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La Mesa Directiva del Congreso autorizó la compra de dos inmuebles por US$ 13,5 millones de dólares en el Cercado de Lima, propiedad del Banco de Crédito del Perú (BCP), el pasado 4 de marzo.
La decisión forma parte de un plan de infraestructura para la implementación de la bicameralidad, que se instaurará a partir del 2026, cuando el Parlamento estará conformado por 60 senadores y 130 diputados.
El Congreso prevé que no solo habrá un aumento en el número de legisladores, sino también en el personal administrativo.
Actualmente se registran alrededor de 3.500 funcionarios estrictamente dedicados a labores parlamentarias. En promedio hay 27 trabajadores por cada congresista.
Evaluación
Según documentos revisados por este Diario, en octubre de 2024, el entonces director general de Administración del Congreso, Carlos Pais, informó sobre deficiencias en la infraestructura del Parlamento para implementar la bicameralidad.
Pais recomendó la adquisición de un edificio ubicado en Jirón Lampa 445, en el Cercado de Lima, propiedad del BCP. Señaló que el tiempo para la implementación de la infraestructura es corto y construir una nueva edificación implicaría no solo adquirir un terreno, sino también elaborar el expediente técnico de obra, proceder a su ejecución y, finalmente, a su implementación.
Según explicó, esas etapas se podrían concretar después de la entrada en funcionamiento de las cámaras de senadores y diputados; es decir, demasiado tarde.
Pais renunció al Congreso en enero pasado, en medio del escándalo por presuntas contrataciones irregulares y una supuesta red de prostitución que habría operado en ese poder del Estado.
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Búsqueda inmobiliaria
Tras la exposición de Pais, la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), autorizó la búsqueda de inmuebles para la adecuación del Congreso al sistema bicameral. Como parte del acuerdo, se realizó una tasación del edificio del jirón Lampa.
La valorización, a cargo de la empresa GHL Servicios & Consultoría, fue determinada en US$ 14,35 millones. Luego, el Congreso se dirigió al BCP para ofrecerle US$ 13 millones. En respuesta, el banco presentó una contraoferta de US$ 13.5 millones, que finalmente fue aceptada.
Durante el proceso de análisis de alternativas, se evaluaron 11 edificios dentro de un radio de 1,5 kilómetros del Congreso. De estos, tres cumplieron los requisitos establecidos: el edificio Wiese, el edificio Popular y Porvenir y el edificio del BCP. Sin embargo, los dos primeros fueron descartados debido -según el Congreso- a su categoría de patrimonio cultural y a los costos adicionales que implicaría su adecuación.
El edificio del BCP cuenta con un área construida de 25,895 metros cuadrados. Según la documentación del Parlamento, ese espacio permitirá albergar al personal y las instalaciones necesarias para el funcionamiento del sistema bicameral.
El edificio está conformado por dos inmuebles, el primero ubicado en jirón Lampa 445 y el segundo ubicado en jirón Lampa 415 con jirón Huallaga 320-324.
La Mesa Directiva dispuso que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso supervise el proceso de adquisición.
Recientemente, la Contraloría General de la República pretendió remover al jefe de esa oficina, el contador público Fernando Rosales Cirilo, pero poco después dio marcha atrás.
El Congreso ha autorizado a la actual directora general de Administración, Rosa Izaguirre Silva, que suscriba la minuta, escritura pública y demás documentos necesarios para formalizar la adquisición.
Se abstuvo
La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), votó en abstención cuando la mesa decidió autorizar la compra de los inmuebles al BCP.
Este Diario le consultó por los motivos de su voto, pero no respondió hasta la publicación de esta nota.
En el 2019, el entonces presidente del directorio del BCP, Dionisio Romero Paoletti, reconoció ante el Ministerio Público aportes de campaña a favor de Fuerza Popular por US$ 3,6 millones.
El empresario contó que se reunió en seis o siete ocasiones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exministro Jaime Yoshiyama para entregarles el dinero en efectivo, en maletines, para la campaña del 2011.
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Romero estaba citado como testigo en el juicio por el Caso Cocteles. Por ese caso, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pide 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y 5 meses de inhabilitación.
No obstante, en enero pasado, el tribunal a cargo del juicio decidió anular lo avanzado y dispuso que el proceso retroceda a la etapa de control de acusación, una medida que el fiscal Pérez ha apelado.
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