Congreso aprueba la inmunidad parlamentaria: ¿Reforma necesaria o regreso al pasado para blindarse?

Votaron a favor principalmente Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos y Renovación Popular. La oposición fue de grupos de izquierda, entre ellos Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y Bancada Socialista.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta aún debe ser ratificada en la siguiente legislatura ordinaria. Para concretarse, requerirá al menos 87 votos a favor en una segunda votación.

La propuesta aprobada establece que los futuros parlamentarios —tanto senadores como diputados— contarán con inmunidad desde su elección hasta un mes después de dejar el cargo. En ese periodo, no podrán ser procesados penalmente ni detenidos sin la autorización previa de su cámara correspondiente o de la Comisión Permanente, que deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días.

En caso de delito flagrante, el congresista involucrado deberá ser puesto de inmediato a disposición de su cámara o de la Comisión Permanente, la cual tendrá 24 horas para autorizar o denegar su detención y procesamiento.

Si el Congreso no se pronuncia dentro de los plazos establecidos, el caso será derivado a la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si hay mérito para la formación de causa. De ser así, se procederá al desafuero del legislador y su entrega al juez competente.

La inmunidad no se aplicará a delitos cometidos antes de que el legislador haya sido elegido.

Posturas a favor

La propuesta fue sustentada ante el pleno por el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien recibió el respaldo total de su bancada.

Según argumentó Rospigliosi, restablecer la inmunidad parlamentaria “responde a la necesidad de resguardar la independencia del Poder Legislativo y la libertad de sus miembros frente a las presiones o injerencias de otros poderes del Estado”.

Agregó que su propósito es evitar represalias políticas: “Que los representantes elegidos por el pueblo puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias, especialmente cuando estas tienen un transfondo político y buscan perturbar el normal funcionamiento del Congreso”, dijo.

El legislador fujimorista sostuvo que la reforma “no busca proteger a los parlamentarios, sino fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar que el Congreso pueda ejercer su función fiscalizadora sin temor a la manipulación política de la justicia”.

El congresista Wilson Soto (Acción Popular), uno de los impulsores de la propuesta, señaló que esta “no debe entenderse como impunidad”. En esa línea, hizo un llamado a los partidos políticos a promover candidaturas de “personas intachables” en las elecciones generales de 2026.

“Esta iniciativa es muy importante para fortalecer el Parlamento. En el 2021, maliciosamente los exparlamentarios se prestaron para el juego [de eliminar la inmunidad parlamentaria], cuando el señor Martín Vizcarra no quería que se le fiscalizara. Pero en todas las constituciones ha existido la inmunidad parlamentaria”, dijo

Cuestionamientos

Desde la vereda contraria, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) alertó que esta prerrogativa fue empleada en el pasado como sinónimo de impunidad.

“Esta figura ha sido utilizada como un escudo para que los políticos no respondan sobre sus delitos, y no como una herramienta para fortalecer la democracia. ¿Acaso no aprendemos de la historia? ¿Olvidamos que congresistas acusados se ampararon en esta figura para no responder? Restituir lo único que generará es una amplia desconfianza ciudadana. Esta figura es expresión de impunidad”, afirmó.

Luque cuestionó además: “¿Qué sentido tiene legislar con privilegios?”

En tanto, el legislador Jaime Quito (Bancada Socialista) acusó a la mayoría congresal de legislar “para intereses propios”.

“Se nos viene a decir que los congresistas están desprotegidos. Yo me pregunto: ¿Por dónde? Es la ciudadanía la que está desprotegida. Y no solo por la delincuencia, sino muchas veces por leyes que salen del Congreso en contra de los intereses del pueblo”, reclamó.

Quito también recordó que los parlamentarios ya gozan de antejuicio político, un mecanismo que permite evaluar su conducta por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su gestión.

El debate se tornó tenso cuando el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, extendió el tiempo de intervención asignado a la legisladora Gladys Echaíz (Honor y Democracia), quien defendió con énfasis la restauración de la inmunidad.

Opiniones

Para el analista político Gonzalo Banda, la decisión no responde a una reflexión institucional, sino a una lógica de autoprotección.

“Creo que es una decisión de supervivencia política, tomada sin evaluar los costos políticos, irreflexiva e intempestiva”, dijo.

Banda añadió: “Creo que al Parlamento no le interesa en lo más mínimo mitigar los costos políticos. Esta decisión solo está preparando un escenario político y judicial cercano. Es una apuesta por el control de lo que sucederá, sin ningún tipo de diálogo con la ciudadanía”.

Por su parte, el especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que la inmunidad parlamentaria “es una figura anacrónica”.

“Es una medida que va en sentido contrario a la tendencia global de lucha contra la impunidad en los delitos de corrupción y otros. En la historia constitucional peruana ha demostrado ser un escudo de impunidad. Espero que no prospere la segunda votación para esta reforma constitucional”, dijo.

Uno de los casos más emblemáticos y mediáticos sobre el uso de la inmunidad parlamentaria como escudo de impunidad fue el del excongresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso).

En agosto de 2018, Donayre fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por el robo sistemático de combustible al Ejército, un delito cometido antes de asumir funciones legislativas. Sin embargo, no pudo ser arrestado de inmediato debido a la protección que le otorgaba la inmunidad parlamentaria.

El procedimiento para levantarle el fuero estuvo plagado de dilaciones, maniobras políticas y blindajes dentro del Congreso, que demoraron por meses la ejecución de la sentencia. Durante ese tiempo, Donayre permaneció libre y logró mantenerse en la clandestinidad.

No fue sino hasta 2019 que finalmente fue capturado.