido a que se está usando un mecanismo constitucional para un supuesto que no corresponde.

“La fiscal de la Nación solo está obligada a concurrir a una comisión investigadora, pero en este caso no se le puede amenazar constitucionalmente ya que no está infringiendo ninguna norma constitucional, ni cometiendo ningún delito si es que no se presenta”, dijo.

De otro lado, consideró que, si se retira a la fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos “correría un riesgo” por el número limitado de sus miembros.

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