
Los congresistas Flavio Cruz (Perú Libre), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Alfredo Pariona (Bancada Socialista) plantearon derogar la ley que destituye y prohíbe el retorno a la carrera pública magisterial de docentes condenados en primera instancia por terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.
Con el respaldo de sus bancadas, cada legislador presentó un proyecto de ley con ese objetivo entre el 23 y el 29 de enero pasado. Las tres propuestas ya se encuentran en manos de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre).
La ley que buscan derogar es la Nº 32242, promulgada por el Congreso el último 11 de enero. Esta establece la destitución automática, sin proceso administrativo, del director, profesor, auxiliar o personal administrativo de cualquier colegio público o privado condenado en primera instancia a prisión efectiva o suspendida por los delitos mencionados.
La norma también dispone que se impida su reingreso a la carrera pública magisterial. Precisa que quedará “inhabilitado permanentemente para desempeñar labores y prestar servicios” en colegios públicos o privados, “así como en las demás instancias de gestión educativa descentralizada”.
La ley partió de un proyecto legislativo presentado por el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso). La promulgó el Congreso debido a la inacción del Poder Ejecutivo, que no ordenó su publicación ni presentó observaciones en el plazo establecido.
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Previamente, cuando el proyecto de ley se discutió en la Comisión de Educación del Congreso, se solicitó una opinión técnica al Ministerio de Educación. Este calificó la propuesta como “no viable”.
Ya en el pleno del Parlamento, fue aprobada en primera y segunda votación el 7 y el 21 de noviembre pasado, respectivamente, pese a la oposición de Perú Libre, Bloque Magisterial, Bancada Socialista y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.
Los congresistas que buscan derogarla argumentan que la ley vulnera principios constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la pluralidad de instancia. Cuestionan que estipule la destitución automática sin sentencia firme.
Pariona precisó que busca la derogatoria de la ley “en defensa de los maestros”.
“No se puede permitir la destitución arbitraria del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo de un centro educativo público o privado, ni que se impida de manera discriminatoria su ingreso a la carrera pública magisterial. [...] [Busco] garantizar la eficacia del derecho al debido proceso en el ámbito de los procedimientos de destitución del personal de los centros educativos y en el acceso a la carrera pública magisterial”, señaló en la red social Facebook.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ha solicitado la derogatoria de la ley con argumentos similares. Apunta a presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Lo que está en juego es la protección de los niños”
El especialista en políticas educativas Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, señaló que una sentencia en primera instancia es causal suficiente para que el docente sea separado.
“El tema educativo es sumamente delicado. En la medida de lo posible hay que proteger a los estudiantes de todo riesgo. [...] En medio de todo, lo que está en juego es la protección de los niños y adolescentes. [...] Es correcto que [el profesor] sea separado. Pero si en procesos posteriores se demuestra su inocencia, podría reintegrarse”, dijo en diálogo con El Comercio.
En su opinión, la ley debe revisarse, mas no derogarse, para permitir el reingreso a la carrera magisterial si la justicia determina la inocencia del docente en instancia definitiva.
“Hay profesores que pueden estar acusados injustamente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si ya hay sentencia [en primera instancia], definitivamente hay que cumplir la ley”, dijo.
En tanto, el exministro de Educación Idel Vexler consideró que la ley debe ser reformulada.
“Hay que establecer que un profesor acusado, que tiene indicios de [haber cometido los delitos de] terrorismo o violación, debe ser separado de las aulas. Separar y destituir es distinto. [...] Coincido con el Sutep en que la persona debe pasar por todas las instancias que el Estado de derecho establece”, señaló.
Por su parte, María Isabel León, integrante del Consejo Nacional de Educación, destacó: “Mi impresión es que la norma busca proteger la seguridad e integridad de los estudiantes, sobre todo porque son menores de edad”.
La también expresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) agregó que el Ejecutivo “debió observar la ley dentro del periodo de sus facultades y devolverla con observaciones si se pensaba que una condena en primera instancia no es aún definitiva”.
“No ejerció su derecho a observarla y tampoco la promulgó, lo cual no deja de llamar la atención”, agregó.
El Parlamento se encuentra en receso hasta marzo, aunque las comisiones pueden celebrar sesiones extraordinarias.
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